El Colegio de Abogados se manifiesta "por una remuneración digna, justa y puntual"

Con motivo del Día de la Justicia Gratuita, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Ceuta llevó a cabo este viernes, 12 de julio, una serie de actos en conmemoración a esta efeméride.

Por ello y, en primer lugar, los miembros del Ilustre Colegio se concentraron en la Plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno, concretamente a las 11:00 horas. Entre todos sostuvieron una pancarta en la cual se podía leer lo siguiente: “Por una remuneración digna, justa y puntual a los abogados/as del turno de oficio”. Ese era el motivo principal que llevó a la concentración de los letrados, “luchar por un sueldo justo”.

La decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas, fue la encargada de ofrecer declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban allí presentes. “El día de hoy es una jornada reivindicativa y cada año intentamos que tenga lema diferente”, confesó. Todo apunta a que el eslogan elegido para este año se efectuó tras conocer los resultados del Informe de la Comisión Europea, el cual sitúa a España en el tercer lugar por la cola de Europa en relación a la percepción de oficio.

“Nuestra media por asunto viene a ser de 174 euros, mientras que en países como Noruega o Suecia es de 2.000 euros”, subrayó la decana, apostillando que lo que no puede ocurrir es que “los que asistimos a los desfavorecidos también estamos desfavorecidos, que no tengamos una remuneración en relación al trabajo y al esfuerzo que supone”.

Antes de concluir, Valderibas quiso destacar que “el Colegio ha adoptado un acuerdo para favorecer y propiciar la pasarela para mutualistas y abogados afectados”, pero, manifestó que “es una cuestión que depende fundamentalmente del Estado”.

Tras la manifestación, tuvo lugar un acto en el propio Colegio, a las 11:00 horas, donde se leyó un manifiesto en defensa de la justicia gratuita y el turno de oficio y, posteriormente, se procedió a la entrega de los diplomas a los colegiados y colegiadas que han cumplido y/o cumplen 20 y 40 años de ejercicio profesional como abogados de turno de oficio.

“La defensa de derechos precisa más recursos y compromiso público”

En relación al manifiesto en defensa de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, en los últimos años, el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita “ha venido sufriendo un progresivo deterioro en la dotación de recursos” y, como consecuencia, “ha avanzado la precarización de las condiciones en que se está prestando”.

El incesante incremento anual del volumen de casos evidencia que la existencia de la Jurídica Gratuita y su correcto funcionamiento es ahora “más necesaria que nunca para evitar que se agrande la brecha de desigualdad social”.

Las demandas de que todo el trabajo realizado sea compensado, de que los pagos se abonen con regularidad y de que sus importes sean actualizados automáticamente, “no debería seguir siendo una reclamación permanente, pues demuestra que los cimientos del sistema siguen sosteniéndose sobre la buena voluntad y la conciencia de los profesionales de la abogacía”.

Asimismo, la inclusión de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en el Plan normativo del Gobierno del Estado para este año “es una buena noticia”, destacan en el manifiesto. “No podemos perder la oportunidad de renovar una ley que acumula ya 28 años de vida y debemos aspirar a un servicio de la máxima calidad y proyección de futuro”.

La nueva ley tiene que ser “el nuevo marco legal de referencia y no una suerte de cajón normativo donde incorporar todas las novedades legislativas que en los últimos años han ampliado la protección de derechos para los más vulnerables sin consolidar las garantías de que esos derechos se ejercerán con las máximas garantías”.

De esta manera, consideran que cualquier texto legislativo que consiga el consenso político “no será suficiente si, anualmente, los diferentes gobiernos no refrendan su compromiso con este servicio mediante la dotación de los recursos económicos necesarios y la mejora de las condiciones tanto para los beneficiarios como para los profesionales y sus Consejos”.

Según trasladan en el documento, las administraciones competentes deben asumir que, como sucede en el resto de los servicios públicos, “los costes de la Asistencia Jurídica Gratuita implican mucho más que el pago de las indemnizaciones”, por lo que “deben considerar la necesidad de establecer dotaciones económicas para aspectos esenciales como el transporte o la formación, o la dotación suficiente de profesionales para todos los servicios de guardia”.

Los “limitados” resultados obtenidos en ámbitos como la violencia de género o la protección de los derechos de los migrantes precisan de abordajes más profundos e integrales para orientar el trabajo de forma que permita mejorar la situación de las víctimas de la violencia de género y de quienes solo buscan un futuro mejor lejos de sus casas.

La última responsabilidad de que los derechos de todos y cada uno de los españoles puedan ser defendidos con plenas garantías en un proceso judicial “es de los poderes públicos”. Los Colegios “deben estructurar el funcionamiento del Turno de Oficio y quienes están adscritos tienen que llevar a cabo su tarea en las precarias condiciones que le ofrece la Administración de Justicia, pero no puede asumir la plena responsabilidad del resultado final”.

Finalmente, en el manifiesto se desgrana que “los años pasan y nadie en la esfera política parece asumir la enorme transcendencia que para la calidad democrática de un país tiene que cualquier ciudadano gozar de las máximas garantías cuando se ve inmerso en un proceso judicial”. “Ignorar el deterioro de nuestra Justicia y especialmente el de uno de sus pilares, el Turno de Oficio, tendrá efectos perjudiciales en el progreso de nuestra sociedad”, concluyen.

Declaración Institucional en Defensa de la Justicia Gratuita

La reciente publicación del informe de la Comisión Europea, conocido como “Cuadro de indicadores de Justicia” para 2024, coloca a España como el tercer país con la indemnización más baja para los abogados de oficio en casos penales, tan solo por detrás de Chipre y Lituania.

Por otro lado, el Comisario Breton, en nombre de la Comisión Europea, ha ofrecido esta misma semana más elementos a este debate en relación, no solo con las cuantías de las indemnizaciones sino también por los “retrasos” en el pago de las mismas.

Respecto a los “injustificados retrasos de casi medio año”, el Comisario ha indicado que “los Estados miembros deben pagar por los servicios contratados en un plazo de 30 días o, en circunstancias excepcionales, en un plazo de 60 días, y esta Directiva es aplicable en todos los Estados miembros, por lo que debe cumplirse con ella para evitar demoras en el pago a los abogados del turno de oficio”.

Todos estos datos, que ha puesto de manifiesto la UE, “no hacen sino corroborar la situación que el Consejo General de la Abogacía Española viene denunciando desde hace tiempo y sobre la que, pese a las declaraciones y compromisos manifestados por nuestros representantes políticos, no existen hasta la fecha soluciones efectivas”.

Por ello, reiteran que es absolutamente urgente e inaplazable “la actualización de los baremos del turno de oficio en el denominado territorio Ministerio de Justicia y en el resto de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia”. Además, consideran que “es imprescindible una modificación que incluya intervenciones profesionales que actualmente están remuneradas, y que se establezcan fórmulas que permitan una actualización anual de los baremos que no dependan de la voluntad política”.

Igualmente, “deben buscarse soluciones a los continuos retrasos en los pagos por parte de las administraciones, retrasos que son insostenibles para los profesionales de la abogacía y para sus Colegios profesionales, en un contexto en el que el propio informe de la Comisión Europea señala a ambas partes como titulares de una función fundamental a la hora de garantizar la protección de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho”.

Justicia Gratuita, turno de oficio

Se confirma que han sido tramitadas 3.785 solicitudes de justicia gratuita, de las cuales 3.235 se han remitido por el propio Colegio de Ceuta a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, de las que 3.143 han sido ratificadas por dicha Comisión, y se han atendido a 720 usuarios que han pasado por la secretaría de este Colegio solicitando información en el SOJ.

De todos los expedientes que anteriormente se han mencionado, se han hecho diversas designaciones, de las que 1.413 son jurisdicción penal; 848, de jurisdicción civil; 797, de jurisdicción contencioso-administrativa; 10, de jurisdicción laboral; 144, de violencia de género; 890 designaciones de expedientes administrativos en materia de extranjería (expedientes de expulsión y devolución); 68 expedientes han sido denegados y 23 expedientes se han enviado a otros colegios.

En referencia a las cantidades que se han facturado por los procedimientos tramitados han sido las siguientes: 351.779 euros en materia penal; 97.112 euros en materia civil; 275.528 euros en materia contencioso-administrativa; 1.442 euros en materia laboral; 33.998 en materia de violencia de género y en concepto de otro tipo de procedimientos se han facturado 118.534 euros.

En el servicio de asistencia letrada al Detenido se han realizado 1.661 asistencias en Servicio de Guardia, de las que 1.153 son asistencia a detenidos y 508 de asistencia a extranjeros. Todo ello generando una facturación de 451.380 euros.

En las guardias de violencia de género se han asistido a 85 víctimas, generándose una facturación de 31.515 euros.

Este año, han sido un total de 106 letrados adscritos al turno de oficio, asistencia al Detenido y Violencia de Género, de los cuales 52 son hombres y 54 son mujeres. Se han facturado 124.380 euros de gastos de infraestructura.

El acto concluyó con la entrega de diplomas a la colegiada Isabel López García, por sus 20 años como abogada del turno de oficio; y a Isabel Valriberas Acevedo, por sus 40 años de ejercicio profesional.

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