Educación invierte 89.540 euros en la ciberseguridad de la red escolar de comunicaciones de Ceuta y Melilla

Ceuta/ La Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha publicado formalmente este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de licitación para la contratación de un servicio especializado de centro de operaciones de seguridad e información de eventos (SOC/SIEM). Esta infraestructura de comunicaciones seguras está destinada al ámbito de los centros educativos situados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El procedimiento administrativo, tramitado de forma ordinaria bajo un modelo de procedimiento abierto, cuenta con un presupuesto base de licitación de 89.540 euros (que equivalen a 74.000 euros sin impuestos) y un valor estimado que asciende a 148.000 euros.  

Esta inversión tecnológica en el tejido educativo de Ceuta y Melilla se enmarca dentro de las demandas de refuerzo de los servicios públicos y la seguridad institucional en los territorios norteafricanos, en un contexto marcado por la exigencia de dotar de mayores recursos materiales a las ciudades autónomas tras los recientes acontecimientos fronterizos y las peticiones ciudadanas de protección de infraestructuras críticas.

El expediente de contratación nace de la solicitud emitida el 14 de julio de 2026 por el director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). Ante la necesidad de gestionar la seguridad de las redes, la Subdirección General de Personal del Ministerio emitió un certificado de insuficiencia de medios con fecha 16 de julio de 2026. En dicho certificado, firmado por la subdirectora general Inmaculada Toribio Candil, se justifica formalmente que el INTEF carece de recursos personales propios suficientes para administrar y gestionar servicios especializados en ciberseguridad y sistemas cortafuegos.

Asimismo, el informe detalla la ausencia de personal interno acreditado mediante formación o certificación profesional vigente en disciplinas como seguridad perimetral, plataformas SIEM, respuesta ante incidentes, administración de redes o seguridad defensiva.

La última inversión en Educación

En línea con otras mejoras en la misma área, el pasado jueves se formalizó un contrato de 360.000 euros para la instalación de vallas en cinco colegios públicos de Ceuta, una inversión que se integra en el conjunto de actuaciones impulsadas por el Gobierno central tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Entre las medidas anunciadas se encuentra un plan de choque de 309 millones de euros, desplegado hasta diciembre, que incluye recursos para reforzar la acogida, la seguridad, la actividad económica y los servicios esenciales.

Dentro de este último apartado se reservan 21 millones de euros para áreas como la sanidad, la justicia y la educación. En el ámbito educativo, los fondos previstos también contemplan medidas de seguridad privada, aulas matinales en institutos y atención psicosocial para la comunidad educativa.

Plazos de ejecución y características del contrato

El contrato ha sido sujeto a regulación armonizada al estar cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) y se rige por la Directiva 2014/24/UE.

El plazo de ejecución se establece en 24 meses contados a partir de la formalización del servicio, el cual se prestará en las ubicaciones territoriales adscritas al código NUTS ES300. Además, la licitación fue enviada previamente al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el 22 de octubre de 2026 antes de su publicación en el BOE. 

Las empresas interesadas en pujar por el servicio deben cumplir con estrictas condiciones de aptitud e integrarlas mediante la presentación telemática del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP).

Entre los requisitos obligatorios de admisión se enumeran: 

• Demostrar la capacidad de obrar y la habilitación empresarial pertinente.  
• Declarar la ausencia de prohibiciones para contratar con la Administración pública.  
• Acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
• En el caso de empresas extranjeras, aportar una declaración de sometimiento expreso a la legislación española. 
•  Justificar la solvencia económica y financiera mediante la cifra anual de negocio, así como la solvencia técnica o profesional a través de los trabajos realizados conforme a los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP).  

Adicionalmente, el pliego establece condiciones especiales de ejecución de carácter obligatorio: la empresa adjudicataria queda obligada a cumplir estrictamente la normativa nacional y europea de protección de datos, y debe garantizar que todo el personal adscrito al contrato que maneje datos personales realice obligatoriamente una formación específica en esta materia de al menos 10 horas de duración.  

Criterios de adjudicación y calendario de apertura de plicas

La adjudicación del servicio no se rige exclusivamente por el factor económico, sino que contempla varios criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas matemáticas:

1. Oferta económica: con una ponderación mayoritaria del 80%.
2. Incremento de EPS sin coste: ponderado con un 10%.
3. Incremento del periodo de retención de logs: ponderado con un 10%.

El plazo límite para la recepción de ofertas electrónicas finaliza a las 23:59 horas del 24 de noviembre de 2026. Los licitadores mantendrán la obligación de conservar sus ofertas durante un plazo de 15 días.

Las aperturas de los sobres de documentación se celebrarán en actos privados en la Sala 112 del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (situado en la calle Los Madrazo, 15-17, de Madrid) conforme al siguiente calendario:  

• Sobre 1 (Documentación administrativa y de aptitud): 25 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas.
• Sobre 2 (Oferta económica y criterios evaluables por fórmulas): 25 de noviembre de 2026 a las 10:15 horas.

Cualquier posible recurso especial en materia de contratación deberá interponerse ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (situado en la calle General Perón de Madrid) en el plazo legal de quince hábiles establecido en el artículo 50 de la Ley de Contratos del Sector Público.