Las cuentas de la patronal
CECE aduce que las bajas cuestan a las empresas casi 8 millones al año
Las cuentas de la patronal
La batalla por las bajas laborales no cesa. La patronal presenta las consecuencias del incremento de las incapacidades temporales como una crisis, de la que los empresarios resultarían ser las principales víctimas. Los sindicatos alertan de un escenario determinado por la precariedad laboral, el ritmo de trabajo, el envejecimiento de la población y el deterioro de la sanidad pública.
Los empleadores manejan sus propios argumentos sobre los presuntos efectos de las bajas laborales en la economía española. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) escenificaba el pasado día 16 en Madrid sus quejas en unas jornadas convocadas con el propósito de presentar a sus asociados como los más inmediatos damnificados por la situación. La cita contó con la participación de la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos. Para entonces, la organización empresarial ya había hecho sus cuentas.
La patronal local estima en 7,9 millones de euros anuales el coste directo que, según sus valoraciones, suponen las bajas para las empresas ceutíes. Este cálculo atiende a una hipótesis de trabajo que toma como referencia la base media de cotización en la ciudad, situada en 2.413 euros mensuales, un dato que los autores del análisis consideran más representativo que el del salario mínimo interprofesional.
El estudio de los empresarios contempla dos escenarios. En el primero de ellos, se considera que ningún trabajador percibe el complemento que algunos convenios colectivos prevén. Según estos acuerdos, la empresa paga al trabajador la diferencia entre la prestación que percibe por incapacidad y su salario habitual. Conforme a esta hipótesis, el impacto económico para la patronal ascendería a 3,7 millones de euros anuales (310.703 mensuales).
El segundo escenario presupone que todos los trabajadores reciben este complemento. En este caso, las cifras se elevarían a los 9,4 millones de euros al año (783.879 al mes).
"Lo que consideramos es que la realidad apunta al entorno de los siete millones y pico de euros”, precisa el secretario general de la CECE, Juan Manuel Parrado.
Según el estudio de los empresarios, el número de bajas en Ceuta es inferior al que se registra en el conjunto del país, aunque su duración resulta significativamente mayor. La ciudad sumaría 25,06 nuevas bajas diarias por cada 1.000 trabajadores, un índice que se sitúa por debajo del correspondiente a la media nacional, estimado en las 33,48. La duración media de estos procesos en la ciudad sería de 54,46 días, diez más que la referencia del conjunto del país.
A comienzos de año, la CECE cuantificaba el coste de las bajas laborales en Ceuta en el entorno de los 40 millones de euros anuales. Esta estimación, sin embargo, y a diferencia a la que ahora aporta la patronal, incluía tanto los costes salariales como los derivados de la sustitución de trabajadores.
El argumento de la patronal se resume en su convicción de que el actual sistema de bajas laborales presenta notorias disfunciones que generan un aumento de costes para las empresas y el conjunto del sistema público. “A veces se nos acusa de que lo que defendemos es el carácter fraudulento de las bajas, pero eso no es así en absoluto -asegura Parrado- Somos conscientes de que las bajas seguirán existiendo, pero lo que queremos es que estos procesos no supongan un sobrecoste añadido”.
Tres medidas
En su cumbre del pasado día 16, la CEOE planteó tres medidas básicas para combatir el peso que, según denuncia, comportan las bajas laborales para las empresas. La primera de ellas pasa por que la Seguridad Social asuma el coste de la prestación abonada al trabajador entre el cuarto y el decimoquinto día de baja, un gasto que actualmente soporta el empresario. Además, la patronal demanda la ampliación de las bonificaciones contempladas para la contratación de personas que sustituyan a los trabajadores ausentes.
La última de las medidas cuya aplicación reclaman los empresarios, y probablemente la más controvertida, es el de conceder un mayor papel a las mutuas incrementando sus competencias y recursos.
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