Condenado un matrimonio de Algeciras que intentó traficar en Ceuta con un adelgazante ilegal

Una mujer y un varón han sido condenados este lunes con seis meses de prisión como autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de medicamentos que conllevan un riesgo para la salud de las personas por comerclailzar con fármacos ilegales que intentaron vender en Ceuta. Este matrimonio con domicilio en Algeciras (Cádiz) pasó a disposición judicial y fue investigado por esta causa en 2024 después de que la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria les interviniera más de 100 cajas de un complemento alimenticio nocivo para la salud de nombre Juliette Capsule L-Carnitine Lepidum, según fuentes judiciales cercanas al caso consultadas por este diario.

El hombre ha comparecido de manera presencial en la mañana de este 18 de mayo, mientras que la mujer ha hecho lo propio por medio de una videoconferencia. Ambos se han reconocido culpables de los cargos que les imputaba la Fiscalía, lo que ha permitido una rebaja considerable de la solicitud penal inicial y ha conllevado a la postre que no ingresen en prisión por estos hechos, ya que la condena de cárcel ha sido suspendida durante los próximos dos años con la condición de que no vuelvan a delinquir en el citado periodo y de que abonen una multa durante los próximos seis meses a razón de cinco euros diarios; un total de 900 euros que comenzarán a pagar el próximo mes de junio.

A mediados de 2024 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) tuvo conocimiento, a través de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta y del Servicio de Vigilancia Aduanera de de la ciudad autónoma, de la comercialización del citado producto a raíz de este caso, y finalmente este complemento alimenticio fue retirado del mercado a principios del mes de octubre de ese año, según la información de la que se hizo eco entonces este diario.

Durante la investigación, que comenzó en febrero de 2024, las autoridades descubrieron que los acusados importaban fármacos desde Turquía, en unas ocasiones sin declarar y otras veces en falso al hacerlos pasar como complementos alimentarios para sortear los controles aduaneros.

Los productos eran comercializados posteriormente a través de redes sociales por parte de esta pareja, que también ha sido condenada con una inhabilitación especial a ejercer oficios relacionados con el ámbito sanitario durante el plazo de un año. Ambos acusados han sido defendidos por la letrada Inmaculada Pilar Gracia.

La sibutramina produce un aumento de la frecuencia cardíaca que puede derivar en cardiopatías graves

La sibutramina es un anorexígeno o un supresor del apetito que proporciona una sensación de saciedad y produce un aumento del gasto calórico al atenuar la disminución adaptativa del metabolismo basal durante la pérdida de peso.

También produce un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión sanguínea, que puede ser clínicamente significativa en algunos pacientes, lo que ha propiciado casos documentados de arritmias, cardiopatías isquémicas y accidentes vasculares graves por su consumo.

El artículo 361 del Código Penal que castiga el tráfico de medicamentos ilegales o caducados

Tanto el hombre como la mujer han sido finalmente condenados como autores del delito 361 del Código Penal español, que castiga con penas de seis a 12 meses de prisión a “quien fabrique, importe, exporte, suministre, intermedie, comercialice, ofrezca, ponga en el mercado o almacene” medicamentos —ya sea de de uso humano o bien veterinario— en investigación o que carezcan de la necesaria autorización exigida por la ley; así como productos sanitarios que no dispongan de los documentos de conformidad exigidos por las disposiciones de carácter general “o que estuvieran deteriorados, caducados o incumplieran las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia”, y con ello se genere un riesgo para la vida o la salud de las personas.

Además de la pena privativa de libertad, esta conducta lleva aparejada una multa de seis a 12 meses y la inhabilitación especial para ejercer profesiones u oficios relacionados con el ámbito sanitario que va desde los seis meses a los tres años.