“Cualquiera cambiaría las ayudas por la garantía de que la normalidad volverá”

“Si hubiese entrado en erupción un volcán, diríamos que tuvimos mala suerte pero que todo se acabó. Nos dirían: aquí tenéis las ayudas por el daño que habéis sufrido. Pero en una situación como en la que estamos el daño es constante y permanece”.

Los empresarios y autónomos ceutíes mantienen su escepticismo ante la eficacia real que tendrán las ayudas que el Gobierno central les concederá por los perjuicios sufridos a consecuencia de la crisis migratoria que Ceuta padece desde el 30 de julio.

El Real Decreto-Ley 22/2026, de 1 de septiembre, moviliza 309 millones de euros para la financiación de medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad. De esta partida, 80 millones están destinados a sostener las economías de empresas y trabajadores. La norma era debatida hoy en el Congreso de los Diputados.

El número potencial de solicitantes ronda las 5.000. El dato de afiliación a la Seguridad Social a fecha del 31 de julio pasado situaba el número de empresas y autónomos existentes en Ceuta en 1.909 y 3.054, respectivamente.

Este paquete de incentivos contempla 36,6 millones de euros en ayudas directas a empresarios y autónomos. Los primeros pueden optar a subvenciones de entre 10.000 y 150.000 euros en función de su volumen de negocio. A los segundos se les ofrece la posibilidad de acceder a aportaciones de 5.000 euros. Los trámites para acceder a estas entregas pueden formalizarse desde el pasado lunes en la web habilitada por la Agencia Tributaria.

El empresariado local no ve con malos ojos los plazos que la Administración ha establecido para la solicitud y entrega de estas ayudas. La estimación es que los importes aprobados puedan llegar a manos de los solicitantes todo lo más en el plazo de un mes. Sin embargo, los afectados siguen albergando dudas que todavía no han sido despejadas.

“No sabemos si la empresa que no haya tenido actividad durante 2025 podrá o no beneficiarse de las ayudas y, en caso de que pueda, en qué tramo de facturación lo hará una empresa que se haya creado, por ejemplo, a comienzos de 2026”, plantea el secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Juan Manuel Parrado. Y es que las condiciones para la concesión de las ayudas establecen como requisito haber presentado la declaración del IRPF de 2025.

Además, los empresarios advierten de las dificultades para justificar la cuantía de la reducción de ingresos entre el mes en el que se produjeron las pérdidas y el mismo periodo del año anterior. “A diferencia del IVA, el IPSI no dispone de una declaración de resumen de volumen de operaciones, por lo cual no puedes comparar cifras de negocio”, precisa Parrado.

Ante estas circunstancias, y en previsión de que la Agencia Tributaria pudiera plantear posteriores comprobaciones y, en su caso, reclamar la devolución de la ayuda recurriendo a una interpretación estricta del cumplimiento de los requisitos, los empresarios confían en que la Administración se conduzca con “sensibilidad” dada la situación que atraviesa la economía local.

Pese a ser bien recibidas, las ayudas no han logrado excitar el entusiasmo de empresarios y autónomos, quienes continúan insistiendo en que su actividad solo quedará plenamente garantizada cuando se pueda decir que Ceuta ha vuelto a la normalidad. “La imagen de la ciudad es vital: si no se recupera, aquí no vendrá nadie a invertir -advierte el secretario general de CECE- Cualquier empresario cambiaría las ayudas por la garantía de que en un plazo breve retornará la normalidad”.

Lo cierto es que desde que el Gobierno central anunciara la puesta en marcha de este paquete de incentivos, los asesores fiscales han visto saturadas sus agendas y horarios resolviendo las consultas que a diario reciben de los empresarios ceutíes.

La manera en la que se aplicará la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, que el Real Decreto eleva al 75%, también genera inquietud entre el empresariado. La redacción de la norma establece que estas ventajas serán de aplicación a las contrataciones cerradas a partir del 1 de septiembre de 2023 -lo que dejaría fuera, consecuentemente, todas las relaciones laborales constituidas con anterioridad- y con un compromiso de mantener al trabajador al menos durante tres años.

La dirección de la CECE ya ha elevado sus dudas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y a la Seguridad Social y ha solicitado el blindaje de la aplicación de la norma porque, en los términos en los que esta actualmente redactada, la bonificación no alcanza a todos los contratos.

El Real Decreto también recoge un incremento de la bonificación del Impuesto sobre Sociedades del 50% al 60%. Este beneficio se hará efectivo el próximo año con la declaración de la Renta de 2026.

Además, para este tipo impositivo se amplían los límites establecidos para considerar determinadas rentas como obtenidas en Ceuta, de modo que se entiende que el beneficio procede de la ciudad hasta un máximo de 60.000 euros por cada trabajador contratado a jornada completa.

14 millones gestionados por la Cámara

El paquete de incentivos aprobado al amparo del Real Decreto-Ley 22/2026, de 1 de septiembre, contempla una partida de 14 millones de euros dirigida a compensar las pérdidas en los sectores del comercio, turismo y hostelería. Estos fondos serán gestionados por la Cámara de Comercio y ejecutados a través de dos convenios que la institución firmará con los ministerios de Economía, Comercio y Empresa e Industria y Turismo.

La medida forma parte del conjunto de actuaciones extraordinarias impulsadas para hacer frente al impacto económico de la situación vivida en Ceuta y busca favorecer la recuperación de la actividad y el consumo en sectores especialmente afectados.

Las condiciones y requisitos están todavía por determinar a la espera de que esos convenios se formalicen. El primero de ellos, suscrito con Economía por valor de 10 millones, irá destinado a dinamizar el comercio local mediante bonos de consumo, campañas de atracción de compradores y acciones en barrios comerciales y mercados. Paralelamente, la Secretaría de Estado de Turismo cerrará con la Cámara un segundo convenio de 4 millones de euros para apoyar al turismo y la hostelería, con bonos turísticos, promociones dirigidas a visitantes, campañas de comunicación del destino y descuentos destinados a reducir el coste del transporte para no residentes.

Estos trabajos, y por tanto, la literalidad de la convocatoria de las ayudas, están pendientes de que el Gobierno central y la Cámara acuerden los términos de los convenios. Durante la jornada de mañana jueves, los representantes de la institución cameral mantendrán una reunión en Madrid para plantear sus sugerencias sobre qué actividades serán financiables a cargo de estas ayudas. El objetivo de este encuentro será avanzar en la definición de los programas y concretar las actuaciones que puedan tener un mayor impacto sobre las empresas y establecimientos beneficiarios.

Cada documento detallará las actuaciones, la distribución de los importes y el calendario, así como los procedimientos de gestión, seguimiento y control. También incluirá indicadores para evaluar los resultados.

Avales e internacionalización

Una de las medidas recogidas en el Real Decreto-Ley 22/2026 es la habilitación de avales del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un valor de hasta 50 millones de euros. El propósito de la iniciativa es que los empresarios y autónomos ceutíes puedan obtener financiación para liquidez, capital circulante o inversiones vinculadas al mantenimiento, recuperación, o relanzamiento de la actividad.

El Consejo de Ministros aprobaba ayer las condiciones que regirán la línea de avales activada, una decisión que los empresarios ceutíes aguardaban para conocer las condiciones de elegibilidad, porcentaje de cobertura, importe máximo por beneficiario y otras características de la convocatoria.

Otra de las iniciativas impulsadas por el Gobierno central pasa por la puesta en marcha del denominado plan “Ceuta Exporta”, un programa de acompañamiento concebido para las 100 empresas que hayan exportado desde Ceuta en algún momento en los últimos cinco años.

Por otro lado, el denominado plan Promoción Turística Internacional, dotado con un millón de euros, nace con el propósito de vender al exterior el destino Ceuta a través de Turespaña, el organismo público adscrito al Ministerio de Industria y Turismo.

El Gobierno también ha previsto una subvención de dos millones de euros para reforzar el Fondo de Provisiones Técnicas de una sociedad de garantía recíproca. El objetivo es facilitar que las empresas y autónomos ceutíes puedan acceder a avales y financiación en las mejores condiciones.