EY pide a las empresas del juego en Ceuta blindar su sede efectiva ante Hacienda
BET ON CEUTA
García Valera y Masa repasan en BET ON CEUTA siete años de régimen fiscal diferenciado y sitúan la residencia real y la “sustancia” empresarial como claves ante las inspecciones
El régimen fiscal diferenciado de Ceuta ha sido uno de los ejes de la segunda jornada de BET ON CEUTA, celebrada este jueves en el Teatro Auditorio del Revellín. Alberto García Valera, socio de EY, y Felipe Masa, director de la firma, analizaron la evolución de los últimos siete años desde la implantación de empresas del sector del juego online en la ciudad y advirtieron de que la fase actual ya no pasa solo por atraer compañías, sino también por acreditar correctamente ante Hacienda que la sede de dirección efectiva y la actividad real están en Ceuta.
García Valera situó el origen del proceso en la reunión celebrada el 1 de agosto de 2017 entre el entonces ministro de Hacienda y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en la que se planteó la necesidad de reforzar el régimen económico y fiscal ceutí. Aquella reflexión, recordó, permitió avanzar en una idea de fondo: aprovechar las ventajas fiscales de Ceuta para pasar “de la economía analógica a la economía digital” y “de la economía de bienes a la economía de servicios”.
El socio de EY explicó que Ceuta había disfrutado históricamente de beneficios ligados al comercio de mercancías, pero que esas ventajas no eran tan visibles en el ámbito de los servicios. A partir de ahí, factores como el Brexit, la pandemia o el cierre de parte de la actividad económica vinculada a Marruecos actuaron como elementos que aceleraron la llegada del sector digital, especialmente del juego online.
Entre los incentivos repasados, García Valera citó la rebaja del impuesto sobre actividades del juego, que en Ceuta pasa del 20% general al 10% para operadores que cumplan los requisitos exigidos, y la bonificación en el impuesto sobre sociedades, que en la práctica reduce la tributación del 25% al 12,5% sobre los beneficios generados en la ciudad.
También mencionó los cambios en la imposición indirecta, que permitieron aplicar el IPSI a determinados servicios recibidos por operadores establecidos en Ceuta, en lugar del IVA peninsular.
Según expuso, este conjunto de medidas, junto a las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, ha funcionado como “trampolín” para que una parte muy relevante de las empresas con licencia en España se hayan instalado en la ciudad. El mensaje central de la ponencia fue que la aplicación de esos beneficios exige cumplir y documentar “de forma rigurosa los requisitos legales”.
Felipe Masa centró su intervención en dos conceptos: la residencia fiscal y la “sustancia” empresarial. El director de EY advirtió de que no basta con tener el domicilio social en Ceuta si la dirección efectiva de la compañía se ejerce desde otro lugar.
“Se tiende a confundir en ocasiones domicilio social y fiscal”, explicó, antes de recordar que la Administración Tributaria puede revisar y modificar ese domicilio si considera que la gestión real se realiza desde Madrid, Barcelona u otra sede peninsular.
Masa recomendó prestar especial atención a la composición y funcionamiento de los órganos de administración, a la celebración de consejos en Ceuta y a la documentación de las decisiones empresariales. También insistió en la necesidad de contar con medios humanos y materiales suficientes en la ciudad para justificar que la actividad se desarrolla realmente desde aquí.
Otro de los riesgos señalados fue el de los grupos empresariales que mantienen estructuras en la península para prestar servicios a la entidad radicada en Ceuta. En esos casos, según explicó, Hacienda puede analizar si existe una posible “contaminación” de los requisitos y cuestionar la aplicación de los incentivos.
De cara al futuro, EY defendió la conveniencia de “seguir mejorando el marco normativo para atraer no solo operadores, sino también empresas tecnológicas y de servicios vinculadas al sector”. García Valera señaló que la Ciudad está impulsando cambios, aunque precisó que muchas modificaciones dependen del legislador nacional. El objetivo, concluyó, es que el régimen fiscal siga sirviendo para atraer actividad económica y empleo a Ceuta, siempre con una “base real y acreditable”.