Los graduados sociales, preocupados por la situación en Cádiz y Ceuta

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha expresado su preocupación ante los datos recogidos en la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla correspondiente al año 2025, hecha pública en 2026, que vuelve a reflejar una elevada litigiosidad, importantes niveles de pendencia y una situación especialmente delicada en la jurisdicción social.

El presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, ha advertido de que estos datos “no pueden ser interpretados como una simple estadística judicial”, sino como “la expresión de un problema público de primer orden que afecta directamente a la vida de las personas, a la estabilidad de las empresas y al normal funcionamiento de las relaciones laborales”.

La situación adquiere una especial gravedad en el orden social, donde se tramitan procedimientos directamente vinculados a despidos, reclamaciones de cantidad, prestaciones de Seguridad Social, accidentes de trabajo, incapacidades, modificaciones sustanciales de condiciones laborales, conflictos colectivos o vulneraciones de derechos fundamentales.

La Memoria refleja que los juzgados de lo social del ámbito del TSJA registraron 80.079 asuntos en 2025, resolvieron 72.825 y dejaron 116.290 pendientes al final del año, lo que supone un incremento de la pendencia del 6%. Además, los despidos alcanzaron los 26.723 procedimientos, con una pendencia de 25.533 asuntos, un 11% más que el año anterior. A juicio del Colegio, estos datos “confirman una situación estructural que no puede abordarse sólo con soluciones puntuales o coyunturales”.

En el ámbito territorial del Colegio, los datos permiten observar con claridad la presión existente sobre los órganos judiciales. En los juzgados de lo social de Cádiz se registraron 3.635 ingresos, con 725 ejecuciones y una media de 909 asuntos por órgano; en Algeciras, 1.795 ingresos, 403 ejecuciones y una media de 897 asuntos por órgano; en Jerez de la Frontera, 3.750 ingresos, 756 ejecuciones y una media de 1.250 asuntos por órgano; y en Ceuta, 656 ingresos, 192 ejecuciones y una media de 656 asuntos por órgano.

Estos datos resultan especialmente significativos porque la propia Memoria toma como referencia orientativa una carga de 800 asuntos por órgano y año en los juzgados de lo social. Por tanto, Cádiz, Algeciras y, de manera muy acusada, Jerez de la Frontera, superan ese umbral, lo que pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas de

José Blas Fernández ha incidido también en el alto porcentaje de suspensiones de juicios y vistas, que la propia Memoria identifica como una disfunción relevante para el funcionamiento de la Administración de Justicia. En Cádiz, la jurisdicción social alcanzó en 2025 un 56% de suspensiones, frente al 53% del año anterior. Esto significa que más de la mitad de los juicios sociales señalados no llegaron a celebrarse.

“Un juicio suspendido no es un simple aplazamiento. Supone frustración para las partes, pérdida de tiempo para profesionales y órganos judiciales, incremento de costes y, sobre todo, una nueva demora para quien espera una solución. En materia social, esa espera puede ser especialmente dolorosa”, ha subrayado.

Para el Colegio, estos datos dibujan un escenario que debe abordarse desde una visión global, pero con medidas concretas para cada territorio. “Cádiz, Algeciras, Jerez y Ceuta presentan realidades judiciales distintas, pero comparten un mismo problema: la necesidad de medios suficientes, de refuerzos adecuados y de una organización que permita dar respuesta en plazos razonables”, ha señalado José Blas Fernández.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta considera imprescindible que las administraciones competentes adopten medidas urgentes y coordinadas para reforzar los juzgados, especialmente en el orden social. Entre ellas, el incremento de plazas judiciales, la dotación suficiente de personal funcionario, el mantenimiento y ampliación de refuerzos allí donde sean necesarios, la mejora de los medios tecnológicos, la reducción de disfunciones organizativas y una implantación eficaz de los nuevos Tribunales de Instancia y de la oficina judicial.

Asimismo, la corporación profesional insiste en la necesidad de potenciar la mediación intrajudicial social y otros mecanismos adecuados de solución de controversias, siempre con garantías y sin sustituir el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. “La mediación puede ayudar a aliviar la carga de los juzgados, pero para que funcione necesita voluntad institucional, medios, protocolos claros y la implicación de todos los operadores jurídicos”, ha señalado Fernández.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta reitera así su disposición a colaborar con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, las administraciones competentes y el conjunto de operadores jurídicos para avanzar hacia una justicia social más ágil, eficaz y cercana a la ciudadanía.