Los vecinos del edificio municipal de González de la Vega reciben órdenes de desahucio

Las amenazas de desalojo vuelven a cernirse sobre los hogares de los residentes en el número 4 de González de la Vega. Una de las vecinas, María Jesús Córdoba (62 años), recibió el pasado miércoles una carta del Juzgado de Instrucción Número 4 de Ceuta informándola de que tanto ella como su pareja, José Manuel Varea (60), deberán abandonar el 3º C del edificio municipal antes del 30 de octubre de 2024. La incertidumbre perseguía desde entonces a las otras seis familias que viven en el inmueble, hasta que este lunes repartieron otras dos cartas, que no serán las únicas.

No se trata de un procedimiento nuevo, sino de la continuación del iniciado por el Gobierno local, propietario del edificio, en 2018. El juez dictaminó entonces la orden de desahucio, que ha comenzado a ejecutarse ahora, aunque siguen contando los inquilinos con la posibilidad de recurrir. Con ingresos mensuales que no superan los 500 euros, María Jesús Córdoba (que no cuenta con cédula de habitabilidad, pero sí empadronamiento en el domicilio municipal) ha tenido que solicitar un abogado de oficio para tratar de impugnar el procedimiento ejecutado por la Ciudad Autónoma.

Córdoba carece de documentos de cesión de la vivienda, pero las otras dos vecinas que recibieron ayer la notificación del Juzgado sí están en posesión del contrato en precario y de la cédula de habitabilidad. Muchos de los casi 20 vecinos habitan desde los años noventa en el edificio, donde los reubicaron tras el derribo de otros inmuebles municipales. El Gobierno local les cedió el espacio en calidad de precario, con la condición expresa de que si en algún momento quisieran recuperar su propiedad éstos entregarían las llaves. Pero para algunos han pasado más de 30 años, y sienten como suyos esos techos que ven derrumbarse paulatinamente.

La Ciudad les ofrece como única alternativa el alquiler social, pero los vecinos se niegan a abandonar los domicilios en los que algunos llevan empadronados 30 años para pasar al arrendamiento. Amenazan con manifestarse a las puertas del Palacio Autonómico, con colocar pancartas en el edificio y hacer de todo menos abandonar el inmueble municipal. “Nadie va a salir del piso. Somos siete familias y estamos más unidos que nunca. Si nos echan tiene que ser a todos”, sentencia. Tienen previsto reunirse con diferentes formaciones políticas estos días, ya les han dado cita para hablar con Ceuta Ya! y con Vox, y están a la espera de tener noticias sobre el PSOE. “No vamos a parar”, aseguran.

La última reunión

Los responsables de la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos se comprometieron a velar “por la seguridad del edificio” y porque los vecinos estén “atendidos como debe ser” en una reunión mantenida con los inquilinos el 20 de julio de 2023. El consejero, Alejandro Ramírez, garantizó que “nadie” estaba haciendo “ningún tipo de actuación para intentar que los vecinos se vayan de la vivienda” ni había ningún “complot” para “expulsarlos del edificio”.

Sí les expresaron en ese encuentro que debían abandonar el inmueble “para rehabilitar o decidir qué hacer” con él, ya que, según afirmó la directora general de Fomento, “no cumple con las condiciones de habitabilidad”. Ramírez prometió que tendrían el apoyo de la Ciudad a cambio de colaboración vecinal, especialmente con respecto a las citaciones de Servicios Sociales, a quienes debían aportar toda la documentación necesaria para certificar la situación de vulnerabilidad de cada familia. Pero pocos lo han hecho, como ha explicado la Ciudad a este diario.

La única alternativa legal que, según la administración, pueden ofrecerles es el alquiler social, por el cual el Gobierno abona hasta el 80% de la cuantía mensual durante, como máximo, 5 años. Tan solo uno de los vecinos (Antonio, de 81 años) aceptó la opción ofrecida por la Ciudad, con la que el resto de los inquilinos se niega a conformarse. “Nosotros queremos irnos de aquí, pero con una casa de protección oficial. Yo quiero pagar mensualmente, pero para que el día de mañana esa casa sea mía. No llevo aquí desde el 90 para irme de alquiler social”, exclama con ímpetu Cinta del Rocío Gómez a este diario horas después de recibir una carta de desahucio que, asegura, no esperaba.

Los vecinos

En cuanto tuvo consigo la notificación, Cinta del Rocío (34 años) corrió desde su planta, la tercera, hasta el 1ºB, donde reside junto a su marido y cuatro hijos Hanan Habib (57 años), otra de las vecinas que ayer recibió la mala noticia. Habib llegó a González de la Vega en 2002, y desde 1994 está inscrita en el registro de demandante de vivienda de Emvicesa, esperando la única alternativa que contemplan los vecinos del inmueble, una Vivienda de Protección Oficial (VPO). En su caso, el desalojo está previsto para el 12 de noviembre a las 10:30 horas, operación en la que también actuará la Policía Local. Al igual que Córdoba, recurrirá a un abogado de oficio.

Cinta también firmó el contrato para el uso en precario de su domicilio y cuenta con cédula de habitabilidad del lugar donde habita con su pareja y cuatro hijos, menores de edad. Gómez nació en el edificio, en 1990, en la casa de sus abuelos y su madre. Vivieron en el 1ºA hasta que a su abuela le fue concedida una VPO. Se quedó entonces en el 1º con su madre, madre y sus hermanos, hasta que en 2007 se hundieron los techos del piso y tuvo que mudarse. Uno de los domicilios de la tercera planta llevaba años vacíos y consiguió que la Ciudad le concediera el contrato en precario allí.

Cinta y toda su familia también deberán abandonar su hogar, pero en su notificación del Juzgado no se agenda fecha. En cambio, se especifica que antes de proceder al desahucio, los Servicios Sociales de Ceuta deberán aportar un informe “sobre la posible situación de vulnerabilidad” en la que se encuentran. Sostiene que, tras treinta años viviendo en el edificio, no abandonará González de la Vega sin un hogar asegurado para sus hijos.

Con 600 euros de pensión al mes (debido a una incapacidad por problemas de salud mental) afirma que no será capaz de costearse una vivienda digna cuando la ayuda para el alquiler se esfume. “Si yo supiera que no hay viviendas disponibles me iría pagando el alquiler, pero es que sabemos que hay al menos 20 casas de protección oficial vacías en Loma Colmenar y Serrano Orive”, expone la joven sentada sobre el sofá de la casa de Hanan, junto a la primera vecina que recibió la carta del Juzgado, María Jesús Córdoba.

Un hogar sin papeles

El caso de Córdoba difiere del de los otros residentes, ya que ésta carece de documentos de cesión de la vivienda. Fue en 2004 cuando comenzó a residir en el edificio, aunque en casa de unos familiares políticos. Hasta aquel año trabajaba gracias a los Planes de Empleo, y cuando finalizó su contrato se quedó sin nada. Dos años después de vivir con su familia, viendo que uno de los pisos de la tercera planta estaba vacío, decidió meterse. De lo contrario, estaba “en la calle”. Junto a ella vive su actual pareja, José Manuel Varea, quien explica que han intentado varias veces obtener el contrato en precario, pero no les es posible: “Nosotros queremos pagar luz y agua. Pero hacerlo necesitamos la cédula de habitabilidad, y se niegan a dárnosla. Saben que si nos la dan ya no pueden decirnos que somos ocupas”.

En la diligencia recibida por Córdoba, donde se le comunica que será desahuciada el 30 de octubre a las 10:00 horas, se explica que el pronto desalojo se debe a la imposibilidad por parte de los Servicios Sociales de comprobar que de verdad se halla en situación de vulnerabilidad, ya que no se presentó a la cita prevista para el 3 de julio de este año. La demandada se excusa alegando indisposición debido a la reciente operación a la que se tuvo que someter el 8 de marzo y que la dejó ‘postrada’ en un andador.

“Pero mi asistenta social sabe perfectamente mi situación, tiene todos mis papeles”, afirma en la comodidad de su hogar, sentada sobre una silla, alrededor de una mesa adornada con un mantel plastificado de coloridos pájaros. Apoya sus manos sobre la notificación del juzgado y, mirando de reojo a su pareja, confiesa la desesperación que siente ante la posibilidad de tener que abandonar la que siente como su casa pese a carecer de documentos que lo acrediten.

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