Ni español ni marroquí: el limbo de centenares de ceutíes

Karim llega al café Alhambra, en el centro de la ciudad autónoma, con gesto serio. Se pide un té con hierbabuena y azúcar que no toca durante la media hora de conversación. El diálogo se centra en varias cuestiones que el joven lleva sin entender desde que tiene uso de razón. ¿Por qué sus padres no tienen derecho a pasaporte ni a DNI español habiendo nacido en Ceuta? ¿Por qué entonces sus hermanos y él sí pudieron obtener ambos documentos al nacer? El problema se remonta a los años 80 y se asocia a los musulmanes regulares que lucharon con Franco y a la época del protectorado. Las trabas burocráticas desde entonces y el miedo de la mayoría de los perjudicados a hablar -Karim, de hecho, es un nombre ficticio- hace que la mayoría de los afectados, ya de edad avanzada, hayan perdido la esperanza ‘de ser españoles’.

A pesar de que todos han querido preservar el anonimato y muchos no han accedido a hacer pública su historia, este diario ha podido confirmar con algunos de esos ceutíes ‘apátridas’ una situación que viene de lejos. Han sido conversaciones cerca del polifuncional de El Príncipe, en Hadú o en alguna terraza céntrica en las que siempre salía un nombre y una norma para argumentar la carencia de documentos a pesar de haber nacido en territorio español: Felipe González y la Ley de Extranjería impulsada en 1985.

Precisamente en su casa de Hadú, con un salón de estilo árabe y un té hirviendo esperaba Uzman Bersabé, portavoz de la asociación solidaria Al Ambar. Lleva años lidiando con la problemática. “Lo de los apátridas es un aspecto residual del colonialismo. Ahora mismo no tenemos cifras claras, pero rondarán los 200 entre ambas ciudades autónomas. Y ojo, todo esto en la Unión Europea”, sostiene con tono de reproche.

Fachada de la oficina de extranjería en Ceuta

Bersabé se remonta a la época franquista y al aprovechamiento por parte del dictador de la necesidad de los musulmanes que vivían en las zonas entre Marruecos, Ceuta y Melilla para alistarlos en sus filas como parte del ‘Ejército de África’ y que lo apoyaran tanto en la península durante la Guerra Civil como ejerciendo de guarnición del protectorado marroquí hasta la independencia del país norteafricano en 1956.

Cuando finaliza la Guerra Civil, ‘como recompensa’, asegura Bersabé, se le otorgan a estos soldados diferentes tierras en la periferia de las zonas de Ceuta y de Melilla, pero no una nacionalidad, ni un carnet de identidad. Viven como apátridas, pero se les facilita lo que algunos llaman tarjeta ‘estadística’ y otros ‘policial’. “Era como un control para la policía. Para pasar entre fronteras no había problema, pero para ir a la península necesitaban un salvoconducto que se expedía en comisaría”, argumenta Bersabé.

En el café Al Alhambra, Karim enseña el documento de sus padres mayores desde el móvil, lo que el joven sí llama ‘tarjeta estadística’ y corrobora que ese ‘salvoconducto’ lo siguen necesitando a día de hoy. “No te imaginas los problemas que da. No te permiten muchas veces ni viajar por el Puerto de Ceuta. ¡Imagínate para ir a otro país! ¿Cómo se lo explicas al agente en un aeropuerto? Tenemos familia en Holanda y Francia, pero mis padres no pueden salir de aquí. Lo hemos intentado muchas veces, pero ellos ya desistieron. No se mueven de casa. Es como si no existieran”, lamenta.

La entrada en la UE, clave

El problema de estos ciudadanos en territorio español, pero sin nacionalidad, se lo encontró de frente el Gobierno de España con Felipe González como presidente en 1985, cuando se inició el proceso para formar parte de la Unión Europea (UE) (1 de enero de 1986). “Cuando se empieza a legislar el tema territorial ven que la situación de estos apátridas en Ceuta y en Melilla es inconstitucional. Entonces deciden resolverlo después de que hubiera además grandes manifestaciones en ambas ciudades autónomas”, recalca Bersabé.

Dentro del marco de la Ley de Extranjería, se procedió a facilitar la ‘residencia permanente’ a estos ciudadanos y a sus descendientes, pero hubo problemas. “Había muchos que, a lo mejor, estaban en esa época presos por delitos menores o por traficar con hachís y nadie les facilitó la información. Otras personas quizás ni se enteraron del trámite que había que hacer y la relevancia que tenía. Porque claro, dieron un plazo…El caso es que la gran mayoría sí pudo acceder a sus documentos, pero hubo una minoría que se quedó en esta situación y así siguen desde entonces”, expone el portavoz de la asociación Al Ambar.

Cinco años sin respuestas

Karim antes de terminar la conversación desde la cafetería Alhambra, admite que la cuestión ‘apátrida’ que afecta, además de a sus padres, a centenares de personas entre ambas ciudad autónomas, es un tema “complicado” de resolver, aunque insiste en que “todo se podría hacer si hubiera voluntad política”.

“Sabemos que es difícil, pero a los políticos tampoco les interesa porque son personas mayores. Parece que lo que están esperando es a que llegue su hora y eso es muy triste”, se duele. Muchas de estas personas que llevan décadas reivindicando su documentación, finalmente la consiguieron. Karim pone sobre la mesa dos requisitos “indispensables” para que salga adelante el proceso: no tener antecedentes penales y pasar un examen de español. El primero le parece asequible, el segundo no lo comparte

“Es gente muy mayor que solo quieren, después de tanto tiempo, que se les reconozca como españoles. Son varias pruebas, tanto orales, escritas y hay que sacarse hasta un diploma. Mis padres hablan bien español, pero mi madre, por ejemplo, está prácticamente sorda. Además qué van a hacer ¿aprender a escribir ahora? Son cosas que no tienen sentido”, argumenta. Cinco “largos” años de procesos judiciales que, hasta el momento, “no han tenido respuesta”. “Lo hemos expuesto en varias ocasiones en Madrid, pero nada. La última sentencia fue hace apenas dos años y salió desfavorable”.

El padre, comerciante en un mercado de Ceuta toda la vida. La madre, ama de casa. Su abuelo tenía una tienda en la barriada El Príncipe cuando todavía vivía. Siempre en la ciudad autónoma, siempre sin documentación. Cada año, Karim los sigue acompañando a Extranjería para que renueven un documento que es lo único a lo que se aferran para sentirse miembros de una nación. “La mayoría de las personas tienen 80 años, a lo mejor les queda poco, pero siguen queriendo disfrutar de la vida. Solo quieren su pasaporte español”, zanja el joven.

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