"Entrar en la Unión Aduanera ahorraría bastantes trabas burocráticas

La sede de la Confederación de Empresarios de Ceuta ha sido el escenario de una reunión entre la entidad que preside Arantxa Campos, la Asociación de Trabajadores Autónomos y dos responsables del Ministerio de Transformación Digital y Administraciones Públicas. El objetivo: simplificar los trámites, o ver como se puede llegar a ese fin, para emprender en Ceuta un negocio. Una reunión que, tal y como confirmó a los periodistas el secretario general de la CECE, Juan Manuel Parrado, se va a pedir también a la Ciudad Autónoma.

Arantxa Campos lo simplificó de una manera muy gráfica: "En la Península, se puede abrir un negocio en seis horas. En Ceuta, el promedio es de seis semanas. La diferencia se explica por si sola", señaló. Al margen de otros problemas, como que Ceuta no tiene presencia en la Unión Aduanera, lo que a efectos comunitarios convierte a las dos ciudades autónomas en un tercer país a la hora de vender determinados productos, desarrollar algunas industrias -en especial, las vinculadas al sector de origen animal- o ampliar el 'stockaje' de las empresas ceutíes.

Algo parecido, aunque no exactamente igual, ocurría con la Comunidad Autónoma de Canarias. Según Daniel Muñoz Granados, responsable de Programas de la Asociación de Trabajadores Autónomos, "hace un par de años empezamos a colaborar con el Gobierno de las islas. No se puede decir que esto se resuelva de un día para otro, pero si que los datos de 2023, puesto que aún no disponemos de los del pasado año, si apuntan a que se han disminuido considerablemente las trabas. Pero hay que tener en cuenta que Ceuta y Melilla no son exactamente iguales a Canarias en este sentido".

Estas trabas impiden, dice Campos, que se pueda poner en marcha el proyecto de zona franca en el Puerto de Ceuta "entre otras muchas cuestiones". Y eso "simplemente bastaría con la orden firmada por el ministro y por una modificación de una Ordenanza en la Ciudad Autónoma", explicaba. El hecho de tener a dos responsable del Ministerio de Transformación Digital y Administraciones Públicas, explicó Muñoz, es por que precisamente la composición de ese departamento le permite actuar de modo transversal con otros departamentos gubernamentales.

A la reunión también asistieron algunos empresarios locales, Javier Barace y Emilio Moreno Tamayo. Son, respectivamente, coordinador de área y consejero técnico de la Subdirección General de Ordenación y Procedimientos, dependientes de la Dirección General de Gobernanza Pública de la Secretaría de Estado de la Función Pública. Este organismo depende del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

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