El Consejo Andaluz de Graduados Sociales reclama a Moreno Bonilla reforzar los juzgados

Ceuta/ El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales se ha reunido este viernes con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el Palacio de San Telmo, en un encuentro de carácter institucional en el que estos profesionales han podido analizar la situación del Orden Social en Andalucía y plantear medidas para mejorar el funcionamiento de la administración laboral, la justicia y los servicios vinculados a empresas, trabajadores y ciudadanía.

Durante la audiencia, los representantes del consejo expusieron un diagnóstico completo de la situación actual, recogido en un documento de trabajo elaborado para esta reunión, que resume los principales desafíos y propuestas del colectivo profesional en el contexto del Centenario de la profesión. El presidente del consejo, José Blas Fernández Sánchez, hizo entrega de este memorando a Juan Manuel Moreno, que estuvo acompañado por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.

El consejo trasladó al presidente su “profunda preocupación” por la saturación estructural de los Juzgados de lo Social, con incrementos significativos de asuntos y tiempos de resolución que en algunos casos superan el año. Entre las medidas planteadas destacan la creación de nuevos juzgados, la cobertura inmediata de plazas vacantes, el refuerzo de equipos y la aceleración de los proyectos de Ciudades de la Justicia, especialmente en provincias con sedes dispersas como Cádiz.

El colectivo defendió ante el presidente el impulso definitivo de la mediación laboral y social, una herramienta que consideran esencial para aliviar la carga judicial y promover soluciones extrajudiciales más rápidas y eficaces. El Consejo puso en valor el convenio suscrito con la Consejería de Justicia y pidió consolidarlo y ampliarlo territorialmente. En el ámbito socioeconómico, los graduados sociales alertan en el memorando del crecimiento del absentismo laboral, especialmente por enfermedad común y trastornos de salud mental, y defienden medidas como reforzar la inspección médica, agilizar diagnósticos y permitir a las mutuas emitir altas en determinados casos para aliviar al sistema sanitario y reducir costes a las empresas.

El Consejo informó al presidente del proyecto acordado con los decanos de las Facultades de Ciencias del Trabajo para la creación de un Máster de Especialización en Graduado Social, destinado a reforzar la cualificación, profesionalizar el acceso y garantizar el relevo generacional. Asimismo, insistió en la necesidad de impulsar la formación continua en materias como inteligencia artificial, digitalización, conciliación, igualdad y sostenibilidad.

Entre sus propuestas, el pleno de estos profesionales reclamó que la Junta de Andalucía avance en la incorporación de graduados sociales en equipos técnicos de la administración autonómica y local, especialmente en áreas de recursos humanos, relaciones laborales, inspección y mediación. También planteó la creación de un canal de comunicación profesional directo con la Administración.

El presidente del Consejo Andaluz, José Blas Fernández Sánchez, explicó tras el encuentro que han podido "trasladar al presidente la realidad de un sistema que necesita reforzarse". "La Justicia Social soporta una presión que ya no puede asumir sin nuevos juzgados, mejores medios y una digitalización ordenada. La modernización del sistema es imprescindible para garantizar los derechos de empresas y trabajadores”. Añadió que han encontrado "un clima de escucha y coincidencia en la importancia de avanzar en mediación, modernización administrativa y formación especializada. Estamos en un momento decisivo para reforzar nuestro papel como operadores jurídicos del Orden Social”, conluyó

A la reunión asistió el pleno del Consejo Andaluz, integrado por los presidentes y representantes de los ocho Colegios oficiales de Graduados Sociales de Andalucía —Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla—, junto con los miembros de la Comisión Permanente y responsables de áreas jurídicas, académicas y corporativas. El consejo representa a más de 9 mil profesionales andaluces que actúan como operadores jurídicos del Orden Social y como interlocutores entre la Administración, las empresas y los trabajadores.