“Los centros de trabajo en Cádiz y Ceuta han mejorado notablemente en términos de seguridad”

El jurista y político español José Blas Fernández Sánchez nació en 1947 en Cádiz y ha sido Parlamentario de las Cortes Generales en las Legislaturas VII, VIII y X. Ocupó la portavocía de Empleo y Seguridad Social y miembro de las Comisiones de Justicia, Economía y Trabajo. Fue primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, siendo el edil con mayor número de años de permanencia, desde 1983 hasta junio de 2015 (36 años).

Ex-presidente y presidente de Honor del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y actualmente es el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz, cargo que ostenta desde 1980. Desde el día 3 de marzo de 2017 es también presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, con demarcación en Ceuta y Melilla. En esta entrevista con El Pueblo repasa aspectos relativos a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o a “desafíos” relacionados con la salud mental de los trabajadores.

Pregunta. ¿Los centros de trabajo en Cádiz y Ceuta son lugares seguros? ¿Existe una real conciencia preventiva entre empresarios y trabajadores?

Respuesta. Los centros de trabajo en Cádiz y Ceuta han mejorado notablemente en términos de seguridad en los últimos años, especialmente en aquellos sectores donde existe una mayor regulación y tradición preventiva, pero la realidad sigue siendo desigual. Es cierto que hoy hay una mayor sensibilización tanto por parte de empresarios como de trabajadores, aunque todavía no podemos hablar de una cultura preventiva plenamente consolidada. En muchas ocasiones, la prevención se sigue viendo como una obligación formal que hay que cumplir, más que como una herramienta estratégica para mejorar la organización del trabajo y proteger a las personas. Desde la experiencia de los graduados sociales, comprobamos que cuando la prevención se integra de verdad en la gestión diaria de la empresa, los resultados son claros, disminuyen los accidentes y mejora el clima laboral.

P. ¿Se cumple de manera efectiva la Ley de Prevención de Riesgos?

R. El cumplimiento de la Ley existe, pero con matices importantes. Podríamos decir que, en términos generales, las empresas cumplen desde un punto de vista formal, es decir, disponen de evaluaciones de riesgos, planes de prevención y formación, pero otra cosa distinta es el cumplimiento efectivo en el día a día. Ahí es donde encontramos todavía carencias, porque no siempre esas medidas se trasladan a la práctica real en los centros de trabajo. En este contexto, el papel del graduado social es fundamental, ya que no solo asesora en el cumplimiento normativo, sino que ayuda a que esas medidas se adapten a la realidad concreta de cada empresa y se conviertan en algo útil y operativo.

P. La reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales está en marcha. Uno de los aspectos en los que incidirá es el de la reorganización de la gestión preventiva en las pequeñas y medianas empresas. Una de las propuestas es la de limitar la posibilidad de que un empresario asuma personalmente la actividad preventiva. ¿Los cambios previstos serán asumibles por las pymes? Hay voces que sostienen que la medida implicará una carga organizativa desproporcionada para los negocios de menor tamaño.

R. La reforma plantea cuestiones razonables, como es la necesidad de profesionalizar la prevención ante una materia cada vez más compleja, pero la clave estará en cómo se aplique. Limitar que el empresario asuma directamente la actividad preventiva puede tener sentido desde el punto de vista técnico, pero si no se acompaña de medidas que faciliten su aplicación, como simplificación administrativa, herramientas accesibles o apoyo real a las pequeñas empresas, puede suponer una carga difícil de asumir. Las pymes son la base de nuestro tejido productivo y no pueden afrontar estructuras pensadas para grandes compañías, por lo que es imprescindible que cualquier reforma se base en el principio de proporcionalidad y en el acompañamiento efectivo.

P. Otro de los aspectos sobre los que la reforma incide es el de la necesidad de prestar mayor atención a los riesgos psicosociales y la salud mental. ¿Cómo cree que debería implementarse la protección que la norma debe brindar a los trabajadores en este terreno?

R. La salud mental y los riesgos psicosociales se han convertido en uno de los grandes desafíos del mundo laboral actual y requieren un enfoque serio y estructurado. No basta con reconocerlos en la norma, es necesario que se evalúen de forma real, teniendo en cuenta factores como la carga de trabajo, la organización del tiempo, la presión laboral o la desconexión digital. También es clave formar a quienes gestionan equipos, porque muchas situaciones de estrés o conflicto pueden prevenirse desde una buena dirección. Además, las empresas deben contar con protocolos claros y eficaces para actuar ante situaciones de acoso o deterioro del clima laboral. Todo ello debe hacerse con seguridad jurídica, para que las empresas sepan cómo actuar y los trabajadores tengan garantías reales de protección, y en este terreno el graduado social desempeña un papel muy relevante como figura de equilibrio y mediación.

P. El Colegio ha advertido del riesgo que comporta el absentismo laboral para la sostenibilidad del sistema y la supervivencia de miles de pymes. ¿Qué medidas propone la institución para corregir lo que considera una amenaza para la estabilidad de la economía?

R. El absentismo laboral es una cuestión compleja que no puede abordarse desde una única óptica ni simplificarse. Desde el Colegio entendemos que es necesario actuar sobre varias palancas al mismo tiempo, empezando por una mejor coordinación entre los servicios públicos de salud, las mutuas y las empresas, de forma que se reduzcan los tiempos de espera en diagnósticos y tratamientos. También es importante agilizar los procesos de incapacidad temporal para evitar prolongaciones innecesarias y reforzar la prevención, especialmente en el ámbito de los riesgos psicosociales, que están detrás de muchas bajas. Al mismo tiempo, las empresas necesitan contar con un marco claro y seguro para gestionar estas situaciones sin generar conflictos. En definitiva, se trata de encontrar un equilibrio que garantice derechos, pero que también preserve la sostenibilidad del sistema.

P. ¿Cómo se traduce la colaboración abierta entre los colegios de graduados sociales y las mutuas en términos de beneficio para empresas y trabajadores?

R. La colaboración entre los colegios de graduados sociales y las mutuas se traduce en una mejora clara del funcionamiento del sistema en su conjunto. Permite gestionar de manera más ágil las situaciones de incapacidad temporal, facilita el asesoramiento tanto a empresas como a trabajadores y contribuye a prevenir errores que pueden derivar en conflictos. Además, refuerza las acciones de formación y sensibilización en materia preventiva y ayuda a alinear criterios entre los distintos agentes implicados, lo que aporta seguridad jurídica. En definitiva, esta cooperación genera un entorno más eficiente, más coordinado y más útil para todos, tanto para las empresas como para los trabajadores.