Patronal y sindicatos crearán una comisión técnica para analizar el nuevo decreto de bonificaciones

La Patronal, los sindicatos y la Ciudad mantuvieron este miércoles un encuentro en la Mesa de Diálogo Social sobre el nuevo decreto sobre las bonificaciones a la seguridad social que entró en vigor el pasado 1 de septiembre y que está causando controversia acerca de las nuevas normativas y cómo pueden perjudicar tanto a trabajadores como empresarios. Según todas las partes, la valoración del encuentro fue “positiva” y crearán una comisión técnica para analizar diferentes aspectos.

En la reunión estuvieron presentes Arantxa Campos, presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Karim Bulaix, presidente de la Cámara de Comercio, así como Emilio Postigo, secretario general de UGT y Juan Carlos Pérez, que ocupa el mismo cargo en Comisiones Obreras (CCOO). Precisamente Pérez fue uno de los primeros en hablar al terminar el encuentro y se refirió a algo que tienen en común todas las partes: el objetivo de derogar el actual decreto para volver al régimen de bonificaciones del 50% previo a este 1 de septiembre.

“Vamos a crear la comisión técnica donde van a estar todos los representantes y vamos a intentar llegar a un acuerdo entre confederación, la cámara y los sindicatos para hacer un pacto para ver cómo podemos derogar el nuevo real decreto”, explicaba Pérez. El secretario general insistía en que faltan datos sobre número de empleados y contratos, así como saber si realmente estas nuevas bonificaciones son solo para los empleados contratados a partir del 1 de septiembre o tienen carácter retroactivo. En este punto dudaban sindicatos, aunque desde la patronal se daba por hecho que solo afectaría a los contratos recientes.

“Vamos a intentar llegar a un acuerdo que sustituya el Plus de Vinculación. Lo que está claro es que hasta que no se forme un nuevo Gobierno no va a haber ninguna derogación de este nuevo sistema, porque en funciones no se tienen esas competencias. Y todavía no sabemos ni cuándo va a haber formación de Gobierno, si será en noviembre o habrá otras elecciones”, lamentaba Pérez.

Por su parte, Postigo incidía en que la nueva normativa perjudica tanto a empresarios como a los propios trabajadores. El secretario general aseguraba que se iba a crear un documento concreto elaborado por todas las partes para entregar al nuevo Gobierno y hacía hincapié en que la meta de todos ahora es la misma. “El objetivo final es derogar este decreto porque lo único que trae son conflictos laborales y con el tema empresarial, porque es que no se le ve ninguna justificación que beneficie ni a los empresarios ni a los trabajadores”, recalcaba. En cuanto a los nuevos trabajadores y los contratados antes de la entrada en vigor de la norma, Postigo enfatizaba en que hay que llegar a un acuerdo para que los que se incorporen ahora no sufran discriminación con los demás por “hacer lo mismo”. “Vamos a pelear y luchar todos unidos para intentar modificar este decreto. Aquí se juegan mucho los trabajadores y trabajadoras de Ceuta”.

CECE y Comercio coinciden

Bulaix y Campos han comparecido juntos tras la reunión. La presidenta de la CECE destacó que se va a plantear un comisión entre todas las partes implicadas para valorar qué perjuicios hay y, a raíz de analizarlo bien, se marcará una hoja de ruta para poder derogar la nueva normativa. “No es lo deseable. Nosotros a priori entendemos que lo ideal es quedarnos con la bonificación del 50%”, recalcaba mientras Bulaix asentía.

Bulaix hizo varias veces hincapié en la importancia de la paz social en un momento que está generando incertidumbre tanto en empresarios como en trabajadores. “Estamos partiendo de un problema que se ha creado sin números que lo justifiquen ya que se apunta a un ahorro de 150.000 euros al año para la administración. Eso no justifica el sustituir la paz social en este momento tan complejo”, comentaba.

El presidente de la Cámara también puntualizó que “todos se juegan mucho” y apeló a trabajar de forma conjunta para superar el “bache” en un momento de “transición” lo antes posible. También quiso pronunciarse sobre las dudas que se habían generado entre los sindicatos sobre si este nuevo decreto tendrá carácter retroactivo. “Nosotros pensamos y creemos que es la interpretación válida es que todos los contratos a raíz del 1 de septiembre estarán sujetos a esta bonificación. Así es como lo hemos interpretado y así se lo hemos trasladado a los empresarios. Creo que debe de haber una seguridad jurídica mínima”, añadía.

Por último Campos insistió en la necesidad de volver al sistema anterior, ya que, como comentaba a este medio este martes, con el nuevo decreto se dan una serie de exclusiones que no hacen viable que la bonificación de los 262 euros la puedan aplicar todos los empresarios. “Eso supone un problema”, zanjaba.