La madre de una niña con TEA exige su traslado a San Antonio por su seguridad

Ceuta/ Tras años mudando de centro educativo en busca de uno que le ofreciera una educación “adaptada a su condición”, una ceutí de 10 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) vivió el 17 de diciembre de 2025 una experiencia que hizo rebosar el vaso de la paciencia de su familia. Aquel día se ausentó el tutor de apoyo que habitualmente la acompañaba y, en mitad de una crisis de “ansiedad severa”, le impidieron salir del aula, cuya puerta cerraron a cal y canto. La niña trató de escapar de tal “situación de bloqueo” a través de una ventana de la clase ubicada en el segundo piso. Llegó a encontrarse “parcialmente fuera de ella”. Los gritos de su hermana pusieron en alerta al personal que por allí se hallaba, que salvó a la joven de “una tragedia”. Tras aquel episodio (que, según sus familiares, estuvo antecedido de otras escenas de agresiones físicas y acoso, aunque no se activaron protocolos), sus progenitores entendieron que el colegio Lope de Vega “no puede garantizar la integridad física ni emocional” de la menor. Solicitaron un cambio de centro (al CEE San Antonio) que, dicen, les acaban de negar, lo que los ha motivado a convocar a la prensa este martes para denunciar lo sucedido. Desde el Ministerio niegan que se haya rechazado el traslado y aseguran estar a la espera del informe del inspector de referencia del colegio.

Mientras Milagros García, la madre de Miranda, pronunciaba un discurso escrito en unos folios frente al objetivo de las cámaras de televisión, su marido asentía y, en alguna ocasión, cuando la madre se rompía, acariciaba su brazo. “Voy a intentar no emocionarme”, se comprometía al inicio de su intervención, pasadas las 11:00 horas. Acababa de salir de la sede de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación (MEFPyD) en Ceuta, a cuyas puertas realizó la protesta al término de la reunión que mantuvo con un inspector de la institución. Comenzó García reprochando ante los medios de comunicación que no la atendiera el inspector de referencia del colegio de su hija. No lo explicó, pero este periódico ha podido saber que el susodicho se halla en mitad de un permiso concedido por la hospitalización de un familiar, según ha confirmado el ministerio.

Los tutores legales de Miranda han solicitado “de manera inmediata” un cambio de modalidad educativa y su “salida urgente” del Lope de Vega, a cuyo equipo directivo ha agradecido su “apoyo constante”, aunque sus actuaciones no redundaran en una solución real para su hija ya que, según la madre, “se les escapa”. El cambio referido supondría que la alumna deje de acogerse a la modalidad ordinaria y pase otra en la que reciba una educación especial. Esta medida se adopta cuando la administración determina que el menor en cuestión no puede seguir evolucionando en un modelo de escolarización para niños sin necesidades educativas especiales.

La solicitud se produjo un día después del incidente ocurrido el 17 de diciembre. El centro, según el relato de la madre, le prometió que el cambio de centro se produciría “tras las vacaciones”. “El día ocho vuelve la niña al centro y durante semana agilizaremos el cambio”, dice García que le comunicaron en el Lope de Vega. Sin embargo, la madre ha denunciado este martes que en la reunión recién celebrada les han informado de que el traslado a San Antonio no será posible. Según la progenitora, el inspector no lo considera adecuado y ha decidido mantener a la menor en el Lope de Vega con la promesa de que ampliarán los recursos para su protección (como medidas de seguridad en las ventanas o un aumento de los tutores de apoyo).

La madre ha relatado que Miranda ha sufrido “agresiones físicas” durante este curso. Una de ellas, “especialmente grave”, durante el recreo. Según ha narrado, “varios alumnos realizaron un reto para decidir quién pegaba antes a nuestra hija, propinándole un golpe por detrás en la cabeza”. “Estos hechos evidencian una falta de medidas de protección especialmente grave tratándose de una menor con discapacidad”, ha opinado, aunque, a su vez, ha defendido las actuaciones del Lope de Vega para proteger a su hija. Ha asegurado que han hecho “todo lo posible”. Sin embargo, ha reconocido no tener constancia de que el centro activara ningún protocolo antiacoso ante las situaciones expuestas. La inexistencia de estas medidas ante el caso de la menor de 10 años ha sido confirmada a este diario por la Dirección Provincial del MEFPyC. Según han matizado, ante cualquier sospecha de acoso se ponen en marcha los protocolos, por lo que apuntan a “falta de indicios” en el caso de Miranda para explicar por qué no se actuó.

El modelo ordinario o especial

García, que se ha presentado como una “profesional especialista en trastornos del espectro autista”, asegura que, en los últimos años, los recursos habilitados para la inclusión de su hija en el modelo educativo ordinario “no han funcionado”. Se queja de que la menor no ha recibido “una atención que tuviera en cuenta su condición”. Hace tres cursos regresó al Lope de Vega, donde había estudiado años atrás. Tenían la esperanza de que la incluirían en las aulas TEA con las que cuenta el centro. Pero tan solo le asignaron “dos horas semanales de apoyo” en la misma. Algo, para su madre, “claramente insuficiente y no acorde con su dictamen ni sus necesidades reales”. Asegura que en el curso actual ni siquiera ha podido contar con esas horas, sin que le hayan ofrecido una asistencia “individualizada”.

Según trasladan a este diario desde la Dirección Provincial del MEFPyC en Ceuta, la administración intenta siempre que los menores con neurodivergencias pasen el mayor tiempo posible en aulas “ordinarias”. Es por ello que van sumando horas en las TEA de manera progresiva, en función de las necesidades del alumno, pero tratando siempre de incluirlo en el modelo educativo de los niños sin necesidades especiales. Solo cuando los orientadores constatan que el menor no puede seguir evolucionando en la modalidad ordinaria se deciden a que intervenga un inspector para decidir si cambiarlo a un centro especial o no. Ello en virtud del paradigma de la educación basada en la inclusión de todo el alumnado que vertebra la gestión educativa actual.

Para la madre de Miranda, esta idea de inclusión es “una mentira”. “Es mentira porque no existen los recursos necesarios para que esa inclusión sea efectiva. Cuando un alumno está en un centro y no puede acudir a todas las actividades que se hacen porque no están adaptadas, cuando el entorno no es amable, cuando no quiere bajar al recreo porque el entorno no es amable, es hostil, cuando no quiere ir a clases de educación física porque el entorno no es amable y es hostil, estamos hablando de que el menor no está incluido”, expuso este martes. Según relató, su hija no participa “con normalidad” en las actividades del centro, no puede acudir sola a las extraescolares o no puede formar parte de las celebraciones porque “no están adaptadas a su sensibilidad sensorial”. Además, narró que durante la jornada lectiva permanece varias horas fuera del aula, a veces “sin supervisión”, paseando con “el conserje”. “Esto no es inclusión”, sentenció.

El procedimiento del Ministerio

El testimonio de la madre sobre el rechazo por parte del Ministerio a trasladarla al CEE San Antonio difiere de la versión ofrecida a El Pueblo de Ceuta por parte del director provincial del MEFPyD, Miguel Señor, quien garantiza que aún no se ha decidido el futuro de la menor ya que siguen a la espera del informe del inspector de referencia del Lope de Vega, actualmente de permiso de trabajo. “No es una medida automática -el cambio de centro-. Conlleva un procedimiento administrativo. Hasta que no esté el informe del inspector, que se elabora en función de lo que la madre denuncia, no se sabe”, ha explicado el mandatario a este periódico.

Acorde a las explicaciones de Señor, el Ministerio ha activado un procedimiento “extraordinario” para el caso de Miranda, debido a su excepcionalidad. El proceder ordinario lleva implícito unos plazos más largos que prolongan la decisión del traslado de centro educativo al curso siguiente. Pero, dada la urgencia de la situación de la menor de 10 años, actuarán con mayor agilidad para decidir cuanto antes. En circunstancias normales, la inspección educativa acude al centro para valorar el caso a principios del tercer trimestre tras ser requeridos por la orientadora cuando elabora un dictamen en el que determina que el alumno no puede seguir evolucionando.

A partir de “abril o mayo”, según el director provincial, los inspectores estudian la petición y, en caso de autorizarse el cambio de centro, lo comunican con tiempo para que el Ministerio pueda solicitar la nueva plaza. “Esto nos permite dimensionar los recursos que vamos a necesitar de un curso para otro, para pedir a los servicios centrales si necesitamos o no más aulas, porque San Antonio tiene las plazas que tiene”, aclara Señor.

En este caso, que han conocido “recientemente”, se está evaluando la situación de manera individual y con urgencia. “Si se ve que hay excepcionalidad, de manera inmediata se considera hacer el traslado durante el curso, como algo excepcional”, insiste. El docente de profesión explica que el cambio de centro es siempre la última opción, ya que la administración siempre intenta que todos los menores pasen en las aulas ordinarias el mayor tiempo posible en pro de una inclusión real.