La jueza Tardón admite a Ceuta como acusación en la causa sobre la entrada masiva
AUDIENCIA NACIONAL
El Gobierno central se ha personado en la causa del 30J en la Audiencia Nacional como perjudicado
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido a la Ciudad Autónoma de Ceuta como acusación particular en la investigación que ha iniciado sobre la entrada masiva de migrantes a ese territorio los días 30 y 31 de julio.
La jueza, que este martes acordó abrir una causa al considerar que hubo una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país", acepta que Ceuta sea acusación por ser víctima de lo ocurrido.
"En este caso, la condición de perjudicado sin duda concurre, por los graves hechos que han tenido como víctima directa e inmediata a la Ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes", argumenta en un auto.
En la entrada irregular, en la que murieron en torno a 140 personas -83 en aguas españolas-, la magistrada ve indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes y organización criminal.
El Gobierno se persona en la causa de la Audiencia Nacional como perjudicado
El Gobierno se ha personado en la causa abierta por la Audiencia Nacional para investigar la crisis migratoria de Ceuta al considerarse perjudicado por los hechos investigados.
Así lo ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y responsable del mando único para gestionar la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, en la que ha detallado que esta mañana se ha procedido a la firma de la personación por parte de la Administración General del Estado.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto una investigación penal sobre la entrada de decenas de miles de personas migrantes el 30 y 31 de julio al considerar que hubo una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España".
