Condenada por resistencia a la autoridad en Ceuta una activista francesa

Una ciudadana de nacionalidad francesa vinculada a grupos humanitarios que trabajan en Ceuta desde la entrada masiva de finales de julio ha sido condenada este viernes en firme tras reconocer los cargos que le imputaba la Fiscalía: los delitos de resistencia a la autoridad y de lesiones leves. La mujer ha sido puesta en libertad tras su paso a disposición judicial y su detención en la misma jornada, según han confirmado a El Pueblo fuentes cercanas al caso.

La arrestada ha sido condenada a pagar multas tras conformarse con la pena solicitada por el Ministerio Público, una cantidad superior a los 800 euros en suma.

La detención tuvo lugar en las inmediaciones de la playa de Benítez en la madrugada de este 28 de agosto, y es la tercera que se produce en la misma semana hacia personas de colectivos humanitarios. Según confirmó el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a principios de semana también fueron detenidos dos activistas pertenecientes a la ONG No Name Kitchen.

Estas personas, de nacionalidad canadiense y alemana, están acusadas de un supuesto delito de resistencia a la autoridad tras presuntamente “haber alentado a grupos violentos" que respondieron con violencia a los agentes de las fuerzas de la seguridad, según el ministro.

Estos arrestos sí fueron denunciados por la organización No Name Kitchen en un comunicado en el que exigía su inmediata liberación por tratarse de voluntarios de esta asociación "con largo recorrido de trabajo humanitario en Ceuta" tras una actuación policial junto a la playa de Benítez mientras la organización repartía comida a las personas migrantes asentadas en la zona.

La organización ofreció en redes sociales otra versión de estos hechos: “Los agentes golpearon con porras a las personas que se encontraban allí y redujeron y esposaron a una de ellas. El equipo grabó lo que estaba sucediendo con sus teléfonos, y los agentes les pidieron la documentación, que les fue entregada sin oponer resistencia”, expresó la ONG literalmente, que también añadió que la Policía luego pidió registrar el vehículo de los activistas y les negó la asistencia letrada que solicitaron antes de que los agentes realizaran la inspección.

A diferencia del primer caso, estos arrestados no aceptaron los cargos que se les imputan y fueron puestos en libertad a la espera de juicio oral el próximo mes de noviembre, según informó días después No Name Kitchen.

Diversos colectivos humanitarios han condenado durante esta semana estas detenciones a activistas que están respondiendo sobre el terreno a la crisis humanitaria proporcionando alimentación, bienes de primera necesidad y asistencia sanitaria y letrada a los migrantes que aún no han sido alojados en los campamentos ni en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en las instalaciones que se están usando para acoger a menores de edad.