Gaitán, Ramírez y Benzina denuncian ante la Audiencia la pasividad de Marruecos durante la invasión a Ceuta

Ceuta/ Los consejeros del Gobierno de Ceuta Alberto Gaitán, Alejandro Ramírez y Nabila Benzina han declarado ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que las fuerzas de seguridad marroquíes no actuaron para impedir la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. Los tres responsables autonómicos han descrito escenas que, a su juicio, reflejan la permisividad de los agentes del país vecino mientras miles de personas atravesaban la frontera por tierra y por mar.

Las comparecencias, celebradas en el marco de la investigación judicial abierta por aquellos acontecimientos, se producen casi un mes después de la declaración del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y aportan nuevos testimonios sobre lo sucedido en el lado marroquí, así como sobre la respuesta de las autoridades españolas durante las primeras horas de la crisis.

Uno de los relatos más significativos ha sido el del consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, quien ha asegurado que pudo observar a cinco o seis gendarmes marroquíes sin que ninguno de ellos tratara de contener la llegada de migrantes. Según su testimonio, uno permanecía tumbado sobre una toalla mientras utilizaba su teléfono móvil, otro estaba rezando y un tercero ayudaba a quienes intentaban alcanzar Ceuta a nado.

Ramírez también ha relatado que observó un sistema de recogida y reutilización de flotadores. Según ha explicado, varias personas recuperaban estos elementos en el lado español y los trasladaban nuevamente a Marruecos para que fueran utilizados por otros migrantes, una circunstancia que, a su entender, evidenciaba cierta coordinación en los cruces.

La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, ha corroborado la ausencia de una actuación efectiva por parte de las fuerzas marroquíes. Durante su visita a la frontera contó únicamente cinco uniformados, entre ellos uno que, según ha declarado, permitía el avance de los migrantes desde el agua y otro que permanecía rezando en las inmediaciones del espigón.

Los tres consejeros han coincidido en que la situación observada al otro lado de la frontera no respondía a una estampida descontrolada. Por el contrario, han descrito desplazamientos aparentemente organizados, con familias completas, mujeres y niños pequeños que caminaban tranquilamente hacia Ceuta sin encontrar obstáculos por parte de los efectivos marroquíes.

La colaboración de Marruecos, puesta en duda

Benzina también ha hecho referencia a una conversación mantenida con el entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, quien, según su declaración, le trasladó que Marruecos estaba colaborando para gestionar la situación.

La consejera ha explicado que aquella afirmación le resultó ofensiva por lo que había presenciado personalmente en la frontera. Aunque ha admitido que desconoce si el comentario se realizó con ironía, ha dejado claro que la actuación de los agentes marroquíes que ella observó distaba mucho de representar una colaboración efectiva.

Otro de los asuntos abordados ha sido la gestión de los fallecidos durante la crisis. Los representantes autonómicos han expuesto las dificultades encontradas para repatriar los 91 cadáveres recuperados, después de que las autoridades marroquíes se opusieran inicialmente a autorizar los traslados mediante la empresa funeraria encargada de realizarlos.

Según sus declaraciones, Marruecos terminó vinculando posteriormente la repatriación de los cuerpos a la devolución simultánea de los menores marroquíes acogidos en Ceuta, lo que añadió nuevas complicaciones a las gestiones de las administraciones españolas.

Falta de efectivos y de información previa

Las comparecencias también han permitido conocer la percepción de los consejeros sobre el dispositivo español desplegado durante las primeras horas de la entrada masiva. Benzina ha señalado que, en la mañana del 30 de julio, únicamente pudo observar a seis guardias civiles en la zona fronteriza en la que se encontraba.

La responsable de Sanidad ha añadido que, cuando regresó a medianoche acompañada de Ramírez, los agentes españoles estaban conduciendo a las personas que llegaban hacia la playa del Tarajal, sin que ambos apreciaran actuaciones de contención o devoluciones inmediatas.

Los tres integrantes del Ejecutivo ceutí han asegurado igualmente que no recibieron advertencias de la Delegación del Gobierno ni de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la posible existencia de mafias o grupos organizados que estuvieran preparando una entrada masiva. Según han explicado, en los contactos mantenidos antes de la crisis tampoco se les trasladó información de inteligencia que apuntara a un episodio de semejante magnitud.

En este sentido, han indicado que el incremento de las entradas irregulares registrado durante los días anteriores fue considerado por la Secretaría de Estado de Seguridad como una situación que entraba dentro de la normalidad.

Las boyas que Interior rechazó antes de la entrada masiva

El consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, ha recordado que la Ciudad había solicitado al Ministerio del Interior, aproximadamente dos semanas antes del 30 de julio, la instalación de una barrera de boyas para reforzar la seguridad del perímetro marítimo fronterizo.

Sin embargo, según su declaración, la Secretaría de Estado de Seguridad descartó inicialmente la propuesta por el riesgo de que las mallas situadas bajo las boyas pudieran atrapar a las personas que intentaran cruzarlas. La instalación acabaría realizándose en agosto, una vez desencadenada la crisis.

Los consejeros también han señalado que, aunque las conversaciones mantenidas con representantes del Ejecutivo central se desarrollaron en un clima de cordialidad, las peticiones formuladas por la Ciudad no se materializaron en ayudas concretas durante aquellos momentos.

Con estas nuevas declaraciones, la Audiencia Nacional continúa reuniendo testimonios para determinar las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva, esclarecer la actuación de las autoridades marroquíes y examinar la respuesta de las administraciones españolas ante una crisis que ha tenido profundas consecuencias para Ceuta.