Once de los doce detenidos por el ataque a militares, expulsados a Marruecos
Justicia
El juez los ha condenado a dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, pero ha conmutado la pena por su expulsión a su país de origen
Once de los doce marroquíes detenidos por su presunta participación en la emboscada contra una patrulla de Regulares en la zona de Benzú, en Ceuta, serán expulsadas a Marruecos durante un periodo de cinco años.
El juzgado ha condenado este viernes a los once acusados a dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad. La pena de cárcel ha sido conmutada por la expulsión del territorio español, cuya ejecución ya ha sido acordada. El duodécimo sigue en prisión provisional a la espera de otro juicio ya que negó su participación en los hechos.
Los once condenados, todos ellos de nacionalidad marroquí, reconocieron su participación en los hechos y aceptaron la pena acordada entre la Fiscalía y sus defensas. Según la resolución, el grupo habría preparado la emboscada y esperaba el paso de algún vehículo para iniciar el ataque. Finalmente, el objetivo fue una patrulla de Regulares que circulaba por la zona.
Los agresores lanzaron piedras contra el vehículo militar, en un incidente en el que resultaron heridos cuatro militares. Tras el ataque, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención de doce personas.
La situación del duodécimo detenido es diferente a la del resto. Este acusado negó haber participado en la agresión y no aceptó ni los hechos que se le atribuyen ni el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas.
Durante su declaración afirmó que estaba durmiendo cuando fue detenido y negó cualquier relación con el ataque a los militares. Al no aceptar la pena pactada, el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional a la espera de que se celebre el correspondiente juicio por la vía penal.
Solicitan investigar la actuación previa al ataque
La resolución judicial se ha conocido también después de que Hazte Oír haya reclamado una investigación sobre las circunstancias en las que se produjo la emboscada y, especialmente, sobre la protección que tenía la patrulla militar.
La asociación ha presentado una denuncia administrativa ante el Ministerio de Defensa para que se analicen aspectos como la organización del dispositivo, la evaluación del riesgo, las instrucciones dadas a los militares y los medios de protección disponibles.
Asimismo, solicita que se revisen las posibles advertencias recibidas antes del incidente y que se conserven las pruebas relacionadas con el caso. También plantea una revisión de los protocolos y de los recursos destinados a las patrullas que desarrollan su labor en zonas consideradas especialmente conflictivas.
