Fiscalía pide que las denuncias contra el delegado se remitan a la Audiencia Nacional

La Fiscalía de Ceuta ha solicitado que las diligencias abiertas a raíz de las denuncias presentadas por Manos Limpias y Vox contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, sean remitidas a la Audiencia Nacional.

El Ministerio Público plantea así la inhibición de los juzgados de Ceuta que están conociendo de las denuncias, al considerar que los hechos investigados guardan relación con la causa que ya se tramita en la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma y las circunstancias que rodearon aquellos acontecimientos.

Una de las denuncias, presentada por Manos Limpias, provocó la apertura de diligencias judiciales contra Pérez Triano por su presunta actuación ante las informaciones y avisos recibidos antes de la llegada masiva de migrantes. El sindicato sostiene que el delegado pudo incurrir en responsabilidades penales por no haber adoptado, a su juicio, las medidas necesarias ante las advertencias existentes.

La petición de la Fiscalía no supone que los hechos denunciados hayan sido considerados probados ni implica por sí misma una imputación o condena contra el delegado del Gobierno. Se trata de una cuestión de competencia: el Ministerio Público considera que debe ser la Audiencia Nacional la que determine si los hechos deben investigarse dentro de la causa que ya está abierta sobre la crisis de Ceuta.

La Audiencia Nacional asumió recientemente la investigación sobre la entrada masiva registrada en Ceuta, al apreciar posibles delitos cuya investigación podría corresponder a este órgano y por la dimensión y las circunstancias de los hechos. La causa analiza, entre otras cuestiones, si aquella entrada fue organizada y si existió participación o colaboración desde territorio marroquí.

La decisión sobre la inhibición corresponderá ahora a los órganos judiciales competentes. En caso de aceptarse, las actuaciones de los juzgados de Ceuta serían remitidas a la Audiencia Nacional, que tendría que determinar el alcance de la investigación respecto de las denuncias contra Pérez Triano.

El movimiento de la Fiscalía se produce además en un momento de especial presión sobre la gestión de la crisis. La reciente desclasificación de documentación ha puesto el foco en los avisos recibidos por miembros de la Delegación del Gobierno antes de la entrada masiva, incluido un mensaje enviado por un agente del CNI al jefe de gabinete del delegado. El Gobierno sostiene que aquel mensaje no constituía una alerta formal y que no fue elevado a los superiores del CNI.

La investigación judicial deberá determinar, en su caso, qué información llegó a los responsables de la Delegación del Gobierno, cuándo lo hizo y qué decisiones se adoptaron a partir de ella.