El número de detenidos en Ceuta en agosto se duplica con respecto al del año 2025

Ceuta/ La litigiosidad y la delincuencia en Ceuta se han visto incrementadas exponencialmente en el último mes de agosto y a raíz de la entrada masiva de migrantes a finales de julio. El número de personas detenidas en comparación con el mismo mes de 2025 se ha duplicado, superando los 1.200 arrestos. De entre los apresados, la proporción de extranjeros originarios de países de la Unión Europea (UE) se mantiene en los dos tercios, igual que el año anterior, así como la relación en cuanto a detenciones de menores de edad. No se han efectuado más de 50 expulsiones judiciales a Marruecos y se ha producido un incremento del 1.500% en los ingresos en prisión provisional; según han confirmado a El Pueblo fuentes acreditadas.

La llegada entre el 30 y el 31 de julio de más de 80.000 personas a la ciudad autónoma de manera irregular, a pesar de que al menos 72.000 regresaron horas después, ha puesto a prueba los recursos de los funcionarios públicos ceutíes en términos de sanidad, de seguridad, de justicia, de acogida o de servicios sociales. La delincuencia y los procedimientos administrativos y judiciales derivados de la misma “se han disparado”, siempre según las mismas fuentes, que aclaran que el mes de agosto suele ser “más tranquilo” en comparación con los del resto del año en cuanto a la criminalidad.

El número de detenciones, que ha superado las 1.200, duplica el volumen registrado en agosto de 2025, en el que hubo en torno a 600 arrestos. A partir de estas situaciones se abren varias vías distintas para la gestión.

Si la persona detenida es española o pertenece a un país miembro de la Unión Europea, de los calabozos pasa a disposición judicial y se celebra un juicio rápido en instrucción en el que se le da la oportunidad de reconocer los hechos por los que ha sido arrestado. En el caso de los detenidos de países externos a la UE hay un paso previo a la vista oral en el que intervienen funcionarios de la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno y efectivos del Grupo Operativo de Frontera (GOF) de la Policía Nacional.

En este sentido, pese a haberse duplicado al menos el número total de personas detenidas, la proporción de extranjeros procedentes de países ajenos a la Unión Europea se ha mantenido en torno a los dos tercios del total, una relación similar a la registrada en agosto del año pasado.

En la misma línea, tampoco se ha producido una variación significativa en la proporción correspondiente a las detenciones de menores de edad, que tanto en agosto del 2025 como del 2026 no ha superado el 10% del total de arrestos.

Menos expulsiones que las anunciadas

Según el tipo de delitos que se enjuician, en la vista oral que se celebra la Fiscalía propone una serie de penas; en los casos más graves, privativas de libertad. Si el acusado reconoce los cargos que se le imputan el juez le impone el mismo castigo o uno inferior al solicitado por el Ministerio Público como beneficio a la conformidad entre las partes en liza y por alcanzar una sentencia firme —que no puede recurrirse posteriormente—.

Antes del comienzo de agosto de 2026, si la persona condenada era marroquí, dos tercios de la pena de prisión impuesta en una sentencia firme la cumplía en cárceles españolas, y el tercer tercio se conmutaba con la expulsión al país vecino, en virtud con un tratado bilateral firmado entre España y Marruecos y siempre que la Fiscalía pida esta expulsión y el juez la apruebe. La defensa del acusado podía evitar el retorno si presentaba en un plazo concreto —unos diez días— documentación que acreditara el arraigo de su cliente en territorio nacional, como un contrato de trabajo o una prueba de haber contraído matrimonio con una pareja española.

No obstante, la contingencia migratoria del pasado mes ha hecho que el Ministerio Público endurezca estos criterios y que la solicitud de pena de prisión se conmute en su totalidad con una expulsión inmediata a Marruecos, siempre bajo la resolución judicial mediante.

Según las fuentes consultadas, en agosto de 2025 no se produjo ninguna expulsión a Marruecos derivada de una sentencia firme, especialmente porque es un mes inhábil en los juzgados a excepción de procedimientos graves. De acuerdo a la misma información, no se han producido más de 50 devoluciones a Marruecos durante el mes pasado.

Este dato confronta con el facilitado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y encargado del mando único, Ángel Víctor Torres, que este lunes en Antena 3 afirmó que había habido más de 200 expulsiones al país vecino. También con uno anterior ofrecido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dijo días antes que se habían realizado más de 100 devoluciones.

La diferencia con estos datos podría explicarse con otros tipos de expulsiones a países de la UE a los que los condenados pueden solicitar sus traslados o a otros países extracomunitarios con los que España no comparte acuerdos bilaterales de devolución. No obstante, la información que maneja este diario es que estos casos han sido “insignificantes” en términos cuantitativos, por lo que es improbable que estos números se hayan elevado tanto a no ser que se hayan recurrido más de la mitad de las órdenes de expulsión —lo que paralizaría unos días el proceso— o que se estén produciendo devoluciones en caliente —sin supervisión judicial ni derecho a la defensa letrada—.

15 veces más de ingresos en prisión provisional

El escenario actual contrario a las devoluciones es el ingreso en prisión. Si el acusado no se conforma con los cargos que se le imputan la Fiscalía puede solicitar una serie de medidas cautelares hasta que se celebre el juicio en la siguiente instancia, en los juzgados de lo Penal. Entre estas medidas figura la orden de alejamiento y de incomunicación frente a la víctima hasta la vista oral, si bien la resolución más restrictiva en estos casos es el ingreso en prisión provisional —hasta el juicio o prorrogable según el tipo de delito hasta un máximo de dos años—.

El Ministerio Público también ha endurecido este criterio, por lo que ha optado por solicitar más ingresos en centros penitenciarios que antes que en la entrada masiva, según ha confirmado la fiscal jefe de Ceuta, Silvia Rojas, en varias entrevistas ofrecidas en los últimos días a distintos medios de comunicación.

En el mes de agosto del año pasado no hubo más de cinco casos en Ceuta de detenciones que derivaron en un paso a prisión provisional. De acuerdo con los datos recabados por El Pueblo, este agosto se ha registrado un incremento de en torno al 1.500% respecto al mismo mes de 2025.

El pasado viernes 28 de agosto el Ministerio del Interior ordenó el traslado de 22 presos del Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal de Ceuta, que fueron derivados a la prisión de Botafuegos de Algeciras (Cádiz). La medida obedece a descongestionar las instalaciones de la ciudad autónoma ante el aumento de encarcelamientos.