El diálogo social se enreda en los incrementos del salario mínimo

La inminente firma del convenio colectivo del sector de limpieza de edificios y locales podría interpretarse como un signo de la buena marcha del diálogo social en Ceuta. Pero lo cierto es que este acuerdo, sancionado por los trabajadores el pasado martes, ha estado jalonado por un sinfín de desencuentros y roces que dan el tono del estado actual de la relación entre sindicatos y patronal. “No se puede decir que haya sido una negociación fácil”, confesaba el secretario general de la FeSMC-UGT, Abselam Andelah, tras la decisión de los empleados afectados de aceptar la última oferta de los empresarios.

Las negociaciones continuarán siendo difíciles. La presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, no lo duda. “Los sindicatos se han acostumbrado a la forma de negociar del Gobierno, que es por decreto, y a recurrir al ‘siempre tengo la razón porque la tengo’”, reprocha la líder de la patronal.

La negociación del convenio colectivo del comercio, un sector pilar de la economía local, constituye el más acabado ejemplo de la absoluta falta de sintonía entre las organizaciones sindicales y los empresarios. Los trabajadores de los establecimientos comerciales de Ceuta regulan sus condiciones laborales por un convenio que acumula ya ocho años sin actualizarse. Los sindicatos ya han presentado una plataforma con sus principales reivindicaciones -el grueso de ellas de carácter salarial- y han instado a CECE a que ponga en marcha el procedimiento para iniciar las conversaciones. “Preveo que va a haber jaleo, que va a ser complicado”, aseguraba a mediados de semana el secretario general de CCOO, Ángel Lara. Y no se equivocaba.

La patronal vincula el comienzo de las negociaciones a la configuración definitiva del real decreto por el que el Gobierno pretende evitar que las empresas puedan absorber los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a través de determinados pluses y complementos salariales. “Hasta que no veamos si realmente ese decreto se materializa o no en el BOE no puede haber negociación, puesto que aún no sabemos exactamente cuánto va a ser el SMI”, argumenta Campos.

La visión de los sindicatos es muy otra. CCOO y UGT defienden la necesidad de dar a luz un nuevo convenio ya que el texto que actualmente regula las condiciones de los trabajadores del comercio no recoge las estipulaciones derivadas de la última reforma laboral. “Hay que actualizarlo entero”, insisten los sindicalistas.

El convenio del comercio debió de haberse comenzado a negociar tras la firma a finales del pasado año del de hostelería. Tras unas durísimas negociaciones, se rubricaba un acuerdo que ponía al día un texto cuya vigencia había decaído hace más de diez años.

El pacto que CECE, CCOO y UGT habían alcanzado es que el de comercio sería el segundo gran convenio que sentaría a sus representantes en la mesa de negociación. Los empresarios se negaron. Su argumento era el de que, iniciadas las conversaciones para cerrar el de limpieza de edificios, no disponían de capacidad para negociar dos convenios a la vez.

Los empresarios reiteran ahora su negativa. La ausencia de disposición de la patronal a iniciar las negociaciones supone un torpedo en la línea de flotación del diálogo social en Ceuta. Y puede marcar el comienzo de una época de conflictividad social.

El rechazo de la CECE a las subidas del SMI

Las subidas sucesivas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) constituyen, junto a la modificación de la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, el argumento más utilizado por la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) para justificar su reticencia a la apertura de mesas de negociación colectiva. El razonamiento de los empresarios, contestado por los sindicatos, es que una subida de salarios sin un incremento paralelo de la productividad redundará en más costes, menos inversión y menos empleo.

Los empresarios cuestionan que el Gobierno trate de eliminar la denominada cláusula de absorción, la fórmula de la que la patronal se vale para neutralizar las subidas del SMI incluyendo en ellas complementos y pluses. La CECE advierte de que si, además, se tiene en cuenta que el sistema de bonificaciones a la Seguridad Social decae este año, las empresas tendrían que afrontar un coste adicional al SMI del 25%. “Esto se añadiría a todos los costes sociales, y si nos quitan las bonificaciones a las cuotas empresariales, el coste del salario mínimo para un empresario de Ceuta rondaría los 30.000 euros”, se defiende la presidenta de CECE, Arantxa Campos, quien describe un panorama desolador que, según sostiene, supondría el cierre de muchas empresas.

La regulación en la que trabaja el Gobierno excluye de las reglas de compensación y absorción del SMI los complementos salariales de nocturnidad, toxicidad, penosidad, peligrosidad, turnicidad o disponibilidad, además de aquellos otros ligados a las características intrínsecas del trabajador (antigüedad, formación o residencia). Tampoco se podrán absorber los vinculados a la cantidad o calidad del trabajo como incentivos, primas de productividad o comisiones y los de carácter no compensable previstos en los convenios colectivos.

La tesis de los empresarios se sostiene sobre la idea de que la subida del salario mínimo constituye una “intrusión” del Gobierno en los procesos de negociación colectiva.

El Consejo de Ministros aprobaba el pasado febrero un real decreto por el que situaba el SMI en los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que representa un incremento del 66% desde el año 2018. La medida acabará beneficiando a unos 2,5 millones de trabajadores españoles.

“Ha de haber un equilibrio entre ingresos y gastos que permita obtener dinero suficiente para pagar los salarios, seguir invirtiendo y obtener beneficios, que es la razón por la que alguien abre una empresa”, argumenta Campos.

Lo que para la presidenta de CECE es una cuestión puramente existencial, para el secretario general de CCOO, Ángel Lara, no es sino una excusa para demorar permanentemente la negociación de los convenios colectivos. “Los empresarios tratan de equiparar los convenios al salario mínimo, lo cual se traduce en precariedad -sostiene Lara- Nosotros entendemos que si la legislación dicta que el mínimo se cifra en 1.221 euros, cualquier negociación debe superar esta cantidad”.