El indicio que puso sobre la pista de la mano de obra ilegal en la construcción

Las sospechas de los empresarios de la construcción se vinieron a confirmar cuando el lunes 17 de agosto comprobaron que los almacenes que suministran los materiales de obra habían quedado desabastecidos. No había modo de comprar ladrillo, arena, cemento, recebo... Las colas de los profesionales a las puertas de los establecimientos dedicados a la venta de productos de pintura, fontanería y electricidad constituían otro indicio. Algo estaba sucediendo.

La crisis derivada de los sucesos del 30 y el 31 de julio había supuesto la paralización de mucha de la actividad que las administraciones y las empresas de la construcción habían venido desarrollando hasta esas fechas. La inversión y las licitaciones públicas congeladas -excepción hecha de las actuaciones de emergencia- y un sector deprimido por las circunstancias extraordinarias que atraviesa la ciudad resultaban incompatibles con ese inusitado incremento de las ventas de material. ¿Qué estaba pasando?

“¿Cómo era posible?”

La situación comenzó a normalizarse el día 19, y solo después de que, ante la extraña coyuntura, los proveedores activaran un suministro excepcional. “Nos preguntamos, ¿cómo es posible que se esté pidiendo más material? Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de un detalle”, explica la presidenta de la Asociación de los Empresarios de la Construcción, Karima Aomar.

Aquel detalle era que la mayoría de las personas que acudían a los centros de suministro para adquirir mercancía eran extranjeros y, desde luego, no residentes.

Las pesquisas iniciadas dieron con otros indicios que resultarían definitivos para la resolución final de lo que, a esas alturas, se había convertido poco menos que en uno de esos casos que alimentan los argumentos de las novelas de misterio.

Era el caso que, de la noche a la mañana, comenzaron a aparecer acúmulos de escombros por distintos puntos de la ciudad. Y -esto ya resultó definitivo- se advirtió la presencia, sobre todo en las barriadas de la periferia, de personas dedicadas a levantar construcciones durante las noches, un horario de trabajo inusual.

Solo entonces, y después de encajar todas las piezas, se desveló el “enigma”: habían comenzado a proliferar las obras que empleaban como mano de obra a migrantes, probablemente llegados con la riada humana que desembocó en la ciudad a finales de julio.

La Asociación de Empresarios de la Construcción trasladó sus certezas a la mesa que el 24 de agosto compartió con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de visita institucional en la ciudad, y representantes de la Delegación del Gobierno.

“No había que ser muy listo para saber qué estaba pasando, pero, claro, la función de vigilancia no nos corresponde a los empresarios”, subraya Aomar.

Los dirigentes de la asociación que agrupa a las empresas de la construcción no ocultan, ante este escenario, su descontento hacia la conducta de la Inspección de Trabajo, a la que reprochan que centre sus controles sobre las obras legales mientras desatiende aquellas otras de carácter irregular que han comenzado a multiplicarse por toda la ciudad.

“Los inspectores conocen dónde están las obras que cumplen con la normativa, así que lo lógico es que acudieran a aquellas que no constan en ningún listado”, plantea Karima Aomar.