ATME se queja de la tardanza en la respuesta de Defensa a sus preguntas

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha asegurado que el Ministerio de Defensa ha tardado dos meses en responder a sus preguntas sobre las condiciones de seguridad y la protección jurídica de los militares desplegados en Ceuta en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La asociación se queja de que la contestación no aborda de manera concreta ninguna de las cuestiones planteadas por la entidad, que reclama una reforma de la normativa que regula los derechos y la participación de los militares.

Según ha informado ATME en una nota de prensa, la asociación remitió dos escritos al Ministerio de Defensa, los días 5 y 27 de agosto, a través de la Secretaría Permanente del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS). Las consultas estaban relacionadas con las garantías jurídicas y las medidas de seguridad de los efectivos desplegados en la ciudad autónoma.

En el primer escrito, presentado el 5 de agosto, ATME solicitó información sobre las instrucciones recibidas por los militares para el desempeño de sus funciones, el alcance de sus actuaciones y los límites legales aplicables durante las misiones encomendadas. También preguntó qué procedimiento deben seguir los efectivos en caso de ser denunciados por actuaciones realizadas durante el servicio.

La asociación pretendía conocer si el personal contaba con directrices claras y con garantías jurídicas suficientes para evitar que el cumplimiento de las órdenes recibidas pudiera derivar en responsabilidades judiciales.

La segunda consulta llegó tras la agresión sufrida por cuatro militares durante la madrugada del 27 de agosto en la zona de Benzú. En este caso, ATME pidió información sobre el estado de los heridos y las medidas de protección existentes para los efectivos desplegados.

Asimismo, reclamó conocer si Defensa considera adecuados los protocolos de seguridad vigentes, si contempla reforzar los medios de protección personal y material y si prevé adoptar nuevas medidas para prevenir incidentes similares.

No aclara las cuestiones planteadas

La contestación del Ministerio, según ATME, se limita a señalar que las cuestiones planteadas quedan fuera del ámbito de actuación del COPERFAS. La respuesta se apoya en un informe de la Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra y fue trasladada a través del Mando de Personal de dicho ejército.

De esta manera, la asociación considera que sus consultas han quedado sin una respuesta concreta, tanto en lo relativo a la protección jurídica de los militares como a las condiciones de seguridad en las que desarrollan sus cometidos en Ceuta.

ATME critica también el tiempo transcurrido hasta recibir la contestación. A su juicio, más de dos meses constituyen un plazo excesivo para abordar cuestiones que afectan directamente a la seguridad, las condiciones laborales y los derechos del personal militar.

Ley de Derechos y Deberes

La asociación considera que este caso vuelve a poner de manifiesto las limitaciones de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Según sostiene, la normativa vigente restringe la capacidad de las asociaciones profesionales para acceder a información y ejercer sus funciones de representación.

ATME defiende una reforma legislativa que amplíe los mecanismos de participación, información y control de estas organizaciones, especialmente en asuntos relacionados con las condiciones de trabajo y la protección de los efectivos.

La entidad denuncia que las actuales restricciones dificultan trasladar las preocupaciones del personal militar y conocer con suficiente detalle las medidas adoptadas por la Administración en cuestiones que afectan a su actividad profesional.

La asociación ha reiterado que continuará reclamando transparencia sobre las condiciones en las que los militares desempeñan sus misiones, así como garantías jurídicas y medidas de seguridad adecuadas, especialmente en aquellos servicios que entrañan riesgos para su integridad física.