Ministerio de Economía y CECE abordan la eliminación de barreras administrativas

EMPRESAS

La Confederación de Empresarios de Ceuta ha mantenido, al efecto, una reunión en los últimos días, con el objetivo de propiciar "un entorno regulatorio moderno, eficiente y adaptado a su condición estratégica, capaz de favorecer el comercio, la logística, el turismo, la inversión y la creación de empleo"

Arancha Campos, presidenta de la CECE
Arancha Campos, presidenta de la CECE | Archivo
Redacción
09 jun 2026 - 11:21

La Confederación de Empresarios de Ceuta ha mantenido, en los últimos dias, una reunión con la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El objetivo de este encuentro, que parece dejar un buen sabor de boca en la delegación ceutí a tenor de sus palabras, era "trasladar algunas de las principales barreras aduaneras y normativas que condicionan el desarrollo económico de la ciudad y limitan la competitividad de sus empresas. Concretamente se ha expuesto que la singular situación administrativa y regulatoria de Ceuta genera importantes dificultades para el tráfico de mercancías, el funcionamiento del puerto, la actividad comercial y la capacidad de atraer nuevas inversiones, afectando igualmente al aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la ciudad por su posición estratégica entre Europa y África".

La CECE explica que abordó cuestiones "como la imposibilidad práctica de comercializar determinados productos en condiciones de igualdad con el resto del territorio nacional y europeo, la duplicidad de controles administrativos entre Ceuta y la Península, los problemas de logística inversa y devoluciones de mercancías, las limitaciones derivadas de una normativa que ha quedado desfasada y la necesidad de adaptar el marco regulatorio a las actuales dinámicas económicas".

Esta reunión "se enmarca en la línea de trabajo que CECE viene desarrollando desde hace meses para poner de manifiesto las dificultades estructurales que soporta la economía ceutí. En este sentido, la Confederación recordó que hace unas semanas presentó un informe técnico-económico sobre algunas de dichas barreras aduaneras, documento que fue remitido al Ministerio de Economía, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a otras administraciones e instituciones competentes, con el objetivo de promover una actuación coordinada". Sin embargo, y pese a que fue la propia CECE la que elaboró el informe, la entidad empresarial considera que "el impacto económico es mucho mayor que el recogido en dicho informe si se tienen en cuenta los efectos intangibles y el lucro cesante que estas barreras generan: inversiones que no llegan a realizarse, proyectos empresariales que se abandonan, oportunidades comerciales perdidas, pérdida de competitividad, deterioro de la posición estratégica del puerto y limitaciones para el desarrollo económico y turístico de la ciudad".

Para la Confederación, un punto destacable del encuentro fue "que la Dirección General de Política Económica compartió la necesidad de analizar estas cuestiones identificando, además, el procedimiento previsto en el artículo 28 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado como un cauce adecuado para canalizar formalmente estas reclamaciones y favorecer la coordinación entre las distintas administraciones con competencias en la materia. Este reconocimiento supone un paso importante, ya que estas dificultades no pueden seguir siendo contempladas como problemas aislados o exclusivamente territoriales, sino como obstáculos regulatorios que afectan al normal funcionamiento de la actividad económica y requieren una respuesta conjunta por parte de la Administración".

Además, la CECE anuncia que seguirá manteniendo encuentros de este tipo en próximas semanas. En este sentido, anuncia una reunión "con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para profundizar en el contenido del informe presentado y seguir impulsando las reformas necesarias para eliminar obstáculos que lastran el desarrollo de Ceuta. Consideramos que la ciudad no puede continuar soportando desventajas competitivas derivadas de procedimientos administrativos y marcos normativos que no responden a la realidad económica actual". El objetivo es propiciar " un entorno regulatorio moderno, eficiente y adaptado a su condición estratégica, capaz de favorecer el comercio, la logística, el turismo, la inversión y la creación de empleo".

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