Amplio despliegue en la barriada anexa al Polígono del Tarajal por el estado de los animales

Un amplio despliegue policial sorprendió este jueves a los vecinos de la barriada anexa al Polígono del Tarajal. Desde las 7.00 horas, agentes del SEPRONA, miembros de la Consejería de Sanidad, del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) acudieron a la zona tras varios avisos ciudadanos sobre el estado en el que se encuentran algunos animales alojados en patios, espacios próximos a viviendas y zonas exteriores de este entorno próximo a las naves.

La actuación se desarrolló durante buena parte de la mañana y tuvo como objetivo comprobar la situación de los animales, revisar documentación, verificar identificaciones y trasladar a los vecinos las obligaciones recogidas en la normativa de bienestar animal. “Desde 2023 esto se mira de otra manera, no es poca cosa”, explicaba a este diario uno de los agentes que se encontraba en la zona.

El movimiento vecinal se notaba desde temprano. Algunas familias comentaban la intervención policial y mostraban su sorpresa ante el despliegue. “Tengo todos los papeles de mi perro en regla. Míralo, es muy noble y por vivir en esta zona necesitamos tenerlo por lo que pueda pasar. Es muy protector con mis hijas”, explicaba a este diario una vecina, visiblemente molesta por la actuación.

Los agentes del GOA y del SEPRONA, junto a personal de Sanidad, recorrieron distintos puntos de la barriada mientras la UIR controlaba los accesos y prestaba apoyo al operativo. Según transmitieron a este diario fuentes presentes en la intervención, los avisos ciudadanos propiciaron la actuación de este jueves y la recopilación de información sobre las condiciones en las que se encontraban algunos animales.

La zona, pegada a la frontera marroquí y a las naves del Tarajal, presenta viviendas con patios anexos con puertas exteriores y muros de gran altura donde, en algunos casos, viven perros, gallinas o cabras -aunque la normativa se centra en animales de compañía y excluye los que están destinados a producción-.

Es una escena habitual en este entorno, aunque los agentes consultados insisten en que cada caso debe analizarse de forma individual para determinar si existe incumplimiento administrativo o una situación de riesgo para el animal.

La Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales fue aprobada el 28 de marzo de 2023 y entró en vigor en España el 29 de septiembre de ese mismo año. La norma establece obligaciones de tenencia responsable y prohíbe mantener de forma habitual a animales de compañía en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o vehículos, así como dejarlos sin supervisión durante varios días. En el caso de los perros, no pueden permanecer más de 24 horas sin atención.

La ley también exige garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, higiene, alimentación, agua, cuidados veterinarios y protección frente a las inclemencias meteorológicas. Por ello, la intervención se centró tanto en la documentación de los animales como en las condiciones reales en las que permanecen durante el día.

El incumplimiento puede salir caro

El incumplimiento de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales puede acarrear sanciones administrativas que, según la gravedad, van desde multas de 500 a 10.000 euros por infracciones leves, de 10.001 a 50.000 euros por graves y de 50.001 a 200.000 euros por muy graves.

Además, cuando existe maltrato, abandono en condiciones que pongan en riesgo la vida o integridad del animal, lesiones o muerte, puede entrar en juego el Código Penal, reformado por la Ley Orgánica 3/2023, con penas de multa, trabajos en beneficio de la comunidad, inhabilitación para la tenencia de animales e incluso prisión en los casos más graves.

Según los agentes consultados, muchas familias tenían documentación de sus animales, incluso identificación mediante chip, aunque en algunos casos se detectaron datos desactualizados, cartillas sin revisar o vacunas pendientes desde hace años. Uno de los aspectos que más preocupó durante la inspección fue precisamente la falta de seguimiento veterinario en determinados animales.

Tras el recorrido, miembros de Sanidad, del GOA y del SEPRONA dialogaron con varios vecinos a pie de calle para explicarles el sentido de la actuación y las obligaciones que deben cumplir. También se tomó nota de distintas situaciones y se cumplimentó documentación para dar traslado de las incidencias detectadas.

Según transmitieron a este diario, los propietarios que presenten deficiencias en la documentación, identificación o vacunación de sus animales dispondrán de un plazo de unos días para regularizar la situación. También deberán adaptar las condiciones en las que permanecen sus mascotas para evitar que vivan de forma habitual a la intemperie o en espacios no adecuados.

En caso de incumplimiento, se exponen a sanciones administrativas e incluso, en los supuestos más graves, a la retirada del animal o a la apertura de diligencias si se apreciara maltrato, abandono o riesgo para su integridad.