Las trabajadoras de Salzillo se concentran frente al Palacio Autonómico para pedir condiciones dignas

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio para el apoyo de las necesidades de conciliación de las familias con menores han relatado sin parar y con aparente rabia los “abusos” a los que, según estas, están siendo sometidas por parte de la empresa adjudicataria, la murciana Salzillo, a la que pasó el testigo Atende (con la que las empleadas tienen también alguna cuenta pendiente, como relataron a este diario hace una semana). No acudieron las 60, por motivos laborales, a la concentración de este viernes a las 11:00 horas, pero alrededor de medio centenar de mujeres de todas las edades sostuvieron pancartas y gritaron contra sus “indignas” condiciones de trabajo frente al Palacio Autonómico.

Esperan que el mensaje llegue hasta la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, liderada por Nabila Benzina, responsable del servicio, que ofrecen a través del Centro Asesor de la Mujer, y por el cual garantizan la conciliación familiar de familias vulnerables con hijos menores de 14 años. Hasta hace un año, cuando Atende era la empresa subcontratada, las 60 empleadas se encargaban de atender las necesidades de 60 usuarios, lo cual permitía que tuvieran en su mayoría contratos de jornada completa, lo cual se traducía en mejores condiciones salariales y un calendario más ordenado.

Todo cambió en junio, cuando el presupuesto se redujo y, con él, el número de usuarios (han pasado de 60 usuarios a 20), por tanto, también disminuyó el número horas de las trabajadoras, que siguen siendo 60 y pasaron a firmar contratos de hasta 15 horas semanales. Esto ha generado un “caos” que ha derivado en salarios “miserables”, que, algunos, no superan los 500 euros, y un “estrés emocional” generado por calendarios improvisados (a veces las llaman para trabajar con un día de antelación) y desorganizados. “No tenemos vida, no podemos organizar un viaje, pero tampoco buscarnos otro trabajo”, confesaba Nasima, una de las afectadas, que este viernes se unió a sus compañeras a las puertas del Ayuntamiento.

La presidenta del Comité de Empresa, la ugetista Beatriz Ávila, resumió el sentir de las empleadas como de “indignación”. No solo por la drástica reducción de jornadas o “el cambio de horarios de un día para otro”, también porque ni siquiera se las ha dotado de equipos de protección, zapatos antideslizantes (para los baños de los niños) o uniformes que las identifique como trabajadoras del servicio de atención de menores cuando se presentan en los centros educativos. “Cuando una chica nueva se presenta en el colegio, sin un uniforme o acreditación donde ponga que venimos de una empresa, hay problemas con el profesorado y ciertas familias. Las usuarias no saben con quién dejan a sus hijos”, expresó la representante sindical.

Cuando contaban con las mismas usuarias que trabajadoras, cada empleada tenía asignada el menor que debía atender. La familia la conocía, los docentes también. Ahora, con 40 usuarios menos para el mismo número de empleadas, tienen que repartirse las pocas horas de trabajo entre todas, lo que provoca que los niños reciban la atención de varias personas. Según Nasima, este “descontrol” está perjudicando a los niños, que padecen (muchos de ellos) TDAH o autismo. “Los menores se acostumbran a estar con un trabajador, pero nos cambian constantemente. Los niños empiezan a llorar (…) No puede ser que entren cuatro o cinco personas diariamente a una casa”, explicó. “Si hay pocos usuarios, lo que no pueden hacer es echarnos a 30 personas a la calle porque ellos hayan recortado su presupuesto. Alguna solución nos tendrán que dar”, manifestó.

Los fondos europeos

¿Por qué hace un año el servicio de Ayuda a Domicilio del CAM contaba con tantos usuarios como empleadas y ahora los primeros se han reducido a dos decenas? La respuesta la ofreció la consejera competente, Nabila Benzina, durante la sesión plenaria del 24 de julio de 2024, ante una interpelación del MDyC, que se ha erigido como el partido defensor de los derechos de las trabajadoras de Salzillo (antes Atende), que estuvo presente, al igual que Ceuta Ya!, en la concentración de este viernes.

La Consejería elaboró nuevas bases de la convocatoria del contrato para gestionar el servicio, que se financia a través del Plan Corresponsables 2024. La primera vez que se puso en marcha el servicio, la totalidad de la partida presupuestaria del Plan fue dirigida al mismo. Las nuevas bases establecen que los fondos deben repartirse con el área de Educación, para poner en marcha aulas matinales (en total, se llevan 600.000 euros). Durante su intervención en el Pleno, Benzina aseguró que “independientemente de esto”, el servicio de ayuda a la conciliación se garantizaba y se seguiría dando.

Al contar con menos presupuesto, la empresa se ha visto forzada a reducir las jornadas. “Lo gracioso es que no sabemos si las aulas matinales las han abierto todavía, pero nuestro servicio sí se ha visto reducido”, criticaban las trabajadoras en la concentración. “Pero claro, la plantilla es fija, alguien se tendrá que hacer responsable (…) Nos tienen así para que nos aburramos y nos vayamos”, expresó Beatriz Ávila.

El contacto con Salzillo

Otra de las demandas de las empleadas es que exista comunicación con la empresa, Salzillo, con la cual, según estas, solo pueden contactar a través del correo electrónico. “Estamos hartas de mandarle correos a la coordinadora, y no nos contesta, no tenemos ninguna contestación. No sabemos cuál es nuestra mutua, estoy harta de preguntar, no nos responden. Es como si fuera una empresa fantasma, no tenemos ofician, se han lavado las manos. Han cogido el servicio y nos han dejado a nuestra suerte”, declaró Ávila.

Según esta, cuando tratan de contactar con la coordinadora a través de su número de teléfono, ésta les pide que no vuelvan a repetirlo, ya que tiene “mucho trabajo” y “una vida personal”. “Nosotras entendemos que coordinar a todas las trabajadoras es un trabajo muy duro, pero, ¿quién nos entiende a nosotras? Tenemos hijos, una vida, queremos estudiar, sacar nuestras oposiciones, pero no podemos. Nos quedamos sin suelo, porque lo que cobramos es una miseria”, confesó una de las trabajadoras presentes este viernes frente al Palacio Autonómico.

Tan solo dos de las 60 trabajadoras tienen contratos de 38 horas semanales. Algunas de ellas solo cuentan con 15, percibiendo “300, 400 y 500” euros al mes. La hora se paga a siete euros, debido a que fueron contratadas “como trabajadoras no cualificadas”, otra de las quejas de las empleadas. “Nos obligaron a entregar la titulación de técnico de Educación Infantil. Algunas son maestras, ¿y resulta que nos pagan como si fuéramos trabajadoras no cualificadas?”, se preguntaron.

Es algo que, según denunciaron, viene sucediendo desde la etapa de Atende, pero no lo supieron hasta hace unos días. “Acabamos de darnos cuenta. Veíamos la miseria que cobrábamos y no nos cuadraba. Cuando entramos a averiguar resultó que aparecemos como peones no cualificados”, explicó una de las empleadas. Según se expone en la nómina de una de las trabajadoras, a la que ha tenido acceso este diario, son considerabas empleadas del grupo de cotización 10, el de “peones”, pese a contar todas con titulaciones, ya sea de grados superiores o de grados universitarios.

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