La francesa detenida con su bebé en la frontera fue inseminada en Barcelona

La mujer de 55 años de nacionalidad francesa que fue detenida y luego puesta en libertad la semana pasada fue inseminada en una clínica de Barcelona especializada en la reproducción asistida, pero dio a luz meses después en su país de origen, Túnez; según fuentes judiciales cercanas al caso. Junto a su marido de 65 años reside habitualmente en Francia, por lo que ambos tuvieron que cruzar la frontera que separa ambos países africanos hasta llegar a Castillejos.

El jueves 30 de julio, con el grueso de personas llegadas desde Marruecos, accedieron a Ceuta por el espigón del Tarajal; y ahora permanecen en la ciudad autónoma a la espera de que se resuelva el caso. El recién nacido, de siete meses de edad, quedó bajo tutela del área de menores a pesar de que los padres quedaron libres en calidad de investigados tras su arresto. A través de su representación letrada, presentaron un recurso para establecer un régimen de visitas para ver a su niño, ya que no se irán de la ciudad sin él y no se espera que el juicio se celebre pronto.

Se les acusa, al menos, de traficar con el menor —ya que las autoridades los detuvieron por sospechar que habían “comprado al bebé”—, de suposición de parto, de falsedad documental y de la imprudencia de haber puesto en riesgo la vida del recién nacido durante la entrada masiva en Ceuta desde Marruecos; siempre según las mismas fuentes. Si consiguen aportar la suficiente información que acredite esta historia —la inseminación en España, el nacimiento del niño en Túnez y el periodo de embarazo que vivió la mujer tanto en este país como en Francia— se espera que se archiven los cargos respecto al menos a los dos o tres primeros ilícitos mencionados, los más penados por las leyes españolas.

En este sentido, la acusación de la Fiscalía se sustenta en el supuesto de que podrían haber “comprado el bebé” en Marruecos, lo que implicaría un presunto delito principal de tráfico ilegal o de compraventa de menores que puede hacer que la pena solicitada por el Ministerio Público alcance los cinco años de prisión.

El Ministerio Público ordenó suspender el régimen de visitas, pero la defensa de los acusados alega mediante jurisprudencia que la suspensión absoluta de las relaciones familiares es una medida muy excepcional y restrictiva, toda vez que no existe un riesgo en el hecho de que el menor sea visitado por sus padres bajo la supervisión de un equipo técnico.

Las visitas podrían realizarse en el centro donde está acogido, bajo supervisión de psicólogos y personal especializado que registre las conversaciones y observe las reacciones del niño y de sus progenitores. Sus informes permitirían al juez valorar si el contacto beneficia o perjudica al bebé y hacer que prevalezca el interés superior del menor sin sacarlo del entorno protegido ni exponerlo a ningún peligro.

Presunción de inocencia y la posibilidad de perder a su bebé

Ambos franceses están asumiendo desde su puesta en libertad el sábado 1 de agosto el coste que conlleva permanecer en Ceuta, una situación que se prolongará como mínimo cuatro semanas más, toda vez que este mes es inhábil en los juzgados españoles a excepción de las causas con preso y que este procedimiento ya no se ajusta a dicha realidad.

En aras de garantizar su ejercicio a la defensa y de ser absueltos de esta imputación ambos investigados se han comprometido a aportar toda la documentación con la que cuenten sobre el bebé. Por el mismo motivo de ser agosto un mes de poca labor administrativa puede que pasen varias semanas a la espera de recibir alguno de los documentos más relevantes, una circunstancia que presumiblemente agravará su estado anímico y mental.

En el marco de los derechos fundamentales del sistema jurídico español y como a cualquier acusado, se les presupone inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero además El Pueblo de Ceuta se ofrece desde esta publicación a darles voz dada la gravedad de los hechos y la posibilidad de que no recuperen a su niño, por el que fuentes aseguran que están efectivamente “muy preocupados”. Su declaración pública, así como la difusión de imágenes que respalden su historia de convivencia en familia y con el niño, puede ayudarlos en el caso.

El matrimonio fue detenido tras despertar las sospechas de las autoridades españolas al haber “eludido los controles policiales” en su entrada desde Túnez a Marruecos, ya que no hubo registros de este cruce fronterizo; así como por el cruce irregular por el espigón del Tarajal. La investigación ha estado a cargo del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil y de la Policía Judicial.