Absueltos todos los acusados en el macrojuicio por blanqueo vinculado al narcotráfico

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha dictado sentencia este martes al respecto del conocido como "macrojuicio por blanqueo", uno de los procedimientos judiciales más complejos en la historia de la ciudad autónoma. El fallo absuelve a los 12 acusados que acabaron la vista de los delitos de blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal por los que se les investigaba, enarbolando su derecho a la presunción de inocencia. El tribunal ha considerado que no existen los elementos necesarios para declarar como probados tanto el supuesto ilícito de integración en una organización criminal como el de blanqueo.

La resolución, fechada el 27 de abril de 2026 y a la que ha tenido acceso El Pueblo, llega casi un año y medio después de que la causa quedara vista para sentencia tras unas sesiones del juicio oral que se prolongaron durante dos intensos meses, desde el 1 de octubre hasta el 2 de diciembre de 2024. El fallo, de más de 300 páginas, representa un varapalo judicial a una investigación que se inició en 2018 y que la Fiscalía consideraba uno de sus casos estrella contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

La investigación, iniciada por la Guardia Civil en 2018, se centró en una presunta estructura familiar que habría blanqueado dinero procedente del llamado "petaqueo" —la actividad consistente en avituallar con combustible a embarcaciones dedicadas al tráfico de hachís en aguas del Estrecho de Gibraltar—. Según la acusación, esta red habría movido millones de euros a través de la adquisición de inmuebles, vehículos, embarcaciones y hasta una ganadería equina.

El Ministerio Fiscal había solicitado penas que superaban los 10 años de prisión para los implicados más destacados, además del decomiso de bienes valorados en varios millones de euros. Sin embargo, el tribunal ha considerado que las pruebas practicadas no permiten establecer con la certeza requerida la conexión entre los bienes investigados y las supuestas actividades delictivas.

Con esta sentencia, todos los acusados quedan en libertad sin restricciones, levantándose las medidas cautelares que pesaban sobre sus bienes. Las costas del procedimiento corren de oficio al no haber condenas, lo que supone que será el Estado quien asuma los gastos de un proceso que se ha extendido durante más de seis años.

La Fiscalía dispone ahora de 10 días para decidir si recurre la sentencia en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). De no hacerlo, el fallo quedará firme, poniendo punto final a uno de los casos más mediáticos relacionados con el narcotráfico en la zona del Estrecho de Gibraltar.

Del "petaqueo" a la falta de pruebas

En su extenso razonamiento, el tribunal explica que "en la inmensa mayoría de las adquisiciones de bienes y derechos y demás operaciones descritas en los hechos punibles del Ministerio Fiscal no ha podido determinarse que tuvieran su origen en fondos obtenidos con una actividad constitutiva de delito contra la salud pública relativo a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas".

La resolución judicial subraya que, aunque no se puede descartar completamente la existencia de irregularidades, "las consecuencias negativas del vacío probatorio deben recaer sobre las acusaciones", en aplicación del principio de presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución.

"Lo cierto es que en la inmensa mayoría de las adquisiciones de bienes y derechos y demás operaciones descritas en los hechos punibles del Ministerio Fiscal en las que se ha podido adentrar este tribunal sin quebrantar el principio acusatorio no ha podido determinarse, por mucho que tampoco pudiera descartarse en gran parte, que tuvieran su origen en fondos obtenidos con una actividad constitutiva de delito contra la salud pública relativo a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Partiendo de tal base, que constituye (...) el presupuesto inicial para poder afirmar que se habría cometido un delito de blanqueo de capitales siguiendo la tesis del Ministerio Fiscal, carece de sentido plantearse si las operaciones patrimoniales realizadas perseguían esa finalidad de tender a ocultar o encubrir su origen ilícito o a ayudar a quienes hayan tomado parte en la infracción penal de origen a eludir las consecuencias legales de sus actos y tenían una idoneidad objetiva y entidad suficientes", recoge textualmente la sentencia, en relación a los bienes que los 12 acusados habrían adquirido desde la supuesta actividad ilícita conocida como "petaqueo".

Extrema complejidad

El tribunal ha destacado la extrema complejidad del caso, que involucró a 19 personas inicialmente y se extendió por múltiples ramificaciones procesales. La sentencia dedica extensos apartados a analizar cuestiones procesales previas, incluyendo la validez de las intervenciones telefónicas y los dispositivos de geolocalización utilizados durante la investigación.

Uno de los aspectos más controvertidos fue la relación entre este procedimiento y otra causa paralela que investigaba directamente el narcotráfico, la cual fue sobreseída por falta de pruebas al no hallarse ningún alijo de hachís. Esta circunstancia procesal ha sido determinante en la argumentación del fallo absolutorio.

"Desde su perspectiva de regla de juicio el derecho a la presunción de inocencia exige, según viene afirmando el Tribunal Constitucional a partir de su sentencia 31/1981, de 28 de julio, la existencia de unas mínimas pruebas de cargo válidas de las que quepa inferir razonablemente la realización de una conducta subsumible, en términos generales, en la infracción penal por la que se formula la acusación. Como consecuencia de lo anterior, todos los elementos del tipo, a lo que deba añadirse los correspondientes a las circunstancias agravantes, ya sean genéricas o específicas, que se hayan hecho valer para fundar la pretensión punitiva tendrán que extraerse del acervo acreditativo con tales exigencias y, de no ser posible, las consecuencias negativas del vacío probatorio habrán de recaer sobre las acusaciones", reza textualmente la sentencia.

Las costas del procedimiento corren de oficio al no haber condenas.

La principal acusada: una agente de la Policía Local

Durante el juicio y en el ejercicio de su derecho a la última palabra, M.M.L., agente de la Policía Local de Ceuta, expareja del presunto cabecilla de la organización y también abogada, se declaró "inocente" y defendió que sus propiedades habían sido "sudadas y pagadas" mediante su trabajo legal.

La acusada, que llegó a ingresar en dos centros penitenciarios durante la instrucción del caso, negó haber tenido 33 vehículos puestos a su nombre (como sostenía la Fiscalía), afirmando que solo fueron 11 y "nunca a la vez".

Los hermanos fugados

F.J.P. y su hermano A.D.P., considerados por la Fiscalía como el líder y el lugarteniente de la trama respectivamente, permanecen en rebeldía procesal tras llevar más de cinco años huidos de la Justicia. Para ambos, el Ministerio Público había solicitado penas superiores a la década de cárcel. Las sonorizaciones practicadas a bordo de la embarcación recreativa 'White Seal', propiedad del primero, resultaron determinantes para acreditar la actividad del grupo. En las grabaciones, efectuadas entre julio y octubre de 2018, se escuchaban referencias a petacas de gasolina, cantidades de dinero y localizaciones como Algeciras, Huelva o Tarifa.

El entorno familiar del presunto cabecilla

A.L., madre del presunto líder y quien ejerció como promotora y constructora, defendió durante el juicio que sus bienes eran "fruto" de su trabajo y de la ayuda de sus hijos.

Su hija A.P., titular de una ganadería y hermana menor de los sospechosos fugados, expresó entre lágrimas su sorpresa por la acusación al poseer únicamente "un coche y una moto" a su nombre.

M.A., exnovio de A.P., fue el acusado más crítico con la labor investigadora del instituto armado durante el ejercicio a su derecho a la última palabra. Sostuvo que la Guardia Civil había “faltado a la verdad" al menos nueve veces respecto a su persona, alegando que pudo desmentir cada afirmación con documentación acreditativa.

Los supuestos colaboradores

C.S. (supuesto piloto de narcoembarcaciones) y su esposa R.T., también han salido absueltos. Durante las sonorizaciones, la Gurdia Civil y la Fiscalía apreciaron que la voz de C.S. aparecía junto a la de otros acusados hablando de cargas, relevos y la vigilancia de las fuerzas de seguridad. El matrimonio criticó en la vista la investigación por no haber sido "un trabajo transparente", señalando incluso errores en la dirección consignada para el registro de su vivienda. Ambos fueron defendidos por el letrado Néstor García León.

A N.H., exmilitar identificado en las grabaciones también como piloto de embarcaciones, en las escuchas se le oía afirmar que había sido disparado por "los picolos" —término coloquial para referirse a la Guardia Civil— en altamar. El acusado confesó en sus declaraciones durante el juicio que el proceso había causado "un impacto grande" en su familia.

La familia de F.J.R.

F.J.R. y C.M., junto con los padres de esta última y su tía (A.M. y D.V.O.), también han salido absueltos. Todos ellos se declararon inocentes y defendieron que las adquisiciones investigadas procedían del ahorro acumulado durante 53 años de cotización del patriarca de la familia. Eran los menos salpicados en el caso y su pena podría haber sido suspendida de no haber alcanzado más de dos años de cárcel.

En este sentido, al jinal del macrojuicio la Fiscalía no se opuso a la suspensión condicional de las penas inferiores a dos años de prisión dado que la mayoría de los acusados carecen de antecedentes penales.

Sonorizaciones a bordo de la 'White Seal'

Las pruebas sustentadas por la Guardia Civil se basaban en grabaciones efectuadas mediante balizas ocultas en la referida embarcación recreativa 'White Seal', que constituyeron el eje central de la acusación. En ellas, los investigados hacían presuntas referencias a cambios frecuentes de teléfonos móviles, al uso de aplicaciones de mensajería encriptada y a la presencia de "chivatos" que les informaban de las actuaciones policiales. En una conversación, el supuesto cabecilla le habría advertido a otro interlocutor de que les estaban "haciendo fotos", a lo que su acompañante le respondió: "¿Qué fotos van a echar si nos tienen a todos ‘enfotaos’?".

La causa matriz, con la que la extinta unidad de la Guardia Civil OCON-Sur investigaba una red de personas y de presuntos delitos contra la salud pública, fue sobreseída años antes de la explotación de la segunda por falta de pruebas al no hallarse ningún alijo de hachís. No obstante, las evidencias recabadas —intervenciones telefónicas y dispositivos de geolocalización— fueron trasladadas a la instrucción por blanqueo de capitales que derivó en el macrojuicio. 

"Todos los extremos referidos operan como indicios, a los que tienen que agregarse la circunstancia notoria (...) de que en la zona norte de África cercana al Estrecho de Gibraltar se encuentra una de las zonas productoras de hachís más importantes del mundo, que permiten presumir (...) que F.J.R. adquirió la moto acuática y la embarcación con dinero procedente del desarrollo por el mismo de actividades encaminadas de una manera u otra a la distribución fuera de cualquier previsión legal, como poco, de hachís. Aun siendo posibles otras alternativas (...), es la única conclusión con un mínimo de lógica a la que puede llegarse. Todas las demás hipótesis se presentan como absurdas no sólo por esa concatenación en sí de los puntos fácticos tomados en consideración sino por su negativa a facilitar cualquier posible explicación sobre cuál sería el origen concreto de los fondos con los que habría pagado el precio de dichos bienes a pesar de habérsele preguntado específicamente al respecto", argumenta la sentencia al respecto de uno de los últimos acusados referidos en esta publicación.