Las sanciones por no retirar los excrementos de animales de la vía pública, gran cuenta pendiente

Pasear por muchas calles, parques y espacios abiertos de Ceuta se ha convertido en algo dificultoso y que ha provocado además las quejas de muchos ciudadanos de la ciudad. ¿El motivo? La irresponsabilidad de aquellas personas que no retiran los excrementos de sus perros ni tampoco limpian la zona afectada cuando orinan. Una situación que afecta a toda Ceuta en general y a la periferia en particular y motivo por el que desde la Consejería de Medio Ambiente se aprobaba una nueva ordenanza de limpieza que cuenta con sanciones importantes que van desde los 100 hasta los 3.000 euros, siendo las sanciones por infracciones leves de 100 a 750 euros; graves de 750 a 1.500 euros y las muy graves de 1.500 euros a 3.000 euros.

Así, no recoger excrementos o dar de comer a los animales en la vía pública, algo también muy común en Ceuta es considerado como ‘falta grave’. Sin embargo, Ceuta es una de las ciudades de España donde menos se sanciona por este tipo de situaciones tal y como lo reflejan las estadísticas. En este sentido, en lo que llevamos de año únicamente se han registrado 12 sanciones por este tipo de infracción, mientras que en los últimos años las sanciones tampoco han sido muy destacables como se puede contemplar en los datos que ofrece la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos. Y es que en 2018 se realizaron 34 sanciones por no retirar excrementos de la vía pública; en 2018, tan solo 7, en 2020 un total de 20 y en 2021 únicamente 9. Lo que deja constancia de que existe un déficit importante en la vigilancia por este tipo de infracciones, pues la realidad es que la mayoría de las calles de la ciudad, parques, zonas de ocio y barriadas en general, están llenas de excrementos de animales, mientras que vemos como numerosas personas dan de comer a numerosos gatos en cualquier punto de la ciudad.

Obligaciones de los propietarios o portadores de animales en vía pública

Y es que la ordenanza de limpieza es muy clara a la hora de señalar las obligaciones de los propietarios o portadores de animales por la vía pública. Así, “como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros u otra clase de animales por la vía pública están obligadas a impedir que aquellos hagan sus deposiciones (orines y excrementos) en la vía pública”.

Por otra parte, “los propietarios o portadores de los animales deberán, de forma inmediata retirar y recoger los excrementos que éstos depositen sobre la vía pública, debiendo, igualmente, proceder a la limpieza de la zona que hubiesen ensuciado”. Además, “los propietarios o portadores de los animales que orinen sobre la vía pública deberán, de forma inmediata proceder a la limpieza de la zona que hubiese sido ensuciada”.

Precisamente en la última sesión plenaria, el MDyC llevó recordó al Gobierno de la Ciudad el “grave problema” que está suponiendo esta situación que tiene como principal responsable a los propietarios de animales y señalaba que “las calles de Ceuta se han convertido en un campo de minas; se tiene que tomar en serio esta cuestión o tendremos un problema de salud grave, dando como resultado que muchas calles sean intransitables”.

Ante esto, el consejero de Fomento y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, expuso que “hay tres vías de actuación que, a día de hoy, se deberían hacer o tenerse en funcionamiento. Por un lado, tenemos las vías de sensibilización y concienciación, mientras que otra medida es sancionar de manera económica. Por último, el consejero propuso “buscar otro mecanismo diferente a los anteriores, como hacer pruebas de ADN donde se haga un análisis del residuo sólido e identificar quién es el propietario, aplicándole una sanción”.

En 79 municipios españoles (23 más que hace un año) ya se exige a todo aquel que tenga perro que acuda al veterinario para tomarle una muestra de sangre o saliva y registrar así su ADN. Este censo permitirá en el futuro localizar a los dueños de los perros que se pierdan, sean robados o abandonados. Además, el sistema sirve para multar a quienes no recogen la caca de sus mascotas, tal y como ya hacen 48 de estas ciudades (12 más que en enero de 2022).