Casi cuatro años de prisión para un detenido en el embarque de Algeciras con 55 kilos de hachís

Un hombre que responde a las iniciales I.A.R. ha sido condenado a tres años y ocho meses de prisión tras reconocer este lunes ante el tribunal de la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta que transportaba 55,5 kilogramos de resina de cannabis ocultos en el vehículo con el que pretendía embarcar rumbo a Algeciras (Cádiz) cuando fue detenido por la Guardia Civil.

La sentencia se ha dictado después de que la Fiscalía y la defensa alcanzaran un acuerdo de conformidad que rebajó la petición inicial del Ministerio Público, que solicitaba inicialmente un total de cuatro años de cárcel al considerarlo autor de un delito contra la salud pública.

A pesar de que el reconocimiento de los cargos ha supuesto una rebaja de varios meses en la pena de cárcel, también deberá pagar una multa de más de 377.309,97, equivalente al valor de la droga en el mercado ilícito tal y como la Fiscalía solicitó en un inicio.

Los hechos se remontan al viernes 21 de febrero de 2025, cuando el acusado, de nacionalidad española y sin antecedentes penales, se presentó sobre las 13.00 horas en el control de preembarque de la estación marítima de Ceuta a bordo de un Dacia Logan de su propiedad con destino a Algeciras.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este diario, el comportamiento del conductor “infundió sospechas” en los agentes que prestaban servicio en el puerto. Por este motivo procedieron a identificarlo y solicitaron autorización para inspeccionar el vehículo; un consentimiento que el procesado les otorgó siempre según el mismo documento.

Durante el registro los agentes localizaron un compartimento oculto en la zona de los asientos traseros en el que se escondían 39 pastillas rectangulares de sustancia marrón, que posteriormente fueron identificadas como resina de cannabis.

El estupefaciente arrojó un peso neto de 55.568,48 gramos, con un índice de THC del 48,8 % y un valor de mercado de 377.309,97 euros, según el informe incorporado a la causa. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía y con los mismos cargos que el varón ha reconocido, la droga estaba destinada a su distribución entre terceras personas.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, previsto en el artículo 368 del Código Penal en relación con el artículo 369.5 del mismo texto legal. En esta misma línea, consideró al procesado autor directo de los hechos sin circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal en los hechos.

Inicialmente, la Fiscalía interesó la imposición de cuatro años de prisión, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 377.309,97 euros, equivalente al valor atribuido a la sustancia intervenida. El escrito también contemplaba una responsabilidad personal subsidiaria de 180 días de privación de libertad en caso de impago de la multa.

El Ministerio Público solicitó igualmente la destrucción de la droga intervenida, una vez conservadas las muestras necesarias para un eventual contraanálisis, así como el decomiso del vehículo utilizado para el transporte de la sustancia, de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.

Como consecuencia de ese pacto, la pena quedó fijada en tres años y ocho meses de prisión, por debajo de la solicitud inicial formulada por el Ministerio Público.

El reconocimiento de los hechos evitó una pena mayor y que declararan ocho agentes de la Guardia Civil

Para la apertura del juicio oral, la Fiscalía había propuesto como prueba el interrogatorio del acusado, la declaración de hasta ocho agentes de la Guardia Civil que participaron en la intervención, la comparecencia de peritos farmacéuticos del Área Funcional de Sanidad de Ceuta en caso de impugnación del análisis de la droga y la incorporación de la documentación obrante en las diligencias.

No obstante, la vista oral no llegó a desarrollarse con la práctica de esas pruebas. Según ha podido presenciar este periódico, el acusado reconoció los hechos en la sesión celebrada este lunes ante el Juzgado de lo Penal, lo que permitió alcanzar un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa.

El abogado que ha alcanzado la conformidad con la Fiscalía y la sentencia firme para su cliente ha sido el letrado Javier Cabillas.