Ana Casado defiende la Condición Social de la Vivienda

Uno de los bienes esenciales para la vida de cualquier ciudadano es la disponibilidad de una vivienda digna. Su función social es una de las prioridades del Estado de bienestar.

Para la elaboración de este artículo he contado con la amable y eficaz colaboración de Ana Casado, secretaria de Vivienda del PSOE en Castilla y León, que me ha facilitado información del tema a nivel nacional y de Castilla y León. Es una persistente, competente y diligente responsable política ocupada en la mejora de este tema. También he recibido colaboración de instituciones y representantes políticos de Castilla La Mancha y de Ceuta, que después mencionaré.

Las competencias básicas del Estado y de las Comunidades Autónomas están reguladas en el Artículo 149 de la Constitución. Las Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva en vivienda, urbanismo y ordenación del territorio. En 1984 se produce un conflicto de competencias positivas respecto a los planes de vivienda y, por sentencia del Tribunal Constitucional 152/1988, se estableció que el Estado era competente en la redacción de los planes de financiación de viviendas y, por su lado, las Comunidades en la regulación del régimen jurídico de la vivienda. Los Ayuntamientos no tienen competencia en materia de vivienda, pero sus políticas activas generadoras de suelo y la repercusión en la creación de parques públicos de viviendas, son fundamentales.

Hay una serie de razones que pueden influir en el alquiler, la compra y la especulación de la vivienda, hechos que influyeron en la burbuja que desencadenó la crisis de 2008, sin olvidar sus raíces de crisis financiera internacional surgida en Estados Unidos. Después de esa crisis, el legislador apostó por la vivienda en régimen de alquiler, con ayudas y creación de parques públicos de vivienda. Esto lo puso en funcionamiento con eficacia el Ayuntamiento de Valladolid cuando Óscar Puente accedió a la Alcaldía. Se generó un parque de viviendas asequible, con el Ayuntamiento como propietario y alquileres a precios aceptables. Contribuyó a la eliminación de la especulación y criterios para el alquiler vinculados a los ingresos del arrendatario.

Como modelo internacional también tenemos el Ayuntamiento de Viena, uno de los que tiene el mayor peso en el mercado del alquiler, siendo probable que el mercado regulado en la capital austriaca controle el 45 % de las viviendas. Por el contrario, en la compra, en cualquier ciudad, la detentan los particulares y las empresas, con el peligro de que impongan al final su ley y aflore el factor especulativo.

Controlando el valor del suelo se puede evitar una mayor especulación, pero sin descuidar todos los agentes implicados en el producto final inmobiliario. Recogido en el Art. 16 letra d) de la Ley/2023 de 24 de mayo de derecho a la vivienda, las que son promovidas sobre suelos destinados para viviendas con algún régimen de protección, éste será público. En el caso de modificación razonada de las Comunidades Autónomas tendrá que respetarse un plazo mínimo de 30 años.

Tampoco hay que olvidar la influencia de los Fondos Inversores en la especulación, debido al neocapitalismo que hay detrás. En zonas urbanas y tensionadas de los centros de las ciudades, se necesita una intervención inteligente constante a causa de la limitada oferta y la gran demanda. Los fondos inversores lo saben y compran viviendas para el mercado de alquiler, por ser una inversión segura y rentable. En la memoria de 2023 del INE aparece que la compra al contado de viviendas superó a las que se compran con hipoteca (60%-40 %).

El Gobierno del Estado no deja de moverse para favorecer que el tema de la vivienda no abandone su condición social. Como bien explica Ana Casado, muy sensibilizada por la función social de esta demanda universal, tanto a nivel nacional como en su Comunidad, Castilla y León, demuestra las acciones y la situación real de cómo se afronta a nivel del Estado el acceso a una vivienda digna: disminución de los impuestos sobre vivienda con el IVA al 10 % en todo tipo de vivienda y al 4 % en la VPO de promoción pública y en el Régimen Especial (hacer estas vivienda depende de las Comunidades Autónomas). Las VPO tienen gastos subsidiados en transmisiones y actos jurídicos documentados y en bonificación por el IBI durante los tres primeros años.

Se aprobó por Real Decreto 42/2022, de 18 de diciembre, un Bono de ayuda a los jóvenes para la mejora de su emancipación; se planteó, no como ayuda a vivienda, que es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, sino como una ayuda del Gobierno del Estado para pagar parte del alquiler. También el presidente del Gobierno en su discurso para ser elegido, manifestó que se van a construir más de 180.000 viviendas, lo que influirá en los precios del mercado.

Hay que destacar muy recientemente la inversión de 2.500 millones de euros para la vivienda, según explicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al terminar el Consejo de Ministros el pasado 13 de marzo. Esta inversión está destinada a personas físicas mayores de edad y residentes en España, especialmente jóvenes y padres de familia con necesidades económicas y con hijos que se encuentren en unas determinadas edades. Esas ofertas económicas permitirán obtener ayudas para el 20% del aval de la hipoteca. El Gobierno velará un límite de tasación de viviendas a niveles territoriales y va a analizar la evolución del mercado para posibles cambios. El aval del ICO es para todos los ciudadanos y pueblos de España. Pretende amortiguar el alquiler en zonas tensionadas y que a nadie le suponga más del 30% de sus rentas. Isabel Rodríguez expresó que existen garantías de la seguridad en la tramitación para ponerlo en marcha. También aseveró que las entidades financieras serán aliadas con estas hipotecas.

La reciente Ley de Vivienda favorecerá la ampliación del parque de viviendas y el ofrecimiento de las viviendas del Sareb a las Comunidades Autónomas, para que haya mejoras en el alquiler. En sus efectos será fundamental la lealtad institucional y sobre todo la de aquellas Comunidades Autónomas que hacen una política neoliberal que dejan todo a que lo regule el mercado.

Respecto a la falta de la condición social en la vivienda en Castilla y León, como subraya Ana Casado, lamentablemente la lealtad institucional en esta Comunidad es bastante deficiente, resulta muy escasa la promoción pública de vivienda y ha eliminado la de Régimen Especial. Se valora muy poco el acceso a la vivienda de los ciudadanos y, por el contrario, mucho más la estrategia política contra el Gobierno del Estado. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León no ha complementado el Bono del Alquiler Joven con fondos propios, cuando el Gobierno del Estado ha destinado a la Comunidad una financiación de 8 de cada 10 euros en materia de ayuda a la vivienda.

La Ley 9/2010 del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León lleva más de 13 años sin cumplirse, especialmente su artículo 9 “Plan como elemento integrador fundamental de la totalidad de las medidas que desde la Administración Autonómica se pretende realizar en materia de vivienda”… El hecho de que las viviendas de VPO en Castilla y León duren sólo 15 años, denota el carácter neoliberal de estas viviendas en esta Comunidad. Esta acción política en el territorio repercute en el desvanecimiento del grado de influencia de la protección pública.

La Junta de Castilla y León oculta la información respecto a la procedencia de los fondos para la financiación de las ayudas: como se ha comentado, 8 de cada 10 euros para financiación de vivienda son del Gobierno del Estado. Del mismo modo las ayudas directas del Bono del Alquiler Joven, como proceden del Estado, la gestión se hace de forma pasiva y sin publicitarlo como debiera. Las ayudas del alquiler las financia también el Gobierno Estatal a través de los planes de vivienda. Se lanzan mensajes de “mis ayudas de alquiler (que no son suyas, sino cofinanciadas) funcionan, las del Estado, no”. En la convocatoria de 2022 se dejaron fuera 15.000 solicitudes.

Cuando las administraciones locales promueven viviendas acogiéndose a ayudas reguladas por planes estatales, el gobierno de Castilla y León no califica esas viviendas conforme a esos planes, sino que propicia confusión. Se califican viviendas a 15 años de protección por el plan que obliga a alquilar por 25.

A continuación vamos a pasar a una Comunidad Autónoma en la que se aplica la condición social de la vivienda, Castilla-La Mancha. Para exponer aspectos importantes sobre el tema, agradezco la información recibida por la colaboración de Blanca Fernández, delegada de la Junta de Castilla-La Mancha en Ciudad Real y de Silvia Bellón, responsable de prensa de la consejería de Fomento de esta Comunidad.

Emiliano García Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, avala la construcción de 10.000 viviendas en régimen de cooperativa 2024-2028 con un enfoque social, tras la firma entre la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y la Confederación de Cooperativas de viviendas. A ellas se añadirán las que se construirán en Illescas y Toledo, fruto del convenio entre Nacho Hernando, consejero de Fomento, e Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana.

Destinado a los lugares de la región donde mayor es la demanda y más difícil el acceso a una vivienda, resalta el “concepto de sostenibilidad que tiene la defensa del concepto de justicia y de igualdad, planteando un esfuerzo de solidaridad intergeneracional”. Es antiespeculadora porque va a contar con los beneficios en las ayudas públicas y el suelo. Sirve para estimular económicamente, para regular la normativa que amplifique el mercado y conllevará la creación de miles de puestos de trabajo en el sector de la construcción. También va a paliar el problema de guetos sociales en barrios de las ciudades y municipios. Como manifestó Hernando, va a beneficiar a los jóvenes para que todos tengan acceso a una vivienda digna en Castilla La Mancha y en nuestro país.

La estrategia de Fomento para la Promoción de Vivienda en régimen de cooperativa se estructura en cuatro grandes ejes. El primero es la difusión. Comprende la elaboración de una guía, la búsqueda de entidades interesadas, divulgación y sensibilización y puesta a disposición de entidades y personas interesadas de un equipo técnico multidisciplinar. El segundo busca el apoyo técnico para la creación y gestión. El tercero contempla la cesión de terrenos, rehabilitación de viviendas, apoyo para movilización de suelo privado, condiciones ventajosas en la promoción y facilitar el acceso a la financiación. Por último, el Fomento del cooperativismo en el Entorno rural y que éste complemente al sector privado.

Finalmente subrayar las consideraciones del presidente de Castilla La Mancha, García Page en esta actuación, el haber contactado con los empresarios de la construcción registrados en FERECO. Los datos de Funcas (Cajas de Ahorro) indican que esta Comunidad ha tenido una menor caída del PIB en 2020 y con más recuperación post-pandemia. Además, esta región va por delante en la gestión de los fondos de rehabilitación con Fondos Europeos, Plan que está dotado con 106 millones de inversión pública. Se busca influir en el sector, estimular y ayudar en una región que ha ganado 400.000 habitantes en 40 años de autonomía.

Para terminar, se expone la situación en Ceuta. Agradezco la información recibida de Juan Gutiérrez, Secretario General del PSOE de Ceuta.

La vivienda es uno de los principales problemas que tiene esta Ciudad Autónoma. Existe un grave inconveniente con una empresa municipal sobre vivienda, EMVICESA, que no funciona y no contribuye a paliar esta situación. La demanda asciende a más de 7.000 ciudadanos que solicitan vivienda, mientras la ciudad tiene una gran cantidad de viviendas de propiedad cerradas y su gobierno no convoca a la Comisión Local de la Vivienda para efectuar cesiones a las personas con tan prioritaria necesidad. A través del trabajo que viene realizando el Partido Socialista de Ceuta con el Gobierno del Estado y, en una última reunión en Galicia con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ésta le comentó que había buenas noticias para la ciudad y que pronto se comprobaría. Se van a liberar 11.000 metros de Defensa que están en desuso para la construcción de nuevas viviendas. “El Gobierno de Ceuta hace más de 15 años que no pone un ladrillo en nuestra ciudad para la construcción de nuevas viviendas”, dijo el Secretario General del PSOE de Ceuta. Paulatinamente se va agrandando el problema. Manifestaba igualmente Juan Gutiérrez que en su programa electoral se comprometieron a construir 500 viviendas, algo que no pueden hacer desde la oposición. Consternado explicaba el escaso interés del Gobierno de la ciudad por abordar este problema, ante el gran número de demandantes en Ceuta. Mencionaba un gran número de viviendas cerradas como en Serrano Orive, Millán Astrai, Padre Feijóo… y, sin embargo, no convocan a la Comisión Local de la Vivienda. Pero desde el Ministerio, como se ha podido saber, hay firmes promesas de solución a este problema.

Como se ha subrayado en un principio, es esencial que se potencie la condición social de la vivienda, para lo que se considera imprescindible la solidaridad, la coordinación, el respeto y el buen entendimiento entre las políticas del Gobierno de España y las diversas Comunidades Autónomas.