El Consejo General de la Abogacía Española traslada su reconocimiento a los letrados ceutíes

ABOGADOS

La Abogacía reclama más medios para el Turno de Oficio y una asistencia jurídica independiente y de calidad desde el inicio de los procedimientos de frontera, asilo y retorno

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, en su visita a Ceuta
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, en su visita a Ceuta | Miguel Ángel Lavado
Redacción
18 oct 2026 - 11:51

El Consejo General de la Abogacía Española ha trasladado su reconocimiento al Colegio de la Abogacía de Ceuta y a sus profesionales por la labor desarrollada durante los últimos meses, marcados por la presión sobre el sistema de asistencia jurídica gratuita tras la llegada extraordinaria de personas a la ciudad. El respaldo, publicado en una nota de prensa esta semana, se suma al pronunciamiento del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), que ha puesto el foco en la necesidad de garantizar el acceso efectivo a una defensa jurídica independiente y de calidad en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

La declaración europea toma la experiencia de Ceuta como referencia para reclamar que las personas afectadas por procedimientos de frontera, asilo o retorno puedan contar con asistencia letrada desde las primeras fases, durante la tramitación administrativa y, cuando sea necesario, en la revisión judicial de las decisiones. El CCBE defiende que esa asistencia debe permitir el examen individual de cada caso, el acceso efectivo a los recursos y la identificación de posibles situaciones de vulnerabilidad.

El pronunciamiento llega después de un periodo en el que el servicio de Extranjería del Colegio de la Abogacía de Ceuta, que contaba inicialmente con tres letrados, tuvo que reforzarse en pocas semanas para atender la apertura simultánea de miles de procedimientos de identificación, asilo y retorno. La situación obligó a adaptar la organización del servicio a una demanda extraordinaria, mientras el Colegio recibía el apoyo de decanos, colegios y profesionales de distintos puntos de España.

El respaldo de la Abogacía Española quedó recogido también en la declaración “En defensa de la Abogacía de Ceuta”, aprobada por el Pleno del Consejo General el pasado 18 de septiembre. En ella, la institución reconoció expresamente la labor de la decana, Isabel Valriberas, de su Junta de Gobierno y de los profesionales del Turno de Oficio, así como la solidaridad mostrada por el conjunto de la profesión.

Tanto la Abogacía Española como el CCBE sostienen que el reconocimiento a los letrados debe acompañarse de medios y condiciones adecuados para desarrollar su trabajo. La reivindicación pasa por garantizar que quienes prestan asistencia jurídica gratuita puedan ejercer con independencia, eficacia y dignidad, especialmente en contextos de presión extraordinaria sobre los servicios públicos.

El CCBE, que representa a los colegios de abogados de 46 países y a más de un millón de profesionales, advierte de que las circunstancias excepcionales en las fronteras no deben debilitar las garantías jurídicas. Entre ellas, sitúa el derecho a recurrir las decisiones y la protección internacional, así como el principio de no devolución, que debe preservarse también cuando los Estados afrontan una presión migratoria elevada.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha destacado el trabajo de los responsables del Colegio ceutí y de los profesionales implicados en la asistencia jurídica gratuita. “El trabajo que están realizando Isabel Valriberas, su Junta de Gobierno y los compañeros y compañeras de Ceuta, con el apoyo y la implicación de Ángel Méndez desde la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social, demuestra la capacidad de la abogacía para responder cuando más se necesita”, ha señalado.

González ha añadido que el reconocimiento europeo refuerza la posición que mantiene la Abogacía Española sobre la necesidad de contar con letrados independientes desde el inicio de los procedimientos y con recursos suficientes para desempeñar su función. La declaración sitúa así la experiencia de Ceuta en el debate europeo sobre las garantías del Estado de derecho en las fronteras exteriores de la Unión.

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