Condenado un dentista de Ceuta por mala praxis en una intervención bucodental

El Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción número 2 de Ceuta condenó este julio a pagar un total de 12.100 euros a un dentista, a la clínica de la ciudad autónoma en la que ejerce y a la aseguradora que daba cobertura al centro por una intervención odontológica negligente que derivó en un daño significativo para la paciente. La sentencia, que ya es firme al haber expirado el recurso de apelación de la parte condenada, estableció la responsabilidad conjunta de los tres actores demandados por un tratamiento quirúrgico cuyo resultado provocó unas secuelas físicas y estéticas que precisaron de otras operaciones médicas; cuyos costes también fueron solicitados por la acusación.

Según el fallo, al que ha tenido acceso El Pueblo de Ceuta tras ser remitido por la demandante, la intervención bucodental presentó unas irregularidades que, a juicio del tribunal, evidenciaron una mala praxis por parte del profesional y una falta de control adecuado por parte del centro médico. De la misma manera, la aseguradora quedó igualmente obligada al pago de la indemnización establecida por el juzgado.

La sentencia detalla la secuencia de las actuaciones clínicas realizadas. Las intervenciones del dentista condenado fueron practicadas entre 2020 y 2021, y se trataron de “una rehabilitación mediante coronas de zirconio sobre dientes o implantes para rehabilitar piezas ausentes y exodonciadas”, con los objetivos de restituir la función masticatoria y de mejorar estéticamente la sonrisa. El conjunto de estas operaciones, según el juzgado, derivó posteriormente en complicaciones cuya evolución motivó la demanda civil.

Las citadas complicaciones, tanto estéticas como físicas —incluidos "fuertes dolores"—, llevaron a la paciente a volver a pasar por más intervenciones odontológicas posteriores, cuyos gastos también se añadieron a la demanda. La acusación solicitó un total de 96.217,24 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios más los intereses legales y las costas procesales, si bien la magistrada estimó finalmente que la parte demandada debería afrontar parte de los costes del tratamiento inicial y los intereses legales desde la reclamación judicial.

Durante el procedimiento se incorporaron informes periciales, historia clínica, fotografías y documentos relativos al tratamiento y al seguimiento posterior. El letrado que representó los intereses de la demandante es Néstor García León.