¿Vigilancia masiva o seguridad ciudadana?

La empresa municipal Amgevicesa se está metiendo ella solita en el ojo del huracán, porque se pone en entredicho el límite de la vigilancia en espacios públicos y la transparencia en el manejo de los datos personales. La instalación de cámaras de vigilancia con capacidad de grabación de audios en diversas instalaciones gestionadas por esta empresa, debería estar a debate por la supuesta legalidad y ética de esta práctica.

Presumiblemente la instalación de estas cámaras según Amgevicesa, se centra en garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero sin embargo son muchos junto a expertos en protección de datos, los que advierten que la grabación de audios en espacios públicos constituye una intromisión ilegítima de la vida privada de todos los ceutíes.

La ley de privacidad vigente en materia de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de datos, establece límites claros al tratamiento de los datos personales, especialmente aquellos que puedan revelar aspectos íntimos o sensibles de la vida de un individuo. La grabación de conversaciones sin el consentimiento expreso de las personas afectadas puede estar vulnerando estos derechos fundamentales.

La ausencia de transparencia por parte de la empresa municipal es otro de los aspectos preocupantes de este caso. A pesar de la obligación legal de publicar en el portal de transparencia las evaluaciones de impacto en protección de datos, este documento no se encuentra disponible para la consulta ciudadana. Esta omisión está generando dudas sobre la legalidad de las prácticas de la empresa y sobre el compromiso de sus responsables con la protección de los derechos fundamentales de las personas.

Expertos consultados en esta materia han expresado su preocupación ante esta situación. La supuesta instalación de cámaras con audios en espacios públicos sin una justificación clara y proporcionada resulta ser una práctica invasiva que puede generar un clima de desconfianza limitando los derechos fundamentales.

Por otro lado, los ceutíes tienen derecho a saber qué tipo de vigilancia se está ejerciendo sobre ellos y cómo se están utilizando los datos que se recopilan. La falta de información y opacidad de Amgevicesa genera un clima de incertidumbre. Por ello, como profesional y ciudadano ceutí creo que es necesario que las autoridades competentes investiguen este caso y exijan a esta empresa municipal que cumpla con la normativa vigente. Además, quiero promover un debate público sobre los términos de la vigilancia y la necesidad de garantizar la protección y privacidad en esta era digital.

Algunas preguntas creo que son clave para saber las actuaciones llevadas a cabo por esta empresa municipal, ya que los servicios se están gestionando con dinero público de todos los ceutíes.

¿Cuál es la justificación legal para la instalación de cámaras con audio en las instalaciones de Amgevicesa?

¿Se ha realizado una evaluación de impacto en protección de datos? ¿Por qué no se ha publicado en el portal de transparencia?

¿Hasta dónde llega el derecho a la seguridad y donde comienza el derecho de privacidad?

Sus derechos acaban donde comienzan los de los ciudadanos y esto debe primar sobre cualquier decisión o práctica de esta o de cualquier empresa.

Como profesional del sector, solicito a esta empresa que comience a ser transparente y que cumpla con la normativa vigente. Vuelvo a reiterarme, e insto a las autoridades a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos fundamentales de todos los ceutíes.

* Auditor, consultor y asesor en seguridad

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