Ceuta es una de las cuatro autonomías que puede sostener las pensiones sin ayuda del Estado

Ceuta/ Mientras el sistema público de pensiones español se aproxima a lo que los economistas califican como un “punto crítico de sostenibilidad”, Ceuta se mantiene como una de las escasas autonomías que puede sostener su sistema de pensiones sin ayuda del Estado. El informe ‘La (in)sostenibilidad de la Seguridad Social’, del Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides de Las Palmas de Gran Canaria, sitúa a la ciudad autónoma —junto con Madrid, Baleares y Melilla— entre las únicas cuatro regiones del país donde las cotizaciones sociales superan el gasto en prestaciones contributivas.

El documento, elaborado por los economistas Santiago Calvo y Daniel Fernández y publicado este septiembre, revela que el sistema de pensiones español presenta un déficit contributivo del 3,8% del PIB, lo que significa que solo tres de cada cuatro euros de pensiones se pagan con cotizaciones. El resto procede de transferencias del Estado y de un endeudamiento que crece año tras año.

En este contexto de fragilidad estructural, Ceuta emerge como una de las anomalías positivas. Su saldo contributivo —es decir, la diferencia entre las cotizaciones sociales recaudadas y las prestaciones abonadas— se mantiene en terreno positivo según los datos de 2023 con un superávit de 13 millones de euros. Frente al déficit de más de 5.400 millones en Andalucía o los más de 4.000 en Cataluña y Galicia, la ciudad autónoma logró cerrar el ejercicio 2023 con superávit, acompañada de la Comunidad de Madrid (+ 1.353 millones de euros), Islas Baleares  (+ 884 millones) y Melilla (+12 millones), si bien este grupo apenas representa el 8% del territorio nacional.

Los expertos atribuyen esta singularidad a varios factores. Por un lado, una estructura demográfica más joven y un mercado laboral con una elevada presencia del sector público y militar, donde las cotizaciones son estables y las jubilaciones son más tardías. Por otro, una menor carga asistencial derivada del sistema contributivo, lo que permite a la Delegación de la Seguridad Social ceutí mantener un equilibrio entre los ingresos y los gastos.

El contraste de Ceuta con el panorama general es notable. En 2024, el conjunto del sistema de la Seguridad Social gestionó 242.000 millones de euros en gastos frente a 176.000 millones en ingresos propios, lo que arrojó un “agujero” de más de 66.000 millones. Este déficit no es nuevo: según el informe, lleva 15 años repitiéndose y se ha convertido en una tendencia estructural.

El gasto en pensiones ha escalado de forma significativa en los últimos años, del 10,3% del PIB en 2021 al 16,7% en 2024, el mayor incremento de toda Europa. “Las reformas más recientes del sistema han deteriorado de forma sustancial su equilibrio financiero”, advierten los autores. En términos prácticos, uno de cada tres euros de los impuestos recaudados en España se destina hoy al pago de pensiones, una proporción que podría alcanzar el 45% en las próximas dos décadas si no se adoptan medidas drásticas.

“Los saldos presupuestario y básico deficitarios no constituyen una anomalía propia del ejercicio 2024, sino que reflejan una tendencia persistente desde 2010 en el caso del saldo básico y desde 2011 en el del saldo presupuestario. Este desequilibrio se ha ampliado de forma progresiva hasta situarse en el 0,8 % y el 4,2 % del PIB, respectivamente, una diferencia que evidencia la creciente dependencia de la Seguridad Social respecto de las transferencias del Estado para cubrir su déficit”, expresan sobre este extremo.

“El timo de la hucha”

El informe también desmitifica el renacido Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la “hucha de las pensiones”, que considera un “timo”. De acuerdo con el documento, lejos de ser un colchón real, se trata de un mecanismo “parcialmente reconstruido” mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que añade una pequeña cotización a trabajadores y empresas. Según Calvo y Fernández, el Estado está utilizando deuda pública para nutrir ese fondo, lo que lo convierte en una especie de ‘espejismo financiero’.

Con unos 9.300 millones de euros acumulados a finales de 2024 —una cifra que no alcanzaría ni para pagar una mensualidad completa de pensiones—, el fondo cubre apenas 52 días del déficit anual. El estudio concluye que no existe ahorro neto real ni una mejora de la sostenibilidad del sistema, y cifra la deuda neta de la Seguridad Social en 117.000 millones de euros, con tendencia al alza.

“Aunque podría interpretarse que se están generando nuevamente excedentes para tiempos difíciles, la realidad es que la hucha se trata de un mero artificio contable. Este mecanismo no genera realmente un superávit genuino del sistema, sino que se está financiando mediante endeudamiento público adicional”, aseguran.

Sostienen los investigadores que el problema de la sostenibilidad de las cuentas públicas en España “no es reciente”, ya que consideran que una política fiscal “poco rigurosa” o “irresponsable” parece “haberse instalado de forma permanente en la Moncloa, con independencia del signo político del gobierno”, primero como respuesta a la recesión económica y, posteriormente, consolidando un marco presupuestario “estructuralmente deficitario”. En 1980, la tasa de fertilidad española traspasó la barrera del reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer) y luego no ha vuelto a superarla nunca, atribuyen.

“Reformas de calado”

Ceuta supone para el estudio tanto un reconocimiento como una advertencia. Su buen comportamiento contable no aísla la ciudad del riesgo sistémico que amenaza al conjunto del país. Si el Gobierno central se ve obligado a elevar cotizaciones, retrasar la edad de jubilación o reducir prestaciones, las medidas impactarán también en el tejido laboral ceutí.

Los economistas destacan que el modelo administrativo y contributivo de Ceuta y de las otras tres autonomías podría servir como ejemplo de sostenibilidad microeconómica. El análisis subraya, además, que el principio de caja única —que impide que las regiones con superávit gestionen sus propios fondos— no debe ser cuestionado, pero sí complementado con una reflexión sobre la eficiencia territorial. En otras palabras: Ceuta paga más al sistema de lo que recibe, y eso contribuye a sostener el conjunto de la red de pensiones española.

Los expertos concluyen que España afronta una “fragilidad estructural” que debe ser tenida en cuenta. Las cotizaciones no bastan para financiar las prestaciones, y las transferencias del Estado solo posponen el déficit creciente. En ese escenario, la sostenibilidad del sistema dependerá de “reformas de calado”, que equilibren los ingresos con los gastos y aborden el envejecimiento poblacional.

“El análisis territorial de los saldos contributivos muestra que el déficit se extiende de manera generalizada a la práctica totalidad de las comunidades autónomas, con la excepción de Madrid, Baleares, Ceuta y Melilla, una disparidad que no pone en cuestión el principio de caja única, pero sí refuerza la constatación de la fragilidad estructural del sistema y la necesidad perentoria de reformas de calado”, expresan literalmente los investigadores.

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