CSIF reclama al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Temporalidad

CSIF ha reclamado la adopción de medidas inmediatas para corregir el incumplimiento por las administraciones públicas españolas de la Ley de Temporalidad, una denuncia avalada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dada a conocer hoy.

En un comunicado, el sindicato considera que la resolución del TJUE respalda su denuncia sobre el uso abusivo de contratos temporales en el sector público y evidencia la falta de aplicación efectiva de la Ley 20/2021, diseñada para reducir la temporalidad. El sindicato cifra en al menos 125.000 las personas que continúan en situación de abuso, lo que representa un 23% de las plazas incluidas en los procesos de estabilización que aún no han sido cubiertas. Además, advierte de que miles de estas plazas ni siquiera han sido convocadas.

La organización considera que estos datos reflejan la “ineficacia” y la “falta de voluntad política” de las administraciones, que no han cumplido con el plazo legal fijado para resolver estos procesos antes del 31 de diciembre de 2024. A esta situación se suma que la tasa de temporalidad en el empleo público se mantiene en torno al 3 %, el doble que en el sector privado, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En su resolución, el TJUE señala que la normativa europea no obliga necesariamente a convertir automáticamente en fijos a los trabajadores temporales, pero sí exige medidas “efectivas, proporcionadas y disuasorias” para evitar el abuso. Asimismo, deja en manos del Tribunal Supremo la interpretación final conforme al ordenamiento jurídico español, cuestionando la eficacia de la figura del “indefinido no fijo” como mecanismo sancionador.

Ante este escenario, CSIF plantea una serie de medidas. Entre ellas, reclama la introducción de sanciones “ejemplares, claras y aplicables” para las administraciones que recurran de forma abusiva a la contratación temporal, con responsabilidad directa para sus máximos responsables. También exige que las ofertas de empleo público incluyan todas las plazas estructurales necesarias para garantizar servicios de calidad, así como la reducción de los plazos de ejecución de los procesos selectivos, que actualmente pueden extenderse hasta tres años y que, según denuncia, se incumplen de manera habitual.

El sindicato insiste además en la necesidad de eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público, con el fin de permitir a las administraciones ajustar sus plantillas a las necesidades reales sin recurrir a personal interino.