Dudas sobre si la Audiencia Nacional podrá investigar la crisis migratoria de Ceuta

La Audiencia Nacional apenas ha iniciado las actuaciones tras las denuncias presentadas por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio, pero el procedimiento ya se enfrenta a una cuestión previa: determinar si este órgano judicial tiene competencia para investigar lo ocurrido. El tribunal especial solo puede intervenir si los hechos pueden encajar en alguno de los delitos que la ley atribuye a su jurisdicción, una circunstancia que, por ahora, no está clara. La información ha sido publicada por El Confidencial este lunes.

La magnitud del episodio, con más de 70.000 personas llegadas a la ciudad autónoma según las cifras oficiales citadas en las denuncias, ha llevado a distintas partes a solicitar una investigación judicial. Sin embargo, la Audiencia Nacional no ha asumido automáticamente el caso. La magistrada María Tardón, que se encontraba de guardia cuando recibió la primera denuncia, presentada por Iustitia Europa, ha solicitado un informe policial antes de decidir si existen elementos que justifiquen la apertura de diligencias.

La petición pretende determinar si la entrada masiva respondió a una acción organizada y coordinada desde Marruecos. Una de las hipótesis planteadas por los denunciantes es que los hechos pudieran haber sido planificados y promovidos desde el país vecino y que, por sus características, pudieran ser considerados como un intento de invasión. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras deberá informar sobre la existencia de indicios de una actuación concertada y, en su caso, sobre la posible participación de una organización o grupo criminal.

La respuesta policial será determinante para establecer si existe una vía que permita a la Audiencia Nacional asumir la investigación. Sin datos que apunten a una organización previa, a responsables concretos o a una actuación coordinada, la competencia del tribunal especial quedaría cuestionada.

Una de las posibilidades analizadas se encuentra en los delitos de traición y contra la paz, la independencia del Estado y la defensa nacional. El Código Penal contempla en sus artículos 587 a 589 diferentes conductas relacionadas con actuaciones que puedan poner en peligro la soberanía exterior o la paz del Estado. Para que esta vía permitiera intervenir a la Audiencia Nacional tendrían que aparecer indicios de una actuación dirigida a debilitar o dejar desprotegido al Estado.

La dificultad aumenta al tratar de determinar cómo se produjo la movilización. Según los testimonios recogidos tras la llegada masiva, la convocatoria se habría extendido a través de redes sociales y mensajes que animaban a cruzar hacia Ceuta. Para que esa circunstancia adquiriera relevancia penal en el ámbito de competencia de la Audiencia Nacional sería necesario acreditar algo más que una movilización espontánea o un efecto llamada: tendría que existir una actuación organizada susceptible de encajar en alguno de los delitos atribuidos a este tribunal.

También tendría que determinarse quién organizó o promovió la operación, cuál era su nacionalidad y dónde se desarrolló la conducta que pudiera ser considerada delictiva. Si los indicios condujeran a personas residentes o nacionales de Marruecos y a actuaciones desarrolladas en ese país, la investigación podría encontrarse con nuevas dificultades relacionadas con la jurisdicción y la cooperación judicial internacional.

Otra de las posibles vías sería el delito de trata de seres humanos, vinculado a la actuación de organizaciones criminales. Esta hipótesis también presenta obstáculos. Para que pudiera intervenir la Audiencia Nacional habría que acreditar la existencia de una organización dedicada a la trata y determinar la identidad y nacionalidad de sus integrantes, además de concretar dónde se produjeron las conductas investigadas.

La competencia tampoco tendría por qué corresponder necesariamente a la Audiencia Nacional en ese supuesto. Los tribunales de Ceuta podrían asumir la investigación de hechos cometidos dentro de su territorio, especialmente en relación con las muertes registradas durante el episodio. La delimitación de las responsabilidades y del lugar en el que se cometieron los posibles delitos será, por tanto, uno de los elementos que deberán determinarse antes de establecer qué órgano judicial debe intervenir.

Las denuncias también apuntan a una posible responsabilidad de autoridades españolas por una eventual dejación de funciones en la gestión de la frontera y por la respuesta institucional ante la llegada masiva. En este terreno, distintos juristas consultados por El Confidencial distinguen entre las posibles responsabilidades políticas y las penales. La valoración de la actuación de las autoridades y de su adecuación a sus obligaciones legales no implica necesariamente la existencia de un delito.

Por el momento, la investigación permanece a la espera del informe solicitado por la magistrada Tardón a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Una vez recibido, la jueza dará traslado a las partes y la Fiscalía tendrá que fijar su posición. De ese informe y de la valoración posterior de los indicios dependerá que la Audiencia Nacional abra diligencias o que el procedimiento quede fuera de su ámbito de competencia.