El servicio de vigilancia en la frontera del Tarajal vuelve a ser licitado por más de tres millones de euros

La controversia alrededor de la seguridad en la Frontera del Tarajal vuelve toma desde hoy un nuevo camino. La Presidencia del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta ha licitado de nuevo el servicio de vigilancia, control de acceso de personas, vehículos habilitados, mercancías y asistencia al personal de la ciudad autónoma en el espacio fronterizo. Con un valor estimado del contrato de 3,616,514 euros, las empresas aspirantes podrán presentar sus ofertas hasta el 14 de abril.

El conflicto con la seguridad privada en la zona lleva meses en el candelero político y mediático. Los trabajadores de EULEN S.A., la última empresa adjudicataria, confesaron a este diario sus inquietudes con respecto a la actual situación. Tras dos licitaciones propuestas a concurso por Ceuta, nadie ha querido hacerse cargo de tal responsabilidad en una frontera importante y de continuo movimiento.

El portavoz del Gobierno en Ceuta, Alejandro Ramírez, adelantó a El Pueblo en el mes de septiembre de 2023, que se encontraban trabajando en la siguiente licitación para ofertar un contrato “más atractivo” para atraer a empresas que pujen por gestionar la seguridad en la frontera.

El pasado 12 de agosto de 2022 fue notificada a la entonces adjudicataria, EULEN S.A, que, pese a la caducidad de su contrato, continuaría gestionando el servicio hasta la adjudicación del nuevo contrato, “sin que en ningún caso pueda sobrepasar el próximo 31 de diciembre”. Llegado el 28 de diciembre y conscientes de que acababa de iniciarse un nuevo procedimiento de adjudicación, permitieron que EULEN prosiguiera con la misma.

Contexto del “caos”

El problema alrededor de la gestión de la seguridad en la Frontera del Tarajal surgió con las últimas licitaciones presentadas a concurso. Dichos contratos no tenían en cuenta una serie de factores imprescindibles, por lo que nadie se ha querido postular para tener la responsabilidad en dicho proyecto. Tras un acuerdo entre la Ciudad y el Gobierno de la nación, que es realmente el que tiene las competencias en la frontera, se estableció que serían tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la empresa Eulen los encargados de velar por el buen funcionamiento de una zona de gran afluencia de personas.

A la primera licitación ofrecida por la Ciudad sí que se presentó la empresa Eulen. Hubo dos problemas. Por un lado no les fue adjudicada porque en mayo sancionaron a la compañía por diferentes aspectos a nivel nacional. En ese momento Eulen se presentó debido a que daban por hecho que no les iban a afectar los recientes cambios que entraron en vigor este viernes uno de septiembre sobre las bonificaciones a la seguridad social, que perjudican a muchas empresas.

El Gobierno de España se comprometió a parar tal medida, pero no lo cumplió. Este fue el factor que propició que en la segunda licitación ofrecida por Ceuta, a la que Eulen ya podía optar debido a que habían presentado una cautelar sobre la sanción, la empresa no quisiera optar. Ni dicha compañía ni ninguna otra, ya que en el contrato, que propone un presupuesto de 951.000 euros, como cada año, no se tienen en cuenta nuevos factores que hacen que sea inviable para cualquier entidad.

“Ninguna empresa se va a presentar a nada si no va a tener beneficios”, aclaró a este diario el presidente del comité de la empresa de EULEN, Javier Ríos. Además de no tener en cuenta el gasto que recae sobre los nuevos trabajadores y por las bonificaciones de la seguridad social, tampoco han pensado en las subidas salariales, firmadas por convenio hasta 2026, según cuentan los empleados. Actualmente en la frontera del Tarajal Eulen tiene 50 trabajadores, de los que solo 13 son fijos y 37 son fijos-discontinuos, por lo que deben estar sin trabajar, al menos, tres meses. En caso de que pierdan sus puestos son medio centenar de familias las que sufrirán las consecuencias, recalcan los enlaces sindicales.