Funcionarios de la Administración de Justicia ceutí piden la dimisión del secretario de Gobierno
JUSTICIA
Advierten que la falta de recursos y la improvisación colapsarán el servicio público en la ciudad autónoma y critican la opacidad del Ministerio en el proceso de acoplamiento del personal
Funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia de Ceuta, junto con letrados de la Administración de Justicia (LAJS) se han concentrado este martes a las 12.00 en los Juzgados de Serrano Orive para exigir la dimisión del secretario de Gobierno del área en la ciudad. En la asamblea que celebraron este lunes 15 de diciembre, rechazaron por unanimidad la imposición de Protocolos, Instrucciones y Cuadrantes de Guardia de la Justicia de Ceuta. El personal ha criticado así la opacidad del Ministerio de Justicia y sus representantes en Ceuta en el proceso de acoplamiento del personal y la imposición de unas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) consideradas “ilegales”; así como han advertido que la falta de recursos y la improvisación colapsarán el servicio público en la ciudad autónoma.
Los funcionarios han facilitado, por este motivo, una nota de prensa a los medios de comunicación presentes que El Pueblo de Ceuta recoge a continuación en su integridad:
Los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia en Ceuta denuncian públicamente la situación de caos e incertidumbre que rodea la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia, prevista en el marco de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
A pesar de que el proceso ya se encuentra en fases avanzadas de ejecución, el personal de los juzgados ceutíes se enfrenta a una preocupante falta de transparencia por parte del secretario de Gobierno y el director del Servicio Común del Tribunal de Instancia. Los trabajadores señalan que las solicitudes de información sobre cómo se realizará el acoplamiento de los trabajadores a las nuevas oficinas judiciales han sido sistemáticamente ignoradas.
Puntos críticos de la denuncia
- Imposición de RPT sin consenso: Se denuncia la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la Oficina Judicial de Ceuta sin haber cerrado una negociación real con los representantes de los trabajadores, incumpliendo los compromisos previos del Ministerio.
- Inseguridad laboral: El nuevo modelo organizativo amenaza derechos consolidados y genera incertidumbre sobre las funciones y destinos definitivos de la plantilla, en un escenario donde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha advertido que la reforma no cuenta con plazas suficientes para ser asumible.
- Colapso del Servicio Público: La falta de una dotación presupuestaria y de personal adecuada para esta transición técnica y administrativa augura un bloqueo en la tramitación de expedientes, perjudicando directamente a la ciudadanía de Ceuta.
Estamos ante una imposición que ignora las particularidades de Ceuta y atropella los derechos de quienes hacen funcionar la Justicia cada día, quienes no descartan movilizaciones inmediatas si no se paraliza esta “implantación a ciegas” para abrir una mesa de negociación efectiva.
El conflicto en la Justicia se agrava en este final de 2025, sumándose a las reclamaciones por la pérdida de categoría de ciertos puestos y la falta de soluciones definitivas a problemas estructurales de la planta judicial en la ciudad.
Exigencia inmediata de dimisión o cese: Se exige la dimisión o el cese inmediato del secretario de Gobierno de Ceuta por su gestión irresponsable y la imposición de condiciones inaceptables para la entrada del Tribunal de Instancia (TI) en la ciudad.
Rechazo rotundo a los protocolos y instrucciones impuestos: Expresamos nuestro más firme y absoluto rechazo a todas las instrucciones y protocolos dictados por el director general del Servicio Común de Tramitación, que pretenden aplicarse sin contar con la opinión ni el consenso de los profesionales.
No a la Tramitación Integrada (TI) impuesta: La comunidad jurídica se opone a la entrada del sistema de TI en Ceuta en las condiciones inasumibles y arbitrarias dictadas por el Secretario de Gobierno.