La Plataforma de Autónomos 30N pide evaluar el impacto de la crisis en las pymes de Ceuta

Ceuta/ La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N ha reclamado a las administraciones una evaluación del impacto económico que la crisis migratoria de julio de 2026 tuvo sobre los pequeños negocios de Ceuta. La petición llega después de que la Cámara de Comercio cifrara en más de 33 millones de euros las pérdidas directas acumuladas hasta finales de agosto y de que el Gobierno de la Ciudad elevara esa estimación a 75 millones. El colectivo reclama conocer qué ayudas se han abonado, a quién han llegado y si han sido suficientes para compensar los perjuicios sufridos.

En un comunicado, la plataforma considera necesario analizar las consecuencias de aquella situación sobre la actividad comercial, las pérdidas acreditadas y las necesidades que todavía no hayan obtenido respuesta. “El balance de una ayuda pública no puede limitarse al presupuesto anunciado, hay que comprobar a quién llegó, cuándo se abonó y qué parte del perjuicio permitió cubrir”, sostiene.

En línea de las medidas de apoyo anunciadas, precisamente el pasado miércoles 21 de octubre, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, firmó en Ceuta un convenio con la Cámara de Comercio que moviliza 10 millones de euros para reactivar el consumo y modernizar pymes y autónomos. El programa incluye bonos y descuentos comerciales, campañas para atraer compradores, digitalización, apoyo al emprendimiento y medidas para facilitar el relevo generacional.

La Plataforma 30N pide, precisamente, comprobar si estas iniciativas y las ayudas aprobadas tras la crisis han llegado a los negocios afectados y han respondido a sus necesidades. “No pedimos privilegios ni trato de favor. Pedimos que se compruebe si las medidas llegaron a quienes las necesitaban y si fueron suficientes”, afirma.

Pérdidas millonarias y caída de la facturación

Las estimaciones conocidas reflejan el impacto que sufrió el tejido empresarial ceutí. La Cámara de Comercio calculó en más de 33 millones de euros las pérdidas directas hasta finales de agosto, a partir de la facturación real de más de 300 empresas. El 22 de octubre, el Gobierno de la Ciudad situó las pérdidas directas en 75 millones de euros.

Según los datos de la entidad cameral local, el comercio redujo su facturación cerca de un 53%, mientras que la hostelería y la restauración registraron una caída del 50,7%. En el sector turístico, las cancelaciones se aproximaron al 90% y tres de cada cuatro empresas tuvieron que introducir ajustes en sus plantillas. A estas pérdidas se suma un impacto estimado de unos 170 millones de euros sobre la imagen y la confianza exterior de Ceuta.

La organización recuerda que la caída de ingresos no detiene los gastos que deben afrontar autónomos, pequeños comercios y negocios familiares. En esa misma línea, la Plataforma insiste en que los alquileres, las cuotas y los suministros continúan generando costes aunque la facturación se reduzca o la actividad tenga que interrumpirse; y por ello considera que la respuesta pública debe tener en cuenta tanto las pérdidas acreditadas como la capacidad de cada negocio para recuperarse.

La Plataforma 30N reclama que la evaluación no se limite al volumen de recursos anunciados, sino que permita conocer las cantidades efectivamente abonadas, los criterios de acceso y los obstáculos que hayan podido encontrar los negocios para solicitar las ayudas. Si el análisis detecta pérdidas o necesidades sin cubrir, pide estudiar medidas complementarias con requisitos claros y trámites accesibles.

El colectivo defiende que reconocer el papel de los autónomos en el comercio de proximidad y en la actividad económica de los barrios debe traducirse en respuestas concretas cuando una situación ajena a su control pone en riesgo la continuidad de sus negocios. La plataforma precisa que su reclamación se dirige a las administraciones y a la respuesta económica ofrecida ante la crisis, desde el respeto a los derechos y la dignidad de las personas migrantes.

10 millones para incentivar el consumo, que se suman al primer plan de choque

El convenio firmado por Carlos Cuerpo y la Cámara de Comercio contempla un primer tramo de cinco millones de euros, gestionado por la entidad cameral, destinado a estimular el consumo y favorecer precios más competitivos. De esa cantidad, 2,68 millones se reservan para incentivar las compras y atraer nuevos consumidores.

Entre las medidas figura el programa BuyBono, que permitirá realizar compras de hasta 300 euros por persona con un descuento subvencionado del 25%, de modo que el consumidor abone el 75% del importe. También se prevén descuentos aplicados directamente en caja, cofinanciados por el programa y los establecimientos, además de tres campañas distintas de estos bonos hasta primavera que buscan promover las compras locales y atraer clientes del Campo de Gibraltar y Andalucía mediante la iniciativa 'Ceuta Destino'.

El acuerdo incluye también actividades para dinamizar las zonas comerciales, como ferias, mercados temáticos, pasacalles y una Semana del Comercio, y en el marco de modernización de comercios las empresas podrán solicitar, mediante convocatoria pública, ayudas directas con una cuantía media de 6.000 euros por proyecto para renovar equipos informáticos y terminales de punto de venta, mejorar escaparates o incorporar sistemas de seguridad, iluminación eficiente y climatización.

La digitalización y la apertura de nuevos mercados dispondrán de una dotación global de 520.000 euros, además, de otros 150.000 euros que se destinarán al emprendimiento y al relevo generacional, con subvenciones de hasta 10.000 euros para cubrir costes de traspaso y evitar el cierre de establecimientos viables por jubilación.

El convenio con la Cámara de Comercio se suma al plan de choque aprobado por el Gobierno central mediante el Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, que moviliza 309 millones de euros durante los cuatro últimos meses del año para responder a las consecuencias de la crisis migratoria.

El plan de choque se distribuye en cuatro partidas: 118 millones de euros para acogida, 90 millones para seguridad, 80 millones para apoyar la actividad económica y 21 millones para servicios esenciales. De los fondos destinados a la economía, 36,6 millones corresponden a ayudas directas a empresas y autónomos.