La Cibercomandancia, los ojos y las manos de la Guardia Civil frente al crimen digital

En apenas un año, la Cibercomandancia de la Guardia Civil ha recibido más de 50.000 denuncias. Esta unidad nació en julio del año pasado con el propósito de avanzar en la modernización del cuerpo. Su constitución también pretendía adaptar los recursos y procedimientos de la institución a la transformación profunda que en los últimos años han experimentado los fenómenos delictivos, donde el ciberespacio emerge como escenario cada vez más frecuentado por los criminales.

La creación del servicio supone la instauración de una nueva estrategia orientada, entre otros objetivos, a propiciar una gestión eficiente del incremento de denuncias digitales impulsado por los nuevos canales telemáticos y a favorecer la adaptación de los recursos a la persecución de delitos complejos. En esta categoría entran tipos como las ciberestafas, el ansomware, el fraude online o la explotación ilícita de datos. La pretensión es la de acomodar las capacidades de la Guardia Civil al carácter tecnológico y dinámico de la ciberdelincuencia, cada vez más sofisticada y organizadamente estructurada.

“En definitiva, la creación de la Cibercomandancia permite cerrar la brecha existente entre el crecimiento exponencial del delito digital y las capacidades tradicionales de respuesta, al tiempo que responde a una nueva forma de relación entre la ciudadanía y la Administración, más accesible, inmediata y plenamente adaptada al entorno digital”, explica a El Pueblo de Ceuta el jefe de la Cibercomandancia, el coronel Jorge Juan Pérez Rodríguez.

La Cibercomandancia, cuya sede física se encuentra en León, dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), arrancó su actividad con una plantilla integrada por 28 agentes. La gran demanda ciudadana recomendó reforzar el personal del servicio en los meses siguientes. En la actualidad, el número de componentes de la unidad ronda los 70.

Crece la ciberdelincuencia

Pérez Rodríguez describe cómo la ciberdelincuencia ha registrado en España durante los últimos años un aumento tanto en volumen como en complejidad, hasta el punto de que, a día de hoy, este tipo de criminalidad viene a representar entre el 20% y el 25% del total de las infracciones penales registradas. “Estamos hablando de cifras próximas a los 570.000 hechos anuales”, subraya el coronel.

Según las estimaciones de la Guardia Civil, los delitos de carácter patrimonial son los predominantes, especialmente las ciberestafas, que concentran la mayor parte de las denuncias. Los investigadores también han advertido cómo, paralelamente, han crecido otros tipos delictivos más sofisticados como los ataques a sistemas, el acceso ilícito a datos, la extorsión digital o las actividades vinculadas al blanqueo de capitales en entornos online.

El balance de resultados en sus primeros diez meses de existencia da cuenta del trabajo desarrollado por los guardias civiles de la Cibercomandancia. En ese tiempo, la unidad esclareció más de 450 hechos delictivos en todo el país e identificó plenamente a 630 personas como responsables. También fueron bloqueados y recuperados más de 5,5 millones de euros mediante más de 230 actuaciones impulsadas en colaboración con entidades financieras. Además, confirmó la existencia de cerca de 200 infracciones relacionadas con el medio ambiente y el tráfico de armas, explosivos y artificios pirotécnicos cometidas en entornos digitales o a través de redes sociales.

La Cibercomandancia se estructura en torno a media docena de unidades. La Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (On-Red) se ocupa de recibir, analizar y tramitar las denuncias presentadas por los ciudadanos. La investigación de los delitos de mayor gravedad se encuentra encomendada a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ). Equipo @ se encarga de la investigación de los ciberdelitos, fundamentalmente aquellos relacionados con las ciberestafas.

Junto a todos estos servicios, la Cibercomandancia cuenta con la unidad de Intervención de Armas y Explosivos (IAE), especializada en labores de ciberpatrullaje orientadas a velar por el cumplimiento de la normativa en materia de armas, explosivos, cartuchería y pirotecnia. Con la misma función, pero centrada en garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental, trabaja el Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona).

Finalmente, un equipo de especialistas integra el Grupo de Información (GIC), dedicado a aportar capacidades específicas al conjunto del servicio.

“La creación de estas unidades especializadas responde a una idea clave: el traslado del espacio delictivo al entorno digital exige que las capacidades tradicionales de control y vigilancia de la Guardia Civil evolucionen y se adapten, integrándose en estructuras como la Cibercomandancia para garantizar una respuesta eficaz, transversal y plenamente alineada con la realidad actual”, explica Pérez Rodríguez.