CECE cree que la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales perjudicará a las empresas
Relaciones laborales
La actualización de la norma, aprobada en 1995, ha sido pactada por el Ministerio con CCOO y UGT. La patronal sostiene que generará más costes a las pymes locales
La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha advertido del impacto negativo que tendría la aplicación de la reformada Ley de Prevención de Riesgos Laborales pactada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social con los sindicatos. La ministra Yolanda Díaz firmaba hoy con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, José Álvarez, el acuerdo que sienta las bases de la actualización de una norma aprobada hace 31 años. La reforma se tramitará a través de un anteproyecto de ley que habrá de ser aprobado por el Consejo de Ministros
“La norma incide mucho más en la responsabilidad del empresario sobre la salud en el trabajo, pero en Ceuta hablamos de un gran número de micropymes donde el empresario no tiene la cualificación necesaria para afrontar todas estas circunstancias”, argumenta la presidenta de CECE, Arantxa Campos.
La representante de la patronal ceutí sostiene, además, que el tenor de la norma supone una mayor carga burocrática y un incremento de costes para las empresas más pequeñas. Campos ha vinculado este escenario a los costes extraordinarios que las pymes ya han de soportar, entre los que ha citado los derivados de las trabas administrativas que han de enfrentar los autónomos. Según han calculado los empresarios, estos obstáculos burocráticos cuestan a los trabajadores por cuenta propia ceutíes más de 9 millones de euros al año.
La presidenta de CECE ha reprochado al Gobierno central su falta de talante a la hora de incluir a los empresarios en el acuerdo. “No se ha dado pie a la negociación”, ha criticado.
Escenario para una ley actualizada
El número de accidentes laborales con baja registrados entre enero y noviembre del pasado año en Ceuta ascendió a 514. A esta cifra hay que sumar los 142 que se produjeron en el camino hacia el centro de trabajo. De todos ellos, solo tres fueron calificados como graves. Este es el escenario local donde habrá de aplicarse, si es que el texto consigue superar el trámite parlamentario, la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995.
Una de las principales novedades que introduce el texto pactado por el Ministerio y los sindicatos es la de una mirada más atenta a los problemas de salud mental en el mundo laboral. El documento incluye medidas de prevención y cuidados específicos para este tipo de dolencias y evalúa los riesgos psicosociales que pueden agravarlas como el acoso laboral, el ciberacoso o la violencia digital.
La reforma atiende también a los nuevos riesgos laborales, con referencias a los derivados del cambio climático, los relacionados con el teletrabajo y la desconexión digital.
El texto incorpora la perspectiva de género en la gestión de la prevención con el propósito de garantizar la protección de mujeres y hombres trabajadores en igualdad de condiciones.
Sin apoyo patronal
El anteproyecto de ley nace sin el apoyo de la patronal. CEOE y Cepyme abandonaban a finales del año pasado la mesa de negociación. Los representantes de los empresarios mostraron su negativa a respaldar medidas como la incorporación de forma específica de los riesgos psicológicos a los protocolos internos de formación de riesgos y control de evaluación del estado de los trabajadores.
Las organizaciones empresariales también mostraron su disconformidad con todos los aspectos relacionados con las cuestiones atinentes a la desconexión digital.
La inclusión de la figura del agente territorial de prevención fue también motivo de disensión durante la negociación. CEOE y Cepyme mostraron su rechazo a instaurarla. Según han acordado finalmente el Gobierno y los sindicatos, el agente territorial desarrollará funciones específicas en materia de prevención en las empresas y centros de trabajo que empleen a menos de diez personas que no cuenten con representación. Estos agentes serían elegidos en cada comunidad autónoma por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de cada sector.
La propuesta del Ministerio avalada por CCOO y UGT ofrece una nueva definición de “riesgo laboral”, de modo que se considerarán como “daños derivados del trabajo” las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo y que sean susceptibles de afectar a los ámbitos físico, fisiológico, cognitivo, emocional, conductual o social.
