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Miguel Ángel Pérez Triano
La inmigración es la primera preocupación de los españoles, según el CIS. Por encima de asuntos como el paro, la vivienda o la economía, la llegada de personas a nuestras costas de forma irregular inquieta a la ciudadanía más que la imposibilidad de adquirir una vivienda con los sueldos que pagan en muchas empresas. Parece que el debate envenenado impulsado por la extrema derecha está calando en parte de la sociedad española.
Si este tema preocupa a un señor que reside en Burgos o Albacete, no digamos en Canarias o en Ceuta, donde la capacidad para atender a estas personas (sobre todo, menores) se ha desbordado ampliamente este verano. En nuestra ciudad, ante esta situación insostenible de superar en más de un 300% la capacidad de atender a menores extranjeros, el Presidente Vivas pidió auxilio al Gobierno de España y a las comunidades autónomas.
La respuesta del Gobierno ante esta emergencia ha sido la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que el reparto de menores extranjeros desde las zonas que superen en un 150% su capacidad sea obligatorio. Es decir, aplicar la cacareada solidaridad interterritorial cuando sea necesario, con un reparto vinculante en un plazo de 15 días. Como era previsible, la medida fue bien recibida por los gobiernos de las regiones afectadas.
A pesar de la insistencia de Coalición Canaria y del Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la modificación fue tumbada en el Congreso de los Diputados con los 177 votos en contra de VOX, PP y Junts. Habría sido suficiente que los populares se abstuvieran, pero pesaron más los intereses partidistas y la posibilidad de seguir haciendo política con la inmigración, que aplicar la solidaridad entre territorios. En resumen, que canarios y ceutíes nos la arreglemos solos y dependamos de las ayudas ministeriales y de la voluntad individual de algunos presidentes autonómicos.
En la bancada popular estaba el diputado por Ceuta, Javier Celaya, que demostró ser más disciplinado que ceutí, pensando más en los intereses de su partido que en los de la ciudad que representa. El señor diputado no ha tenido ningún reparo en afirmar que esta reforma no se puede votar hasta que exista otra política migratoria que, imaginamos, algún día explicará.
Sobre por qué los ríos de dinero estatal y europeo recibidos para la atención de menores no han fructificado en la creación de un espacio mejor y más amplio en nuestra ciudad, ya hablaremos otro día, porque lo más evidente de este tema es que no vamos a dejar de ser ciudad fronteriza.
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