Cronología del desastre

Miguel Ángel Pérez Triano

Todos hemos seguido angustiados la tragedia que la DANA ha ocasionado en Castilla La Mancha y, especialmente, en la Comunidad Valencia, con más de dos centenares de fallecidos sin estar finalizadas las tareas de búsqueda. Una tragedia casi sin precedentes en nuestro país que ha dejado al descubierto algunas lagunas en su gestión.

En el primer momento se mostró unidad entre las administraciones públicas en aras del interés general, con la única intención de gestionar el desastre, pero esta saltó por los aires en cuanto apareció en escena Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Partido Popular manifestó que el Gobierno de España había hecho dejación de funciones y que la Generalitat Valenciana alertó cuando la Agencia Estatal de Meteorología avisó. Una mentira, innecesaria en ese momento, fácilmente comprobable en la red social X, donde la AEMET llevaba varios días avisando. La agencia había decretado el nivel rojo de alerta a las siete de la mañana del martes. ¿Por qué esa reacción desmedida en el minuto uno? ¿Qué estaba ocultando?

Estas palabras echaron más leña al fuego de la indignación ciudadana, que se puso de manifiesto ante la visita de las máximas autoridades del Estado a la zona más afectada. Muchas personas lo han perdido todo y tenían toda la justificación del mundo para mostrar su desesperación, pero también estuvieron presentes grupos neofascistas como Revuelta, Falange, Democracia Nacional, Desoukupa o Núcleo Nacional que, aprovechándose de los sentimientos de la gente, de la exasperación y de la angustia, sembraron el odio en medio del caos. La imagen del joven que vestía una camiseta de homenaje a la División Azul mientras hablaba con el Rey fue muy significativa.

La ira se dirigió hacia el Gobierno de la Nación, sobre todo después de ser señalado por el líder de la oposición. Núñez Feijóo afirmó que el sistema de las autonomías funcionó perfectamente, que la Generalitat actuó bien, pero a la vez manifestó que el Gobierno tendría que haber declarado la emergencia nacional y apartar de la gestión a Carlos Mozón. No parece que el PP estuviera muy acertado en la comunicación. Estuvo encima de la mesa hacerlo, pero la mayoría de los expertos indican que lo más recomendable en este tipo de desastres es que las actuaciones sean dirigidas por las personas que conocen el terreno, es decir, la Generalitat, que además es la administración que posee las competencias.

Ante tanta desinformación, las declaraciones del general jefe de la UME vinieron a arrojar algo de luz. El general, en una rueda de prensa, aclaró que estaban preparados para acudir cuando lo ordenase la Generalitat, y que cuando eso ocurrió, tardaron quince minutos en movilizarse. “Yo no puedo entrar legalmente a la zona hasta que el director de la emergencia me lo autoriza desde la comunidad”, concluyó.

Con el paso de los días las informaciones siguen saliendo y acorralando al presidente valenciano, que no para de soltar una mentira tras otra para salir del paso. Lo cierto es que el día de la tragedia, con la alerta roja de la AEMET declarada, pasó varias horas en un restaurante sin contestar a los mensajes y a las llamadas de sus colaboradores y de la ministra para la Transición Ecológica. No fue hasta las siete de la tarde cuando decidió volver a ser presidente. Su consejera, Salomé Pradas, responsable de emergencias, no actuó mucho mejor cuando admitió el pasado jueves que no sabía que se podían enviar señales de alerta por SMS, lo cual sería para reírse en cualquier otra situación. Transcurrieron las horas, y entre unos y otros el mensaje de aviso no llegó hasta las ocho de la tarde, cuando ya había gente ahogándose. El resultado, más de doscientos muertos.

La indignación en la sociedad valenciana sigue creciendo conforme se van conociendo más datos de la gestión de la emergencia, y el pasado sábado unas ciento treinta mil personas pidieron en Valencia la dimisión de Carlos Mazón. Él y su séquito, con su dejación, han hecho un daño irreparable a la ciudadanía, pero ahora es momento de seguir trabajando, con unidad, en la búsqueda de desparecidos y en la reconstrucción. Ya habrá tiempo de pedir responsabilidades y dimisiones y aclarar si esta negligencia pudiera tener consecuencias penales.