El Gobierno adapta a Ceuta y Melilla las medidas anticrisis aprobadas en marzo

Crisis del petróleo

El Consejo de Ministros da luz verde a un nuevo real decreto ley que refuerza las ayudas ya contempladas para paliar el impacto de la guerra de Irán sobre la economía española

Óscar Puente, junto a los ministros Bolaños y Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Óscar Puente, junto a los ministros Bolaños y Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Moncloa
Redacción
14 abr 2026 - 15:42

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un nuevo real decreto-ley mediante el que se refuerzan las ayudas y medidas de apoyo al sector del transporte en España para paliar el impacto de la guerra en Oriente Próximo y, en concreto, el incremento en el precio del combustible. La disposición introduce una adaptación de las medidas aprobadas por real decreto-ley 7/2026 aprobado el pasado 20 de marzo a la situación de Ceuta y Melilla, en su condición de territorios distinguidos por sus características específicas.

En el sector del transporte marítimo, se amplía el ámbito de las ayudas existentes, para incluir expresamente a los servicios de carga pura entre puertos peninsulares y de los archipiélagos balear y canario, de Ceuta y de Melilla, y entre puertos de los archipiélagos a los servicios ya recogidos en el real decreto-ley 7/2026. Esta ampliación supone un incremento de 7 millones de euros adicionales sobre los 30 millones inicialmente previstos.

Las nuevas medidas habilitadas por el real decreto aprobado hoy afectan al sector del transporte por carretera, ferroviario y marítimo de mercancías, y completan las contempladas en el real decreto-ley de marzo, en el que se estableció una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible y otras ayudas directas a los transportistas.

“El real decreto-ley 7/2026 supuso una primera respuesta, con medidas de carácter urgente para aliviar el impacto de la subida de los costes energéticos; hoy damos un paso más”, ha explicado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según ha explicado Puente, el nuevo real decreto-ley refuerza el anterior aumentando la protección de la cadena de transporte y ampliando su alcance a sectores no cubiertos inicialmente. Tal y como ha afirmado el ministro, las nuevas medidas son “resultado de un proceso intenso de diálogo con el sector”.

El ministro ha hecho hincapié en que el nuevo real decreto-ley refuerza la protección del sector del transporte garantizando su viabilidad y asegurando el correcto funcionamiento de la cadena logística. “Se trata de una respuesta basada en el diálogo, ajustada a la realidad del sector y orientada a mejorar la eficacia de las medidas ya adoptadas -ha subrayado el ministro- El Gobierno reafirma su compromiso con un sector estratégico para el país y con el mantenimiento de un sistema de transporte eficiente, competitivo y sostenible”.

Tres ejes

Este nuevo real decreto-ley recoge medidas de apoyo en torno a tres ejes: el sector del transporte de mercancías por carretera, el transporte ferroviario de mercancías y el transporte marítimo

Así, las medidas aprobadas persiguen el objetivo de asegurar que las variaciones en el precio del combustible se trasladen de forma efectiva al precio del transporte. Según defiende el Gobierno central, el real decreto-ley refuerza el marco legal en tres aspectos clave. Primero, consolida el carácter obligatorio y automático de la revisión del precio del transporte cuando se produzcan variaciones en el precio del combustible. En segundo lugar, se deberá reflejar expresamente en la factura, en aras de garantizar la transparencia y facilitar la comprobación de su aplicación. Por último, además, se introduce un régimen sancionador específico en casos de incumplimiento.

En el ámbito del transporte ferroviario de mercancías, se establece una línea de ayudas directas para 2026 destinada a compensar el sobrecoste del combustible en las locomotoras diésel. Estas ayudas ascienden a 15.000 euros por locomotora activa, con una dotación total de 3,15 millones de euros.

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