Luz verde al anteproyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social

El Consejo de Ministros, ha dado luz verde hoy al anteproyecto de Ley Integral de Impulso a la Economía Social, a petición del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta iniciativa actualiza y mejora el ecosistema legislativo del sector, que apoya plenamente esta decisión. Como “algo sin precedentes en el contexto europeo”. Así califica la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presentar este anteproyecto.

Constituida como “un motor clave de crecimiento sostenible, trabajo decente, democracia económica y justicia social, la Economía Social ha ido ganando terreno en el tejido productivo nacional” y precisaba de la actualización normativa que representa este anteproyecto de ley, que cuenta con la incorporación a la norma de diferentes aportaciones del sector. “Hemos dado desarrollo al artículo 129 de la Constitución”, ha asegurado la ministra.

Modifica la Ley de Cooperativas, de Empresas de Inserción y de la Economía Social

El primero de los tres artículos de la nueva normativa adecúa y actualiza la 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

Adapta el funcionamiento interno de las cooperativas, la fórmula empresarial de la Economía Social que tiene mayor arraigo, a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las

nuevas tecnologías.

En adelante, por ejemplo, las cooperativas de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo determinado que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios.

Planes de igualdad cooperativos se reflejarán de forma más efectiva, evitando el uso abusivo de cooperativas. “Añadimos recursos y garantías para luchar contra el fraude de algunas empresas, que utilizan esta fórmula para evitar cumplir la ley laboral”, destacó la vicepresidenta.

El artículo segundo del anteproyecto aprobado modifica la Ley 44/2007 para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción.

Estas son las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se ha reforzado la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, ampliando el acompañamiento a personas que, aun trabajando, no tienen garantizados ingresos suficientes. Este anteproyecto garantiza la competitividad de las empresas de inserción con la contratación indefinida.

En el tercer artículo del anteproyecto de ley se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. Con esto, se pretende clarificar las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector.

En España las cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías, mutualidades, fundaciones sin ánimo de lucro y otras entidades que conforman la Economía Social representan el 10% del PIB, siendo más de 2,2 millones de personas las que trabajan en estas entidades y que combaten la desigualdad con una redistribución más equitativa de los beneficios.

En las másde 43.000 empresas que integran el sector el 60% de las personas trabajadoras son mujeres. Estas entidades se sitúan a la vanguardia en la reducción de brecha de género.

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