La vivienda es un derecho

Miguel Ángel Pérez Triano

El acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho consagrado en la Constitución, concretamente en el artículo 47. Aunque los poderes públicos deberían dirigir sus políticas a hacerlo efectivo, en los últimos tiempos el alquiler y la compra de vivienda han subido considerablemente.

En un informe publicado por Eurostat (Oficina Europea de Estadística) España aparecía en el top 10 de los países en los que el precio de la vivienda ha experimentado un mayor ascenso en el primer trimestre de 2024. Destacan ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián y Málaga, pero todos sabemos que en nuestra ciudad acceder a una vivienda es una tarea muy complicada.

Los neoliberales que estén leyendo este artículo estarán pensando que la vida es así, que el mercado se regula solo, Adam Smith y todo eso, pero el mercado no es un ente abstracto como nos han hecho creer, es la excusa para que unos pocos agranden su cuenta bancaria mientras la mayoría no tiene donde vivir. En Madrid, por ejemplo, más de la mitad de las viviendas están en manos de grandes tenedores, de empresas y fondos de inversión que especulan con el precio de la vivienda y contribuyen de forma decisiva a la subida de los precios.

España cuenta desde el año pasado con una nueva ley de vivienda, la 12/2023, que ofrece en su artículo 18 la posibilidad de intervenir el precio de la vivienda declarando mercado residencial tensionado aquellas zonas donde existe un especial riesgo de oferta insuficiente. Para ello se tienen que dar una de las siguientes circunstancias: que la carga media del coste de la vivienda supere el 30% de la renta media de los hogares de la zona o que la vivienda haya experimentado en los 5 años precedentes un crecimiento acumulado superior al 3% del IPC.

Esta normativa es un avance más dentro de la agenda socialdemócrata del Gobierno, en línea con regulaciones ya implementadas en países como Francia, Países Bajos o Alemania (no, aunque el PP lo diga, China y Venezuela no han sido los modelos a seguir). Estas medidas ya están permitiendo a ciudadanos de regiones como Navarra y Cataluña beneficiarse, mientras que los andaluces o los madrileños tendrán que esperar a que Moreno Bonilla o Isabel Ayuso quieran aplicarla.