Un guardia civil del Puerto se enfrenta a más de seis años por ‘hacer la vista gorda’ en pases de hachís

La Fiscalía solicita penas de prisión superiores a los cuatro años para 27 de los 28 acusados en una macrocausa por tráfico de hachís desde Ceuta hacia la península en la que ocupa un lugar central la presunta colaboración de un guardia civil destinado en el control de embarque de vehículos del puerto. Según el escrito de calificación del Ministerio Público, el agente J. F. R. habría aprovechado su puesto para facilitar el paso de vehículos que transportaban droga oculta, a cambio de compensaciones económicas, y habría coordinado su actuación con diferentes grupos dedicados al narcotráfico. La audiencia preliminar ha concluido en la mañana de este miércoles y en ella ha estado cerca de alcanzarse la conformidad para todos los investigados, si bien la vista pública finalmente se celebrará en los primeros meses de 2027 sin haberse llegado a ese acuerdo.

Para la mayoría de personas en el banquillo se han ofrecido penas de dos años de cárcel a cambio de la conformidad, por lo que saldría de prisión provisional “inmediatamente” tras haber sido privados de libertad desde hace más de dos años. No obstante, la Fiscalía solicita sin el acuerdo penas superiores a los cuatro años para varios de estos acusados de presuntos delitos de narcotráfico y grupo criminal. La operación policial fue bautizada ATAM-Macetero y se remonta a febrero de 2024. Fue ejecutada por la UDYCO y practicó el resto de detenciones a lo largo de todo el año siguiente.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso este diario, atribuye al agente de la Guardia Civil una actividad continuada entre febrero de 2024 y enero de 2025 y calcula que habría permitido el paso de 577.750,04 gramos de hachís —más de 577 kilos—, con un valor estimado en el mercado de 1.080.392,57 euros. La acusación sostiene que el funcionario intervenía en la planificación de los traslados y dejaba pasar los vehículos sin someterlos a controles exhaustivos cuando coincidían con sus turnos de servicio. La Fiscalía pide hasta seis años y medio de prisión para él.

De acuerdo con el Ministerio Público, el guardia civil habría establecido vínculos con varios grupos criminales y con otras personas dedicadas al tráfico de drogas. Su función habría consistido en facilitar el embarque hacia la península de vehículos previamente seleccionados, cuyos ocupantes transportaban hachís escondido en diferentes partes de los automóviles.

El procedimiento se celebrará en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en la ciudad autónoma, pero no antes del fin de año. La presidenta del tribunal, Rosa de Castro, ha aclarado que hay otras causas señaladas antes de esa fecha, por lo que 14 de los 28 acusados deberán continuar en la cárcel provisionalmente y su prisión será prorrogada. Tampoco se han solucionado en la sesión de este miércoles las cuestiones previas planteadas por el abogado que más varones sentados en el banquillo representa, el letrado José Luis Pizarro, y quedan pendientes de un nuevo auto, al igual que la fecha del juicio.

Los indicios de grupo criminal

El escrito describe un sistema en el que los implicados se repartían las tareas: unos conseguían la droga y organizaban los envíos; otros preparaban los coches, ocultaban la sustancia o se encargaban de conducirlos; y determinadas personas realizaban labores de vigilancia para reducir el riesgo de intervención policial. El agente, según la acusación, habría aportado la posibilidad de sortear el control de seguridad del puerto.

La Fiscalía identifica a A. J. P. M. como el principal enlace entre el funcionario y uno de los grupos investigados. Este acusado habría coordinado las operaciones, contactado con el agente y acordado con él los días y las horas de los traslados. En otra de las redes descritas, el papel de enlace se atribuye a N. A. M., mientras que J. A. P. R. habría intervenido en la organización de los cruces y en la comunicación con el guardia civil.

La investigación recoge varias operaciones concretas en las que los vehículos habrían superado el control de embarque de Ceuta y posteriormente fueron interceptados por las fuerzas de seguridad. El escrito sitúa algunas de ellas en febrero, abril y junio de 2024, así como en diciembre de ese año y enero de 2025.

Los pases frustrados

Uno de los episodios descritos se remonta al 1 de febrero de 2024. Según el Ministerio Público, los integrantes de uno de los grupos utilizaron un Seat Cupra Formentor para trasladar hachís desde Ceuta. La sustancia estaba escondida en el vehículo, que habría superado el control de la Guardia Civil antes de ser inspeccionado por agentes de la Policía Nacional. En el registro se encontraron 573 tabletas y 634 cápsulas de hachís, con un peso neto de 54.063,55 gramos y un valor estimado de 91.368 euros.

Otro de los episodios investigados tuvo lugar el 21 de abril de 2024. La acusación sostiene que un grupo vinculado a N. A. M. utilizó un Renault Twingo para transportar la droga y que dos mujeres, identificadas en el escrito mediante las siglas S. C. S. y N. C. B., asumieron el traslado a cambio de una contraprestación económica. J. A. P. R. habría coordinado el operativo y mantenido el contacto con el agente.

La Fiscalía también sitúa el 29 de junio de 2024 otro traslado en un Seat León. El vehículo habría pasado el control portuario y llegado a Algeciras, donde fue interceptado. En el depósito de combustible se encontraron varios paquetes de resina de hachís, con un peso neto total de 76.382,84 gramos y un valor de mercado de 139.781 euros, según el escrito.

En diciembre de 2024, otro de los vehículos investigados, un Mercedes GLA, habría cruzado el control con 43.676,3 gramos de hachís ocultos. La sustancia fue localizada posteriormente en Algeciras, con un valor estimado de 79.927 euros. La acusación incluye asimismo operaciones del 18 de enero de 2025 en las que varios automóviles fueron interceptados en el puerto de Ceuta con droga escondida en las ruedas.

Estos episodios forman parte de un conjunto de operaciones que, según el Ministerio Público, evidencian la colaboración reiterada del agente con distintos grupos. La suma de las cantidades que la Fiscalía le atribuye haber dejado pasar asciende a más de 577 kilos de hachís.

(NOTICIA EN CONSTRUCCIÓN)