El coste del absentismo laboral duplica el de las inversiones reales de la Ciudad, según CECE
Economía
La patronal cifra el impacto en Ceuta de las faltas al trabajo en 40 millones de euros anuales
El impacto del absentismo laboral sobre la economía local equivale al doble del gasto previsto por la Ciudad en inversiones reales para este año. Este es el cálculo que ha compartido la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) en un comunicado de prensa en el que cifra el coste anual de las faltas al trabajo en el entorno de los 40 millones de euros. “En territorios frágiles como Ceuta, con un tejido productivo reducido, alta dependencia del sector servicios y fuerte peso del empleo público, el impacto del absentismo se multiplica”, sostienen los empresarios.
El argumento de la patronal es el de que una pequeña empresa ceutí ha de soportar un coste directo de entre 3.000 y 3.500 euros por una sola baja de mes y medio. Conforme a sus estimaciones, dos bajas simultáneas en un sector como el de la hostelería elevan la factura entre 8.000 y 10.000 euros y puede provocar cierres parciales, reducción de horarios y “pérdida irreversible” de ingresos.
Las estimaciones de CECE se han elaborado con arreglo al último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que identifica el absentismo laboral como uno de los principales problemas estructurales del mercado de trabajo español. Según advierten los empresarios, el informe constata un crecimiento “incontrolado” del gasto, fallos de gobernanza y ausencia de mecanismos eficaces de control temprano.
El informe de AIReF revela que el gasto en incapacidad temporal alcanzó en España durante 2024 los 16.500 millones de euros, superando el 1% del PIB y situándose como la segunda mayor partida de la SeguridadSocial, solo por detrás de las pensiones. En apenas una década, el gasto prácticamente se ha triplicado, pasando de algo más de 5.400 millones a los niveles actuales.
“Pero el problema no es únicamente presupuestario -continúa CECE en su nota- Desde 2017, las bajas por contingencias comunes han aumentado cerca de un 60%, pasando de 21,4 a 33,9 procesos por cada 1.000 afiliados, mientras que la duración media ha crecido de 40 a casi 46 días”. La organización empresarial asegura que cada día el número de bajas es mayor y duran más: entre 40 días y un mes y medio.
Además, AIReF sostiene que el 25% de los trabajadores concentra el 55% de los procesos de incapacidad temporal, es decir, que más de la mitad de las bajas se concentran en una cuarta parte de los trabajadores. El informe mantiene que el sistema actúa tarde, cuando la baja ya se ha alargado y su coste económico y productivo es mucho mayor.
CECE incide en el fallo de diseño institucional que señala el informe, según el cual los médicos del sistema sanitario público prescriben las bajas, pero el coste económico lo asume la Seguridad Social. “Esta separación entre quien decide y quien paga dificulta la correcta internalización del coste y favorece prolongaciones innecesarias -subrayan los empresarios- A ello se suma una inspección médica que, según la AIReF, interviene demasiado tarde, cuando el proceso ya se ha consolidado-
El estudio también mantiene que el absentismo de corta duración, inferior a 16 días, se ha incrementado cerca de un 80%. Estas bajas concentran el mayor impacto en las empresas, que asumen salarios, cotizaciones, reorganización interna y pérdida de productividad. Paralelamente, las bajas largas —“las que sí disparan el gasto público”— han crecido alrededor de un 30%, con duraciones medias que se han alargado más de un 40% en algunos tramos. “Esto significa que hay un tercio más de bajas de larga duración que antes, y para algunos tramos, se han incrementado desproporcionadamente”, prosigue CECE.
Coste de 14.000 millones
La organización empresarial recurre a distintos estudios y estimaciones según las cuales el coste directo para las empresas españolas se sitúa en al menos 14.000 millones de euros anuales, cifra que puede superar los 20.000 millones si se incluyen costes indirectos como complementos salariales, cotizaciones, horas extra, sustituciones y pérdida de productividad. “Esto excede cuatro veces más de lo que ADIF invirtió en 2024 en toda la red ferroviaria nacional, tanto en la red convencional (cercanías, mercancías, mejoras, renovación) como en alta velocidad”, abunda la patronal.
CECE contrasta toda esta situación con las obligaciones que ha de asumir la empresa, que incluyen el abono de la prestación económica durante los días 4 a 15 de la baja por contingencias comunes, el pago íntegro de las cotizaciones sociales durante toda la duración del proceso, y, en un porcentaje muy elevado de casos, la complementación de prestación hasta niveles próximos al 100% del salarioen aplicación de los convenioscolectivos. “A ello se añade la obligación de adelantar el pago de la prestación a partir del día 16 mediante el sistema de pago delegado, asumiendo el impacto financiero y administrativo correspondiente”, recuerda la organización empresarial.
Además, CECE aduce que estos costes directos se ven agravados por gastos adicionales inevitables como horas extraordinarias, sustituciones temporales, reorganización de turnos o sobrecarga del resto de la plantilla, a los que hay que sumar la pérdida efectiva de productividad e ingresos, especialmente en actividades donde la ausencia no puede ser compensada.
“El resultado es un sistema claramente desequilibrado: la Seguridad Social asume unos 16.500 millones, pero las empresas soportan una factura igual o incluso superior -se quejan los empresarios- Sumadas ambas partidas, el absentismo por incapacidad temporal supera ampliamente los 35.000 millonesde euros anuales”. Esta cifra, ilustra CECE, es lo que se invierte en un año en España en políticas activas de empleo y formación.
Calidad de los servicios
CECE denuncia, además, que el absentismo también tiene efectos directos sobre la calidad de los servicios públicos, especialmente en territorios donde el empleo públicoes clave. “No se trata solo de dinero, se trata de eficiencia administrativa, de actividad económica bloqueada y de confianza ciudadana: un expediente que se retrasa, una licencia que no llega a tiempo o un servicio que se deteriora tienen un impacto directo en la economía local”, concluye la patronal.