La Justicia obliga a la Ciudad a abonar con carácter retroactivo el complemento de manejo de terminal

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha dado la razón a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y ha establecido que los atrasos del complemento de manejo de terminal informático deben abonarse desde el momento en que el trabajador comenzó a desempeñar de forma efectiva esa tarea, con independencia de la fecha de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La resolución corrige el criterio mantenido por la Ciudad Autónoma, que limitaba el pago retroactivo a diciembre de 2024.

La sentencia, calificada por el sindicato como pionera, desmonta el argumento de la Administración, que vinculaba el derecho al cobro exclusivamente al reconocimiento formal del complemento en la RPT. El juez considera, por el contrario, que el nacimiento del derecho económico se produce con el desempeño real de las funciones asociadas al uso del terminal informático, y no con la posterior regularización administrativa.

Con este pronunciamiento, la Justicia avala la tesis defendida por los servicios jurídicos de CSIF y abre la puerta a que cientos de empleados públicos puedan percibir los importes adeudados por todo el periodo trabajado con anterioridad a la aprobación del documento organizativo. El sindicato sostiene que la resolución debe aplicarse de oficio a toda la plantilla afectada para evitar nuevos litigios.

Desde CSIF se ha advertido de que, si la Ciudad no extiende voluntariamente los efectos del fallo, se promoverán reclamaciones individuales para exigir el abono íntegro de los atrasos reconocidos judicialmente. El sindicato subraya que esta vía supondría un coste añadido para las arcas públicas en concepto de costas e intereses, un escenario que considera evitable si la Administración cumple con lo establecido por el juzgado.

La organización sindical recuerda que el objetivo de su actuación es garantizar que los empleados públicos cobren “hasta el último euro trabajado” y afirma que mantendrá la vigilancia sobre el cumplimiento efectivo de la sentencia, a la espera de que el Gobierno autonómico materialice el pago de los atrasos conforme al criterio fijado por el juez.